FILE PHOTO: Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Londono, Pastor Alape and Rodrigo Granda, former commanders of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and now members of the political party Revolutionary Alternative Common Force (FARC) attend a news conference at the Special Jurisdiction for Peace (JEP) tribunal in Bogota, Colombia September 23, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo
FILE PHOTO: Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Londono, Pastor Alape and Rodrigo Granda, former commanders of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and now members of the political party Revolutionary Alternative Common Force (FARC) attend a news conference at the Special Jurisdiction for Peace (JEP) tribunal in Bogota, Colombia September 23, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Este viernes el antiguo secretariado de las Farc aceptó los cargos por secuestro que les imputó la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 26 de enero en el Auto 019. Hoy vence el plazo que tienen los ocho imputados para sentar posición sobre la decisión del Tribunal de Paz. “Esto tiene como objetivo reconocer los errores que cometimos en el conflicto y esperamos que algún día puedan perdonarnos”, afirmaron.

El actual senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, inició reconociendo que en el documento presentado admiten su responsabilidad en cada uno de los cargos imputados a los ocho exmiembros de las Farc-Ep. “Somos claros en precisar que los malos tratos estaban prohibidos con los priosioneros, pero se presentaron y reconocemos que esto sucedió en desarrollo de esas políticas de secuestro. Igualmente reconocemos la responsabilidad por los hechos que describe la Sala en el Auto”, mencionó. Además, previo a la revelación del documento, expresaron que sí aceptaron cada uno de los hechos que les imputó la JEP, como la tortura.

Los ocho exguerrilleros señalados son el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, así como los congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo y los líderes del proceso de reincorporación Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra. Sin embargo, al inicio del anuncio, Gallo explicó que Juan Hermilo Cabrera, el octavo imputado, fue asesinado este viernes en el Cauca.

“Asumimos la responsabilidad por ordenar retenciones prolongadas de la captura de civiles y miembros de la fuerza pública”.

Los miembros del partido Comunes explicaron que en el documento que entregarán a la Jurisdicción reconocen la política del secuestro que tenía como objetivo “tener financiación para el alzamiento armado, presionar el intercambio humanitario, ejercer control terriotiral donde estabamos y capturar prisioneros de la fuerza pública para tener ventaja en el enfrentamiento armado”.

También invitaron a otros actores del conflicto a aportar verdad y a reconocer delitos para llegar al “cierre definitivo del conflicto”, como lo están haciendo ellos, aseguran. Pastor Alape afirmó que el mensaje que envían a las víctimas con este anuncio es el de revisar el pasado con miras al futuro e insistió que sí transgredieron el Derecho Internacional Humanitario con estos actos.

Lozada también se refirió a las solicitudes que han hecho algunos sectores para que renuncien a sus puestos en el Congreso al aceptar estos cargos.

“Las sanciones propias son perfectamente compatibles con la partciación política y esa decisión la debe tomar la Jurisdicción con base en la Ley Estatutaria. El propio Acuerdo de Paz es el reconocimiento explícito de que nuesteo alzamiento armado tuvo un caracter político y busca que cambiaramos la utilización de las armas por la representación política”.

Lozada expresó que con este anuncio esperan aportar también al Sistema de Garantías de No Repetición y con la Unidad de Búsquedad de Personas Dadas por Desaparecidas para ayudar a la reparación. Finalmente dijeron que sí hicieron algunas observaciones de las calificaciones jurídicas que hizo la Sala de Reconocimiento en el Auto, esto, acudiendo a la posibilidad de presentarlas que les dio el Tribunal. “Es una parte relacionada a la técnica jurídica, que busca argumentar deficiencias que encontramos en el auto, pero no van encaminadas a evadir responsabilidades”.

“Entendemos a las víctimas en su dolor porque no es fácil. Hay que generar encuentros para poder entendernos en la diferencia. Lo que nosotros queremos decirle a la sociedad es que hay posibilidad y estamos dispuestos para decirle a las nuevas generaciones de que sí hay posibilidades para construir la paz”, señaló Alape.

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