Lo que siguió fue una balacera ensordecedora, con más de 200 proyectiles disparados en el interior de la residencia.

Luego, los cuerpos de las tres jóvenes fueron retirados en bolsas, cada uno con decenas de balazos, según descubrirían más tarde sus familiares.

El operativo tenía como objetivo detener al marido de Reyes, Washington Barrios, también militante del MLN-T, quien había logrado huir a Argentina (donde luego sería detenido, en 1974, y aún permanece desaparecido).

Silvia Reyes esperaba al primer hijo de ambos cuando fue acribillada.

La matanza de las tres jóvenes, que pasaron a ser conocidas como las «muchachas de abril» fue una de las más cruentas ocurridas durante el último régimen cívico-militar uruguayo, instaurado tras un golpe de Estado el 27 de junio de 1973, hace 48 años.

Pero aunque ha pasado casi medio siglo y Uruguay ya lleva más de 36 años de democracia —incluyendo tres gobiernos de izquierda, estas muertes siguen impunes.

(Silvia Reyes y Washington Barrios )

La búsqueda de Justicia

Recién este año, en febrero pasado, se pidió el procesamiento de tres militares retirados acusados de la matanza: Juan Rebollo, José Gavazzo (que falleció este sábado 26 de junio) y Eduardo Klastornick.

Los tres declararon que abrieron fuego solo después de haber sido atacados desde el interior de la vivienda.

Rebollo, quien estaba al mando del operativo, sufrió una herida de bala en un brazo y el capitán Julio César Gutiérrez murió abatido.

Pero el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, considera que «la versión proporcionada por los indagados no concuerda con lo informado por los peritos, ni con el testimonio de los vecinos».

Según estos últimos, cuando los primeros efectivos entraron a la casa, luego de romper la puerta de entrada y acceder a un patio abierto, fueron recibidos por disparos que provenían de otros efectivos militares apostados en las azoteas que daban al fondo de la propiedad, quienes, al ver entrar gente, pensaron que era Barrios y abrieron fuego.

«Más allá de si las jóvenes se resistieron o no al allanamiento (realizado sin orden judicial y en horas de la noche) lo real es que estas fueron ejecutadas,  masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna», señaló en su pedido de procesamiento Perciballe.

El integrante de Ielsur que sigue el caso, el Dr. Jorge Pan dijo a Caras y Caretas que cansados por la lenta respuesta que ha tenido la Justicia uruguaya, los familiares de las víctimas han acudido a otro órgano judicial fuera de ese país: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El pasado 16 y 17 de junio, el tribunal autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó audiencias para analizar las «presuntas ejecuciones extrajudiciales« de las «muchachas de abril».

El órgano también recogió testimonios relacionados con otros dos crímenes del último gobierno cívico-militar uruguayo: las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Osear Tassino Asteazu.

Entre las medidas reparatorias dispuestas, el tribunal interamericano exigió al Estado que realice un “adecuado control de convencionalidad, que considere la imprescriptibilidad de los crímenes constitutivos de graves violaciones a derechos humanos cometidos durante la dictadura militar”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) encontró que por las desapariciones forzadas de Óscar Tassino y Luis Eduardo González Uruguay “violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”)”.

Asimismo, el tribunal consideró que por la falta de acciones adecuadas de investigación de las desapariciones forzadas, “violó los derechos judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las dos víctimas desaparecidas y de sus familiares”.

Adicionalmente, la CorteIDH estimó que Uruguay “incumplió sus obligaciones de sancionar a los responsables del delito de desaparición forzada y de tomar las medidas necesarias para poder hacerlo, establecidas en los artículos I. b) y I. d) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”.

Asimismo, en los casos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio la Corte estimó que el Estado uruguayo “no investigó en forma debida, por lo que violó los derechos de sus familiares a las garantías judiciales y a la protección judicial. Aunado a ello, inobservó el artículo 7. b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ya que no actuó con la debida diligencia mandada por dicha disposición en la investigación de las muertes de las tres mujeres”.

El fallo reitera un cuestionamiento ya realizado en otras ocasiones por el sistema interamericano de derechos humanos al país, en relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Actividades

Exigiendo se cumpla la sentencia Crysol y otras organizaciones llevaran adelante una serie de actividades mañana jueves 21 de abril , como la pintada de un mural en la calle Ramón Marquez y Bulevar Artigas  y una acto homenaje a las 18 horas sobre la calle Mariano Soler, donde se sitúa la vivienda donde fueron acribilladas.

En tanto el viernes 22 en Atlántida, en el Espacio de la Memoria Luis cuestas se realizara una actividad al mediodía

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