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Mucho se habló de la fuga del narcotraficante Juan Antonio
González Bica y tuvo repercusiones a todo nivel. Jurídicamente la jueza Maria
Helena Mainard
está siendo investigada por el Poder Judicial por las decisiones
tomadas y políticamente, el ministro Luis Alberto Heber criticó duramente a la
jueza y los magistrados salieron al cruce. Sin embargo, el caso sigue teniendo
nuevos capítulos porque esta vez se conocieron los audios de las audiencias en donde
se estaba solicitando la prisión domiciliaria por parte de la defensa de González
Bica, actualmente en prisión preventiva por los documentos falsos que presentó
en estas audiencias.

Los audios, que fueron presentados este martes en Informativo
Sarandí
, plasmaron lo que fue la discusión entre las partes en el marco de
la definición sobre si se disponía o no prisión domiciliaria. Mónica Fernández,
fiscal adscripta de Mónica Ferrero, comienza hablando en el primer audio en el
que argumenta que pidió el informe pericial, pero reconoce que este no es “concluyente
en cuanto a que no pueda permanecer en la cárcel”, sino que decía que no se
cumplían las indicaciones médicas y controles, corriendo un riesgo grave, y que
ese centro penitenciario no era el adecuado.

“Estimo que tendría que agotarse las posibilidades de
conseguir un establecimiento que pueda cumplir: que esté más cercano y que se
cumplan los tratamientos que impongan los médicos tratantes”, dijo la Fiscalía,
mientras que Mainard casi de inmediato le responde: “¿Y cuál sería, doctora? porque
por lo que yo tengo entendido a nivel carcelario… no sé dónde, en la China
capaz, debe ser otro país porque acá…”.

“Las visitas las hacemos periódicamente a las cárceles, no
tienen lo mínimo. Una analgesia no le dan a veces, no tienen vehículos para los
trasladados. Yo entiendo su planteo y lo considero, pero quiero que me diga a dónde
lo llevamos porque yo tengo que tener una solución, no se puede plantear algo tan
genérico”, argumentó Mainard.

La fiscal adscripta expresó que la primera medida que ella
entendía viable era que sea alojado en el Centro de Diagnóstico del INR hasta
que allí se decida si tienen una unidad que esté en condiciones de hacer los
traslados y de brindar la medicación necesaria.

La abogada de González Bica, Mercedes Acosta, aportó que el
riesgo de la salud de González se había acreditado mediante el informe pericial
realizado por el médico forense del Departamento de Medicina Forense con fecha
8 de mayo (que después se constató que era falso), donde se expresaba que las
patologías crónicas que presentaba su defendido en conjunto “implican una
relación de complejidad” que requería un “particular abordaje asistecial”.

“Durante su permanencia no se ha cumplido con las
indicaciones médicas, tratamientos y controles, exponiéndolo a un grave riesgo
para su salud e integridad física. Es por todo lo anterior que se puede inferir
que en la unidad donde se encuentra recluido no se cuentan con las condiciones
necesarias que requiere el señor González”, comentó la abogada.

Luego, en otro pasaje, la profesional del derecho dice: “A
juicio de esta defensa, la pericia es clara y no admite dudas. Justamente, es
de destacar que ninguna de las unidades del INR, ninguna doctora [refiriéndose
a la Fiscalía] cuenta con las condiciones, contextos o escenarios para poder
cumplir con estos tratamientos médicos, controles, para la situación sanitaria
de mi defendido”.

“No olvidemos que estamos ante un caso de problemas renales que
ameritaba tres veces diálisis por semana cada dos meses y justamente sabemos
todos los operadores que, por más voluntad que tengan las unidades, no hacen
los traslados, no llevan en tiempo y forma. Ponderando el medio de prueba, que
es lo que exige la ley, que es el informe pericial, no fue hecho por ASSE por
otro médico particular, sino que fue hecho por el perito forense, la conclusión
es sin dudas”, añadió.

Posteriormente, en el audio la abogada dice que, para darle
más garantías a la Fiscalía, la defensa estaba dispuesta a aportar periódicamente
los controles médicos, aunque eso no pareció convencer a la Fiscalía ya que la Fernández
replica diciendo que el delito que cometió el penado es “muy grave”.

A sus palabras respondió Mainard, quien replicó diciendo que
“nadie lo estaba dejando en liberad”, a lo que la defensa de González reafirma
diciendo “exacto”.

“Yo quiero saber, que me diga la Fiscalía, a ver a dónde yo
pido información para ver dónde lo dejamos internado. Yo no lo voy a dejar
tirado por ahí. Necesito datos concretos para resolver, ustedes son las partes
y me tienen que traer la solución. Si usted [a la Fiscalía] me está planteando
que tiene que estar recluido en un centro de reclusión que atienda su salud,
bueno, diga cuál es o a dónde yo pido información que me diga si hay lugar o no»,
explicó Mainard.

Fernández expresó que se debería reclamar información a la
dirección del INR, pero insistió en que, dada la situación especial, se podría
sugerir que volviera al Centro de Diagnóstico, que se supone que es una cárcel que
está en mejores condiciones que el Penal de Libertad”.

“La Fiscalía lo que tiene que hacer es tratar de hablar en
el INR para pedir el pronto despacho, pero más la Fiscalía no puede hacer
porque lo que plantea el médico forense es que esa unidad no está en
condiciones”, afirma Fernández en el audio.

La abogada de González Bica responde: “No estamos ante un
asesino serial con pérdidas de vidas humanas. Yo sé que estamos ante un caso
importante de droga. Acá no se está pidiendo la libertad de él absoluta para
que deambule por el país o para que se vaya del país. Le estamos dando un
informe tal cual nos pide la ley, se acredita, todos sabemos que el INR no se
va a hacer cargo de tener a esta persona o ponerlo en un mejor lugar para
evaluarlo. Acá tenemos el control del lugar, del domicilio, tobillera, no sé qué
más garantía, doctora. Eso de pedir información al INR no sé, no nos satisface”,
opinó.

Mainard reconoce allí que lo que el INR haría es responder
por sí o por no. “No lo va a cumplir tampoco”, concluye.

La conclusión

El último audio presentado en el medio anteriormente
mencionado se escucha decir a Mainard que va a pedir la prisión domiciliaria y que
se reverá su situación cada cuatro meses por un médico forense para ver si se encuentra
en condiciones de ser reintegrado.

La fiscal adscripta le informa que apelaría dicha sanción y
la defensa de González pregunta si él se tendría que mover para que el médico
corroborara su situación, si lo vendría a buscar o si vendría el médico.

Mainard contesta que no, que estaría en prisión domiciliaria
por lo que no podría moverse de su casa. Luego, la jueza se refirió a la fiscal
y dijo que entendía que el delito era grave, pero porque sea grave no lo iba a “dejar
morir en reclusión”.

“Ese es mi concepto de las cosas. El señor no es un santo varón,
tiene una condena de cuatro años, sé que no es un angelito bajado del cielo,
tiene una pena, la tiene que cumplir, pero sabemos la situación del INR hoy por
hoy, porque no tiene ni recursos humano ni económicos, ni vehículos y sabemos
que esté alojado donde esté alojado, no se va a cumplir con el tratamiento
médico. Entonces, para mí es una responsabilidad que esté internado, le pase
algo y me vengan a golpear la puerta a mí, diciéndome doctora con esta situación
y con la situación de las cárceles hoy, usted lo dejó preso”, concluyó.

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