El Consejo Central de AEBU entiende que «los integrantes oficialistas de la CESS, aún sin contar con un diagnóstico claro y preciso, comenzaron una ofensiva mediática dirigida a impulsar las bases de la reforma a que aspiran». También expresa: «Los mismos actores que tuvieron un papel fundamental en la elaboración de la última reforma estructural [con jubilaciones de 7.000 pesos en promedio a través de las AFAP] vuelven para impulsar una segunda fase, sin asumir las deficiencias del modelo impuesto en 1996».

Para el Consejo Central va quedando claro que «más allá de lo discursivo, no existen hasta el momento señales de un serio tratamiento de las sobredemandas del sistema de asistencia financiera a cargo del Estado y, en particular, de las derivadas de los servicios de retiros militar y policial donde estas se concentran». Ello lleva a concluir que «si el objetivo de la reforma fuera la sostenibilidad económico-financiera del sistema a largo plazo, con mantenimiento de los niveles de cobertura acordes con las necesidades de la población, debería partirse del análisis de todos los factores que lo conforman y, particularmente, que todos los sectores involucrados participen en la construcción de un nuevo equilibrio». Sobre esto último, queda claro que esta es una «media reforma» que prácticamente mantiene todos los privilegios de la Caja Militar y que de manera indirecta intenta compensarlos con un sacrificio adicional del resto de los trabajadores.

Una cosa queda clara en el documento que durante este mes están discutiendo en todo el país las asambleas de circunscripción previas a la AND: «Hasta ahora, todos los anuncios buscan disminuir a futuro el nivel del gasto público en seguridad social por el camino de menores prestaciones y el recorte de derechos, a partir del incremento de la edad de retiro, la rebaja de la tasa de reemplazo y la ampliación de los años de servicio para su cálculo».

En el trabajo de la CESS, se sostiene desde AEBU, se ha dejado de lado el análisis de una parte fundamental de la ecuación económica del sistema jubilatorio, una parte tan importante como las prestaciones. Se trata de los recursos a disponer para pagarlas. Porque «una reforma que busque seriamente asumir el desafío de preservar las condiciones de vida de su gente deberá incluir, como primer punto en consideración, el componente de los ingresos del sistema para luego abordar con equilibrio la estructura de egresos». Y ya andando por este camino AEBU avanza en soluciones que no han sido consideradas o simplemente fueron desechadas sin explicaciones sólidas: «En este sentido, en forma previa a discutir la rebaja de las prestaciones, correspondería plantearse que los aportes personales y patronales se imputaran sobre la totalidad de los ingresos salariales, sin topes de aportación ni exonerando partidas encubiertas, como los tiques de alimentación». Es bueno saber que todo aquel que gana más de 180.000 pesos no aporta por todo aquello que exceda esta cifra, una exoneración hecha a la medida para los «malla oro», se sostuvo en nota editorial publicada en el sitio web de AEBU.



Fuente