Según pudo saber Caras y Caretas, los detonadores usados en el atentado fueron robados de una cantera en Carmelo, cuyos propietarios no tenían buenos antecedentes. Fue recién durante los gobiernos del Frente Amplio (FA) que este tipo de establecimientos pasaron a tener el control que debían tener.

Los iraníes que robaron los detonadores habrían estado hospedados en un hotel céntrico de Montevideo, muy cerca de la Embajada francesa, según contaron a este medio fuentes de la investigación.

En 2013, el entonces fiscal Juan Gómez, actual fiscal adjunto de Corte, fue encargado de una nueva investigación sobre el atentado y sus vínculos uruguayos, pero de sus resultados no hubo noticias hasta ahora.

 

Designan ministro del Interior iraní a un acusado del atentado

El 12 de agosto se informó que Argentina considera “una afrenta” que Irán nomine a un acusado del atentado a la AMIA como ministro.

El presidente iraní, Ebrahim Raisí, propuso para la cartera de Interior al exministro de Defensa Ahmad Vahidí, considerado en Buenos Aires uno de los autores intelectuales del ataque que en 1994 dejó 85 muertos y 150 heridos.

La Justicia argentina acusa al general iraní, ministro de Defensa entre 2009 y 2013 y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, de ser uno de los autores intelectuales del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que en 1994 dejó 85 muertos. Vahidí tiene desde 2007 un pedido de captura internacional, pero Argentina nunca pudo siquiera interrogarlo.

La AMIA se sumó al repudio. “El nombramiento efectuado por el recientemente elegido presidente de Irán resulta inadmisible”, expresó la mutual en un texto difundido en sus medios digitales. El presidente de la entidad, Ariel Eichbaum, lamentó “ver cómo los acusados de haber participado en un crimen de lesa humanidad, en el que 85 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas, siguen gozando de impunidad y, además, son recompensados con altos cargos políticos en su país”.

Vahidí era jefe de la Fuerza Quds cuando se perpetró el atentado, el 18 de julio de 1994. En noviembre de 2006, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral lo consideró junto a otros cuatro altos funcionarios del régimen iraní, en una lista que encabezaba el fallecido expresidente Hashemi Rafsanjani, responsables intelectuales del ataque en Buenos Aires. El fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, firmó un dictamen en el que consideró que “Vahidí no se limitó a participar pasivamente del cónclave (donde se planeó el atentado) sino que además cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque”.

“Su sugerencia tuvo éxito ya que, efectivamente, dicha propuesta fue la que se sometió a examen del Comité de Asuntos Especiales”, escribió Nisman, muerto en 2015 de un disparo en la cabeza en un presunto suicidio.

Vahidí figura incluso en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), elaborado por el ministerio de Justicia argentino. De nada sirvieron los pedidos de Buenos Aires a Interpol para detenerlo.

El eventual ministro viajó siempre con total libertad, al punto que en 2011 participó en un evento oficial en Bolivia que tensó las relaciones entre los gobiernos de Evo Morales en La Paz y Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, en ese momento aliados políticos sin fisuras. Los intentos argentinos por obtener la declaración de los iraníes a los que vincula con el atentado cristalizaron en enero de 2013 con la firma de un memorándum de entendimiento bilateral.

El texto, de tres páginas y nueve puntos, fue un principio de acuerdo para investigar el ataque terrorista mediante la creación de una Comisión de la Verdad y la autorización para que el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman interrogasen a los sospechosos iraníes en Teherán. El pacto, aprobado por el Congreso argentino pero no por el iraní, supuso años más tarde una acusación por “encubrimiento” contra Cristina Kirchner, firmante del texto. La causa aún se tramita en los tribunales federales de Buenos Aires.

 

Nueva investigación

El 12 de julio del año pasado se anunció la apertura de una nueva investigación del atentado de la AMIA que espera que los documentos desclasificados arrojen nueva luz.

Gonzalo Miranda, el nuevo fiscal de la unidad que investiga el atentado, espera que la desclasificación de documentos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pueda arrojar nueva luz sobre la investigación.

A 26 años del atentado, los archivos de los servicios secretos argentinos desclasificados por orden del presidente Alberto Fernández en marzo podrían aportar nuevas pruebas mientras se sigue investigando la pista iraní y a Carlos Telleldín, quien habría aportado la camioneta utilizada en el atentado con bomba.

