Rodrigo Rey, abogado de Javier Donnangelo, director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, anunció que elevarán una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), por lo que entienden es una violación a la “transparencia de la documentación pública”, en referencia a la suspensión que fue aplicada a Donnangelo a fines de febrero de este año en el marco de discrepancias en informes sobre la forma de caratular los homicidios por parte de la cartera.
Los informes técnicos realizados por el observatorio dirigido por Donnangelo colocaban los homicidios derivados del crimen organizado en Uruguay con una incidencia mucho mayor que análisis posteriores realizados por el asesor del Ministerio del Interior, Emiliano Rojido.
“Hay un documento que contraviene la posición de otro documento y, por haber producido ese documento, prácticamente se le aplica una sanción de estalinista por parte del [exministro Nicolás] Martinelli, a un funcionario”, diagnosticó Rey en diálogo con Montevideo Portal.
“Acá claramente están jugando a la mosqueta con este dato central en el diseño de políticas públicas, parecería ser funcional a cualquier lógica de administración. Porque baja la vara de lo que se espera que se tenga que hacer con el crimen organizado. Baja la vara de los resultados que hay que ofrecerle a la ciudadanía decir que el crimen organizado no es un problema”, cuestionó.
En este contexto, y luego de haber solicitado al ministerio —hoy encabezado por Carlos Negro— la revocación del acto administrativo contra su defendido, Rey aludió a la creación del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) dentro de la cartera, anunciado la pasada semana, que, entre otras cosas, absorbe al observatorio.
En particular, se refirió a los dichos del nuevo director del AECA y asesor del ministerio desde el período pasado, Diego Sanjurjo, quien, en el marco de la conferencia de prensa en la que se anunció esta nueva área, cuestionó la calidad de la información del observatorio.
“Son absolutamente circunstanciales y oportunistas muchos de los juicios que se produjeron el otro día en la conferencia sobre la calidad del observatorio y no se corresponden con lo que dicen los documentos oficiales”, manifestó el defensor.
Entre otras cosas, Sanjurjo dijo que “quizás el problema más grave” del observatorio era que “desde la opinión pública” y “desde el sistema político” se criticaba “una falta de transparencia y una falta de confianza en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior”. Algo que, evaluó, “no puede suceder”.
“Eso es absolutamente falso, porque incluso a Rojido se le proporcionó toda la información disponible en los datos del observatorio para hacer su informe crítico, incluso se les invitó a participar in situ. Y no lo hicieron”, indicó.
“Por eso, el espesor moral de alguien que sostiene que el observatorio no era transparente cuando siempre fue una institución de puertas abiertas parece ser muy débil”, agregó Rey.
El abogado indicó, asimismo, que “Donnangelo nunca patrocinó ninguna posición de sancionar a ningún funcionario que pensara técnicamente de forma distinta, como sí lo hizo Sanjurjo, que patrocinó técnicamente la sanción a Donnangelo que le impone Martinelli [y que estaría vigente hasta el 25 de agosto de este año]”.
Por otra parte, Rey citó el propio informe de Rojido para afirmar que los criterios técnicos de Donnangelo para los datos de homicidio “pueden considerarse de buena calidad desde 2015 en adelante y de una calidad excelente a partir de 2017”. “En el año 2018, incluso, la coincidencia es perfecta”, se lee en parte del documento de 150 a la que accedió Montevideo Portal.
“Entonces, eso controvierte lo que dice Sanjurjo de que el observatorio trabajaba ineficientemente, o es casi perfecta o es ineficiente, pero no puede ser una o la otra”, formuló y valoró: “Claramente, en la conferencia de prensa del otro día, a juicio de esta defensa, se realizó un diagnóstico muy injusto de lo que viene haciendo el observatorio hasta ahora y es un diagnóstico que nadie en la academia ha puesto en evidencia”.
Para Rey, “la naturaleza de la sanción de Donnangelo” estuvo “más asociado al disciplinamiento, apuntalado técnicamente por un informe, que fue producido por personas [Sanjurjo y Rojido] que ahora pretenden dirigir el observatorio”. “Mejor dicho: pretenden dirigir, digamos, una nueva área estadística dentro del Ministerio del Interior que busca ser un equivalente funcional del observatorio”, agregó.
“Ellos tienen una especie de objeción administrativa y es que ni Rojido, ni Sanjurjo, ni ninguno de estos asesores ganaron un concurso de oposición y mérito. Y tampoco ninguno de estos asesores demuestra tener mayor calificación que Javier Donnangelo, que es PhD en Criminología por Cambridge y que su tesis de investigación doctoral está asociada a esta temática especialmente”, expresó.
Y agregó: “De ninguna manera Sanjurjo y Rojido tienen una mayor calificación académica que Donnangelo”. “La papelitocracia en este análisis de la calidad de los asesores es central. En estos aspectos, donde estamos sometidos a concurso, es importante”, dijo.
En entrevista con el diario El País días atrás, Sanjurjo afirmó que algunos académicos sostienen que el trabajo del observatorio no estaba a la altura.
A esto Rey contestó: “Hay que preguntarse por qué esta institución académica [en referencia a Cambridge], que tiene como egresados a Charles Darwin, Isaac Newton, Stephen Hawking, le dio un PhD en criminología a Donnangelo y le otorgó, con ese sentido, de las máximas calificaciones puntualmente sobre los homicidios. No es cierto que los académicos no estuvieran a la altura”.
En la misma línea, sumó: “Nadie en la academia del pensamiento criminológico, de la sociología del derecho, ha hecho juicios como los que compartió el otro día Sanjurjo en la conferencia sobre el trabajo y la calidad de los datos del observatorio”.
El debate de fondo
Para el defensor de Donnangelo, el Ministerio del Interior incurre en lo que llamó “negacionismo estadístico” con la sanción a su defendido. “Eso es sancionar y disciplinar a quien tiene una posición técnica distinta sobre cómo se mide el homicidio relacionado con el crimen organizado”, consideró.
“El problema del informe y de la visión de estos asesores que ahora van a integrar esta unidad estadística es que ellos subestiman el papel del crimen organizado en la precipitación de homicidios en Uruguay. Y eso está brutalmente refutado por la realidad, el sentido común y la razón práctica. Eso es un dato que preocupa que tiene que ver con el debate técnico subyacente”, analizó.
El accionar del ministerio a este respecto, a su entender, viola la Ley 18.381 (de derecho de acceso a la información pública) y el artículo 7 de la Ley 17.060 (de funcionarios públicos). “El artículo 7 de la Ley 17.060 impone la libertad de circulación de documentos técnicos para que la ciudadanía sepa cuándo el político o está jugando a la mosqueta, por ejemplo, con un dato tan importante como los homicidios precipitados por crimen organizado”, detalló.
Por este motivo, entienden que la Jutep debería tomar una resolución sobre el tema. “Creemos que el precedente es muy dañino para el estándar que tiene Uruguay, del cual incluso nos jactamos en distintos indicadores, que tienen que ver con la transparencia de la documentación pública”, manifestó.
Con respecto a la sanción administrativa, Rey se mostró “convencido” y “seguro” de que el actual ministro Carlos Negro “va a revocar el acto administrativo”: “De otra forma consolidaría un precedente gravísimo que solo jerarquiza como vector el oscurantismo y el ocultamiento de información relevante a la ciudadanía”.
