A confesión de parte

Lo venimos afirmando desde hace mucho tiempo en nuestras columnas, desde que la pandemia cedió terreno, la escalada de violencia se disparó a niveles superiores al tiempo prepandemia, a pesar de la negación permanente de las autoridades que hicieron como el avestruz escondiendo la cabeza a la realidad dejando el resto de su cuerpo indefenso.

Se atribuyeron el mérito de bajar las cifras de delitos en tiempos del covid-19 (gestión del extinto Larrañaga), tiempos en que vociferaban un éxito de Perogrullo, asumiendo que la baja de la criminalidad de entonces era por méritos de su gestión y no por la baja movilidad que impuso el virus. Un efecto global que solo en Uruguay no se cumplía, según afirmaban los eruditos jerarcas de la cartera (alguno de los cuales se dedicó a hacer estadísticas en base a recortes de prensa; alguien que terminó denigrado por el excanciller Bustillo y renunciado por el efecto Marset).

Esos tiempos de euforia pírrica fueron efímeros y duraron lo que duró la pandemia; una vez se retomó la movilidad social y con ella, la actividad comercial, la criminalidad no solo recuperó el tiempo perdido, sino que volvió con un nivel superior de violencia que hoy se aprecia en el delito más grave que tiene cualquier ordenamiento jurídico: el homicidio.

A pesar de que los datos son evidentes y las fuentes abiertas de información lo consignan en cientos de notas de prensa y posteos en redes sociales, las máximas jerarquías de la cartera (y sus voceros de gobierno) siguen afirmando que las rapiñas y los hurtos bajaron. No pudieron seguir afirmando lo mismo para los homicidios pues los cuerpos de las víctimas hacen cuasi imposible ocultarlos, aunque de todas formas las cifras están bajo sospecha debido al increíble aumento de las muertes dudosas (que no entran en las estadísticas). Muertes que pasaron de un promedio de 80 anuales a unas 200 en los últimos años.

Denuncias # Delitos

Afirmar que los delitos bajaron en el Uruguay a partir de los datos estadísticos que genera el Observatorio del Ministerio del Interior NO ES una afirmación correcta. Correcto es decir que bajaron las denuncias pues son eso y no delitos lo que se registra, analiza y procesa por el Observatorio para generar las estadísticas. Y la aclaración no es menor pues según se registren más o menos denuncias, las estadísticas serán más o menos representativas de esa porción de la realidad registrada. Es perfectamente posible modificar el resultado de las cifras según registre más o menos denuncias. Y vaya si hemos visto señales al respecto que nos llevan a pensar que la estrategia para bajar las cifras de las estadísticas de criminalidad en el Uruguay ha sido la de NO REGISTRAR.

Lejos de fomentar la denuncia y facilitar el acceso a la ciudadanía para que puedan radicar una denuncia en caso de haber sufrido un delito, se le han puesto trabas o dificultades a la población para ello, y vamos a referenciar algunos puntos que hicieron parte de esa “estrategia” no escrita pero bien instrumentada, configurando una verdadera precarización de los registros:

• Becarios – el plan MiComisaría de la anterior gestión había puesto el foco en la mejora de la atención al público en las oficinas policiales que cada Jefatura tiene instalada en los barrios a lo largo y ancho del país. Un plan piloto que comenzó en Montevideo y luego se extendió por otros departamentos y que no solo mejoraba la infraestructura edilicia de los locales (accesibles, cómodos, con nuevas tecnologías, incluyendo cámaras que grababan lo que ocurría en los espacios de atención al público), sino que incorporó la figura de los becarios. Estudiantes que -en régimen de pasantía de 18 meses- atendían público mejorando los tiempos de atención con el uso de nuevas tecnologías informáticas. Hoy fueron sustituidos por retirados policiales, desactualizados en el uso de las nuevas herramientas y procedimientos administrativos de gestión.

• Tablets – a pesar de que lo negaron de forma sistemática, basta con consultar a cualquiera que haya sido víctima de un delito para confirmar que ya no se usan para registrar los delitos y subirlos al sistema. Hoy remiten a que las víctimas deban concurrir a una seccional para radicar la denuncia. Incluso se ha llegado al colmo de simular que le toman la denuncia y cuando la víctima concurre a una seccional, se encuentra con que la misma nunca fue ingresada al sistema. Todo ello con el adicional del tiempo de espera que afecta y revictimiza a los ciudadanos, haciendo que lejos de fomentar se desestimule la denuncia. Solo en casos graves o que sea requerida por algún trámite adicional (seguro, cédula de identidad, etc), se cuentan por miles los delitos que nunca llegan a ser registrados. Delitos que antes se registraban en el lugar del hecho, a partir de una Tablet.

• “No pongas abigeato, porque después nos matan con las cifras” – el por entonces número tres de la Jefatura de Maldonado, disponía así a su subalterno la alteración de los delitos de abigeato que sufría su departamento, falseando la realidad. La comprobación más absoluta de cómo es posible modificar las estadísticas a partir de una fuente falsa como esa. Una prueba que lo condenó por la Justicia y que confirmó que no es responsabilidad del Observatorio sino de quienes registran en el SGSP (Sistema de Gestión de Seguridad Pública), es decir la Policía. Los cuestionamientos a las cifras nunca fueron hacia el Observatorio ni sus funcionarios, como quiso imponer este gobierno y sus voceros.