Fuentes de la Unidad Fiscal AMIA, creada en 2004, explicaron a la agencia de noticias argentina Télam que el material desclasificado es de un tamaño “monumental”.

En una entrevista que concedió a la radio Futurock, Miranda señaló que “ahora contamos con nuevas herramientas tecnológicas que, con el entrecruzamiento de datos, nos pueden brindar nuevas pistas relacionadas con encontrar la manera de detener a los acusados, miembros del grupo terrorista (libanés) Hezbolá”, considerado aliado de Irán.

La unidad continúa con la hipótesis de que un grupo de iraníes perpetró el atentado mediante un teléfono ubicado en la triple frontera -Brasil-Uruguay-Argentina- que coordinó la logística de la operación.

“Todo nuestro trabajo está claramente basado en la actuación anterior del fiscal Alberto Nisman, sobre todo en sus dictámenes de 2006 y 2009, que marcaron de alguna manera las bases sobre cómo se llevó adelante la investigación”, dijo Miranda en la entrevista radiofónica. Nisman murió en extrañas circunstancias mientras trabajaba investigando el posible encubrimiento del atentado.

Estos dichos le valieron al nuevo fiscal las primeras críticas de los familiares, en un expediente sumamente sensible. “Por favor que cuente (Miranda) qué método utilizó para leer y estudiar tamaña causa judicial en tan poco tiempo como para tener esta claridad en las conclusiones”, apuntó Memoria Activa, una de las agrupaciones que reúne a los familiares de las víctimas del atentado.

El 28 de julio de este año, Memoria Activa se reunió con el ministro de Justicia, Martín Ignacio Soria, y conversaron acerca de la necesidad urgente de generar avances en la causa Amia y reactivar el rol de la unidad que investiga el atentado.

“El esclarecimiento del atentado es una deuda pendiente que la Justicia argentina tiene con toda la sociedad”, dijo el ministro.

En la reunión, analizaron la falta de avances en la investigación penal y los pasos a seguir en la Unidad Especial recientemente rejerarquizada por decisión de Soria.

Todos los participantes coincidieron en que, en los últimos años, el accionar de la Procuración General y de la Unidad Fiscal AMIA, dependiente del Ministerio Público Fiscal, obstaculizó sistemáticamente el avance de la investigación del atentado terrorista.

 

Mohsen Rabbani

El 10 de Enero de 2020 reapareció el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani, quien aseguró que el exfiscal Alberto Nisman fue asesinado y que “se oculta la verdad” detrás de las circunstancias de su muerte.

El clérigo Rabbani es uno de los hombres claves de la causa. Según la investigación que había realizado Alberto Nisman, el exdiplomático había sido acusado junto a otros ocho iraníes sospechados de planificar el atentado. Debido a esa imputación, cuenta con una orden de captura internacional de parte de Interpol y figura como prófugo en el país.

Rabbani ocupaba el rol de agregado cultural de la misión diplomática iraní en Buenos Aires cuando se produjo el ataque que voló el edificio de la AMIA. Tras ese paso por la embajada, el dirigente mantuvo contacto con la mezquita Al Tahuid del barrio de Floresta. En la política local forjó una relación de cercanía con algunos militantes del kirchnerismo como Luis D’Elía y Fernando Esteche, el exlíder de Quebracho, ambos reconocidos detractores de la política exterior de Israel. Vivió más de una década en el país.

Por esos vínculos con el kirchnerismo estuvo involucrado también en las escuchas de la denuncia de encubrimiento a los iraníes prófugos que efectuó el fiscal Alberto Nisman, antes de aparecer muerto en el baño de su apartamento el 18 de enero de 2015. Aquella investigación anexa respondía a la firma del memorándum de entendimiento que rubricó la entonces presidente Cristina Kirchner con el exmandatario Mahmud Ahmadinejad.

De acuerdo a la investigación de Nisman, al clérigo se lo vincula por “haber brindado todas las facilidades para obtener la camioneta utilizada en el atentado, el lugar donde esconderla y lo concerniente al armado de la bomba detonada”. En el marco de la causa, había sido fotografiado meses antes del atentado en varias concesionarias del barrio de Flores, en búsqueda de camionetas. Por eso el exagregado está apuntado como un actor central en la preparación y ejecución del atentado, afirman las actuaciones administrativas con base en la causa judicial.

