Montevideo Portal
Nicolás Pereyra, uno de los integrantes de la defensa del expresidente de la Junta Departamental de Maldonado, Alexandro Infante, que este lunes 8 de setiembre fue imputado por fraude, falsificación ideológica por funcionario público y abuso de funciones, manifestó que la defensa apelará la decisión de formalizar la investigación.
Si bien Pereyra sostiene la inocencia de su cliente, en diálogo con Montevideo Portal afirmó que no se opuso a la medida cautelar que le otorga prisión domiciliaria preventiva por 90 días, dado que lo solicitado por el fiscal del caso, Jorge Vaz, era una cautelar de prisión efectiva, por lo que lo dictaminado por el juez fue menos agraviante.
“En audiencia dijimos que no se cumplían los requisitos legales del artículo 266 del Código del Proceso Penal porque no existían los elementos objetivos suficientes que den cuenta de que mi cliente cometió un delito y menos aún la identificación del presunto responsable”, expresó el abogado.
En la causa también están implicados los también exlíderes de la Junta de Maldonado imputados José Luis Sánchez y Darwin Carlos Correa, quienes fueron imputados el pasado miércoles 3 de setiembre en una audiencia a la que acudieron los abogados de Infante, pero no lo hizo él.
Por eso, la formalización de su caso se da días después, lo que para sus abogados fue una buena noticia. “Las circunstancias de que celebremos esta vez separada de los demás imputados es positiva y eso va porque nuestro cliente claramente se desmarca de lo que los demás hicieron”, afirmó Pereyra.
Infante es investigado por el pago de facturas bajo el concepto de obras por “cambio y reparación de luminarias y humedades” del edificio de la Junta Departamental de Maldonado, a una empresa que “jamás realizó obras” allí.
En concreto, Infante, que estuvo al frente de la Junta entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, habría dispuesto pagar dos facturas por miles de pesos a la empresa Ramón Sosa: una por $168.000 y otra por $115.400.
Ante esto, Pereyra argumentó que sobre la primera factura “Infante no tuvo absolutamente nada que ver”. “El supuesto trabajo fue ideado y fue justificado su gasto en la administración anterior, que era la de Darwin Correa. Infante, simplemente actuando con criterios de buena administración, ordenó el pago de esta sin saber de ninguna manera que la cuenta de esos fondos iba a ser la cuenta del hijo de Sánchez”, aludió.
En cuanto a la segunda factura, por $115.400, que eran por el hidrolavado de la fachada de la Junta, los abogados aseguran que “el trabajo se hizo” y que, para avalar esto, “se aportó a la Fiscalía numerosos documentos, como el recibo, el presupuesto, las fotos y videos de los trabajos”.
“Los trabajos se hicieron, pero fue otra empresa que no fue con la que se venía operando antes, que era Ramón Sosa”, explicó.
Pereyra continuó sobre este caso y admitió: “Sí se cometió una desprolijidad administrativa, pero no corresponde que sea calificada como delito, y eso fue para facilitarle el pago a la persona que hizo el trabajo porque no tenía factura”.
“No sería la primera vez que ocurre que hay intendentes formalizados o funcionarios públicos formalizados simplemente por hacer actos que pueden catalogarse como infracciones administrativas y que no tendrían la relevancia como para que fueran considerados delitos”, valoró Pereyra.
Este hecho, afirmó el abogado de Infante, es “algo bastante común en los trabajadores de ese tipo”. Ante esta situación, Infante “consultó al señor [José Luis] Sánchez y este sugirió que se usara una factura de esa empresa con la cual se venía operando anteriormente”.
Se agregó el recibo a la Fiscalía y forma parte de la investigación. Incluso esto no es un hecho controvertido por parte de la Fiscalía. Sí se dijo ayer [por este lunes] que vemos esto con ojos diferentes. “Para ellos, a pesar de que el trabajo se haya hecho, a pesar de que la administración no se vio dañada, igual pretenden imputar este delito”, agregó Pereyra, quien considera que el Ministerio Público pudo haber descartado este caso puntual porque no hubo “ningún daño”.
De acuerdo con la defensa de Infante, su conducta “no encaja con el tipo penal que se le pretendía imputar”. El abogado aduce que no hubo dolo en su accionar y que, además, para las adjudicaciones de obras públicas “por menos de cierto rango [de costos] no es procedente ni conveniente efectuar una licitación”, ya que “eso sería totalmente ineficaz a la administración”.
El Tribunal fallaría en cuestión de un mes, tanto con respecto a la apelación de la defensa de Infante, como sobre las realizadas por los abogados de Sánchez y Correa.
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