• Maquillaje en Durazno – el periodista Gabriel Pereyra aún espera respuesta de la Fiscalía sobre una denuncia de maquillaje de cifras que hiciera tras comprobar que se modificaron denuncias de rapiñas por hurtos en la Jefatura de Durazno. Un casó insólito que duerme en un cajón y que debiera aclararse en tanto es otra de las heridas que han puesto en grave estado de credibilidad a las cifras oficiales.

Confesiones del gobierno

Hoy es el precandidato blanco con más chances de ganar la interna el que reconoce la realidad de los datos cuando habla de denuncias y no de delitos. Y mucho más cuando en un acto de “sincericidio” lo relaciona a una estrategia, pues fue estratégica la forma en que lograron “bajar” los números precarizando los registros y/o poniendo dificultades para denunciar.

No solo desmantelaron equipos de profesionales que venían siendo parte de una verdadera política de Estado en materia de seguridad trascendiendo gobiernos colorados y frenteamplistas, sino que destruyeron un acervo intangible como era la credibilidad de las cifras oficiales con prácticas que creíamos superadas. Pero, la vieja escuela, esa a la que devolvieron a cargos estratégicos, recurrió a los cuadernos en lugar de los registros informáticos. Así devaluaron un proceso que llevó años imponer y hoy está siendo cuestionado por sus vulneraciones.

Tenemos información que también se habrían afectado los registros de movilidad de la flota, desafectando la funcionalidad de geolocalización del SISCONVE (Sistema de Control Vehicular) con el que se podía controlar a todos los vehículos del Ministerio del Interior. Y ese no es un dato menor, pues junto a los sistemas de comunicación encriptados (TETRA) forman un doble control de localización que permite cruzar información. Algo que sirvió de prueba en casos emblemáticos como el del joven ultimado por un policía en Santa Catalina, al que se le había plantado un arma y terminó con policías presos y la cartera pidiendo perdón a la familia de la víctima. De confirmarse esto, ya no será posible conocer la trazabilidad de la flota vehicular de la cartera (incluidos los patrulleros) si estos no tienen encima un equipo TETRA, con todo lo que ello implica en materia de seguridad.

Apurando las cifras de delitos

Otro punto discutible es la difusión de las cifras en lo que concierne al tiempo de cierre de los datos y su posterior difusión. Un criterio que cambió el Observatorio, quien siempre sostuvo que un mínimo de 6 meses era necesario esperar para dar datos con cierta estabilidad estadística. La razón de ser una «base viva», donde lo registrado puede mutar (lesiones graves pueden derivar en homicidio, etc), hacían indispensable ese tiempo mínimo. Hoy el criterio impuesto es uno diametralmente opuesto que no respeta esos tiempos dando los datos al cierre del período a informar. Asi los datos quedan «congelados» en forma provisoria (pues sufrirán los cambios que sean necesarios según las circunstancias), pero para la población serán esos datos los difundidos y no los estacionarios que requieren de un plazo prudencial de espera. De este modo un ciclo puede cerrar con «X» cantidad de homicidios pero luego, transcurrido un tiempo hayan sido realmente «XX». En suma, cierran un ciclo con datos que posteriormente sufrirán cambios. Así, en los homicidios por ej. los cambios pueden implicar aumentos que no se visibilizan al momento de su difusión, creando una imagen estadística falsa (que bajaron cuando en realidad subieron).

Por último, el bajar las cifras de las denuncias no debería ser motivo de celebración cuando la realidad entra en contradicción con los datos; esa baja en la calidad de la información afecta los mapas de calor que tienen como fuente, precisamente a las denuncias. Si estas no son reflejo de la realidad tampoco lo serán los mapas de calor que surjan, los que terminarán reflejando una realidad alterna que no es la que padecen los vecinos. Allí ingresamos en el tema de la cifra negra de no denuncias, un dato al que solo con encuestas de victimización podemos aproximarnos. Si las denuncias bajan – agravado por el no registro- los mapas de calor no reflejarán nunca la realidad que vive la población y los resultados de la planificación de la respuesta operativa será deficitaria.

No es menor el dato de bajar las denuncias cuando el contexto es de preocupación creciente por la inseguridad reinante, algo que empieza a liderar el ranking de los principales problemas que preocupan a la población. Mucho más aún cuando esos mapas fueron la génesis de programas como el PADO (Policiamiento de Alta Dedicación Operativa) que dio respuesta efectiva y comprobada a la baja de las rapiñas en los circuitos en que fue aplicado y medido en la anterior gestión. Esa depreciación del registro nunca será una buena noticia, máxime en un escenario como el actual donde la violencia es noticia todos los días a pesar de los candidatos y voceros oficialistas que siguen repitiendo como un mantra, que bajaron los delitos.

Si Lawrence Sherman los evaluara, perderían el examen con la peor nota, aunque dudo que alguno de los que hoy gestionan sepan -siquiera- quien es Sherman…

el hombre dibujaba un mapa,

el perro ladraba un punto caliente…