En agosto del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri dispuso a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) -el organismo antilavado de activos- el “congelamiento administrativo de bienes y/o dinero” de Rabbani, del exembajador de Irán Hadi Solemainpour, del exministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati, entre otros. La medida se dispuso en sintonía con las sanciones económicas que el gobierno de Estados Unidos impuso a los involucrados en el ataque.

Los iraníes, según la Justicia argentina, utilizaron la cobertura diplomática para organizar y proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades terroristas. Y la investigación da por probada la relación de Rabbani con miembros de la agrupación Hezbolá.

Por su lado, Rabbani estuvo este tiempo dedicado públicamente a las actividades religiosas. De hecho, contó con algunas participaciones en programas del canal de YouTube de Islam TV, en el que exponía sobre lecciones y prácticas en torno a la mencionada religión. Además, se dedicó a dictar clases en una universidad de Qom, en Irán.

Pese a las graves acusaciones que pesan en su contra, Rabbani nunca se presentó ante la Justicia argentina para ser indagado y aseguró que no lo hará. “No queremos perder el tiempo”, afirmó en diálogo con Radio 10. “Irán no tiene nada que ver con el tema de la AMIA”, aseguró.

 

Desde el CELS

Caras y Caretas se comunicó con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a Memoria Activa en la causa internacional en el sistema interamericano de derechos humanos.

Desde el CELS informaron que de los materiales a los que tenemos acceso como querellas surge la relación de Rabbani con la comunidad islámica en Montevideo. Por ejemplo, la Casa del Islam funcionó en una vivienda de su propiedad antes de 1994. En esa época se registraron también muchos viajes suyos entre Montevideo y Buenos Aires.
Por otro lado, luego del atentado hubo un episodio en la Embajada de Irán en Montevideo donde un diplomático iraní salió herido, pero nada de lo que se investigó fue relevante o tenido en cuenta para la investigación del atentado.

Sobre los movimientos más recientes de la causa, hace unos años se entrevistó en Montevideo a los hermanos del supuesto chofer suicida de la camioneta Trafic que explotó, pero esta línea sigue en investigación sin resultados concluyentes por ahora.

Según lo que podemos saber, que el atentado se haya planeado en Uruguay no es una línea de investigación activa de la fiscalía. Nosotros tampoco tenemos ninguna información o hipótesis de que esto haya sido así o de si se tapó. Es parte del problema de la investigación, no hay certezas. Y la información que maneja la Unidad Fiscal AMIA no siempre es compartida con las querellas.

 

Revertir las cuestionables posiciones de Macri

La Unidad Especial dependiente del Ministerio fue creada con el objetivo de esclarecer el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA en 1994. En 2006, y luego del histórico reconocimiento de responsabilidad del Presidente Néstor Kirchner, se ampliaron las funciones de la unidad para que también impulse las investigaciones sobre las irregularidades cometidas en el curso de la investigación del atentado.

Sin embargo, por decisión del gobierno de Macri, la unidad, luego de serias y gravísimas denuncias por su rol a favor de los encubridores, fue degradada en 2018 mediante un decreto presidencial que eliminó el cargo de su titular, quedando desde entonces desconcentradas sus funciones entre distintas dependencias del ministerio. Esa desarticulación paralizó su labor e impidió continuar con el objetivo central de esclarecer los hechos investigados en uno de los atentados más trágicos de la historia del país.

Por esto mismo, en junio, el ministro Soria dictó una resolución para que la Unidad Especial de Investigación del atentado a la sede de la AMIA pase a funcionar bajo dependencia directa del ministro de Justicia y Derechos Humanos. De este modo, se busca reactivar la unidad que tiene dentro de sus objetivos promover la búsqueda de información sobre el atentado, el análisis de los archivos desclasificados y asistir a los requerimientos judiciales y a los de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA) creada en el año 2004 por la Procuración General de la Nación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, la unidad recuperará su rol activo en las causas judiciales en virtud de los decretos vigentes. Entre sus primeras acciones, se presentará en las actuaciones para revertir las cuestionables posiciones sostenidas durante la gestión de Macri y Garavano en favor de los acusados por el encubrimiento del atentado.



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