La interpelación que el pasado 13 de agosto se realizó
al ministro Luis Alfredo Fratti lamentablemente finalizó de manera brusca e inesperada. El
martes, nuestro Senado logró saldar esa instancia rechazando los
comportamientos que atenten contra el diálogo, el respeto y la construcción
colectiva, en una declaración firmada por los tres partidos políticos que
componen la cámara. Este triste episodio no puede desviarnos de la discusión de
fondo.
Luego de tres meses de rebatir pronunciamientos
insólitos, porque no se los puede llamar ni siquiera críticas, nos encontramos
una vez más defendiendo al Instituto Nacional de Colonización (INC) porque se
trata de una herramienta imprescindible para el acceso a la tierra y el arraigo
de pequeños y medianos productores en el medio rural. La compra de la estancia
María Dolores ha generado las repercusiones más disparatadas por parte de la
oposición que la realidad ha rebatido. En el fondo, lo que queda, es la
resistencia ideológica a una política social.
Las razones que llevaron al INC a optar por su
legítimo derecho de preferencia ante compraventas de inmuebles rurales de una
extensión superior a 500 hectáreas y de índice Coneat 100 las explicamos en
numerosas instancias, y ya quedaron claras salvo para la oposición. La compra
de la estancia María Dolores se dio en cumplimiento con el programa de nuestro
gobierno, para dar acceso a la tierra a productores que la demandan y para
seguir dinamizando la industria lechera en una zona clave. Pero la búsqueda insidiosa
de aspectos que enchastren la compra continuaron.
Nuestra tranquilidad es meridiana. No hubo
ilegalidades. La compra fue realizada siguiendo toda la normativa que ampara al
Instituto. Específicamente, el artículo 35, establece la compra preferencial,
habilitada por mayoría simple del Directorio. No se necesitan cuatro votos en cinco para
tomar la decisión.
Todas las observaciones planteadas por el Tribunal de
Cuentas quedaron desestimadas ante la realidad que marcan los hechos. Basta
como incuestionable ejemplo lo sucedido con el sistema de riego. Hicieron una
novela al respecto, y tras firmar la escritura de compraventa de la estancia se
efectivizó lo que siempre dijimos: los pivotes de riego están incluidos, los
diez. La mayoría circunstancial del Tribunal fue funcional a la prédica de la
oposición.
La integración del organismo cumplió con todos los
pasos legales para su designación. Nominación por parte del Poder Ejecutivo y
venia del Senado con votos de la oposición. La incompatibilidad no es
prohibición, muestra de ello es la historia del propio Instituto que albergó a
varios colonos en su directorio.
Pero para entender a cabalidad las razones últimas de
esta sistemática y absurda oposición debemos mirar con perspectiva histórica lo
que ha sido la política de adquisición de tierras del INC al menos, desde la
recuperación democrática a esta parte y, especialmente, durante el gobierno
anterior. Allí la compra de tierras por parte de Colonización se vino abajo
si comparamos con los anteriores gobiernos frenteamplistas: solamente 12.000
hectáreas, contra 42.840 del período 2005-2009; 50.772 del período 2010-2014;
33.187 del período 2015-2019. Durante cinco años el INC estuvo paralizado: no se
compraron tierras y miles de familias quedaron esperando. La política de acceso
a la tierra fue frenada, dejando fondos sin ejecutar.
Y eso es vaciar al medio rural. En nuestro país, si el
Estado no interviene, el acceso a la tierra se torna imposible. Los datos nos
demuestran que la política de acceso a la tierra mediante Colonización ha sido
el principal sostén de la lechería familiar; cuatro de cada 10 tambos están a cargo
de colonos. Esto supone el 36% de los productores de una industria que, además,
derrama económicamente porque requiere mucho empleo.
Tras un crecimiento del 5% anual, durante los últimos
10 años advertimos una situación de estancamiento del sector. ¿Vamos a dejar
que eso se profundice porque es lo que está pasando? No. No queremos que más
empresas sigan cerrando. Y para eso tenemos que facilitar el acceso a la tierra, porque cuando desaparecen los productores están desapareciendo familias del
campo. María Dolores no fue gasto ni un capricho, tampoco un homenaje
antojadizo. Fue una inversión social y productiva.
Esta ha sido una inversión muy importante. Y, como tal, está
sostenida en la pertinencia y relevancia de adquirir esta tierra, para el
Instituto, para la industria láctea de nuestro país y para la producción rural
familiar. El campo en cuestión está ubicado en el límite entre Canelones y
Florida, zona de mayor incidencia de productores de agricultura familiar
dedicados a la lechería en una zona. Donde ya hay instalada una infraestructura
pensada para el desarrollo humano de quienes allí viven, por eso la cercanía de
centros de estudio.
A su vez, María Dolores se encuentra cerca de otras colonias
lecheras del Instituto (Sánchez y Treinta y Tres Orientales) y equidistante a
dos plantas industriales de procesamiento de leche, una ubicada en Florida y la
otra en San Ramón. Pero no es solo esto. En tal contexto, fue posible adquirir
un campo que está constituido por un tipo de suelo sumamente apto para el
desarrollo de las distintas actividades que requiere la producción lechera. Lo
que habilita a la instalación de tambos, que al momento se prevé que sean 16; y
de campos de forraje, que beneficiarán a 213 productores distribuidos en zonas
adyacentes. Un total, entonces, de 229 familias beneficiadas.
Por más que digan lo contrario, esto sigue siendo
parte de una oposición histórica al Instituto Nacional de Colonización y al
avance de su política de acceso social al uso y propiedad de la tierra rural.
Pero el Instituto de Colonización fue creado con la finalidad de desarrollar la
economía nacional y dar cobijo a la producción familiar, porque en un país
donde la tierra tiende a concentrarse en pocas manos, este instituto es la
herramienta que garantiza acceso para quienes no pueden competir con el capital
especulativo o extranjero.
El Frente Amplio está cumpliendo con ese mandato y
honrando sus compromisos definidos en su programa de gobierno. Cuando los más
pobres acceden a la tierra, ganan ellos, gana el campo y gana todo el Uruguay.
