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La fiscal de la Nación se refirió hace poco a la escasez de resultados, en medio de un rechazo generalizado a su labor por parte de las familias de víctimas de las manifestaciones.

Las protestas que se desataron en Perú entre finales de 2022 e inicios de 2023, mayormente contra la presidenta Dina Boluarte, dejaron 67 muertes, de las cuales, 49 se dieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden. Más de cinco meses después, no hay condenas ni mayores resultados.

El pasado domingo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció por primera vez sobre las indagaciones, que incluso alcanzan a Boluarte y a su jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por la presunta comisión de los delitos de genocidio y homicidio calificado.

«Vamos a tener resultados muy pronto. Déjennos investigar, déjennos realizar la labor», afirmó Benavides entrevistada en el programa Punto Final, que transmite el canal local Latina.

La fiscal estuvo el fin de semana en Ayacucho, una de las ciudades con mayor mortalidad dentro de las protestas. Diez personas perdieron la vida allí y, según las autopsias, murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos a tórax, abdomen y cabeza.

Sin castigos

Pese a la evidencia por las 49 muertes de civiles, consignada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni el Gobierno ha sancionado militares o policías ni la Fiscalía ha imputado a algún responsable.

Por el contrario, el medio OjoPúblico accedió a tres resoluciones de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) que muestran que fueron archivados casos de fallecidos en Apurímac y Arequipa, y del suceso de Víctor Santisteban Yacsavilca, muerto en Lima por impacto de una bomba lacrimógena.

Un video muestra cómo murió Víctor Santisteban, primera víctima de la represión policial en Lima

«Nosotros pedimos que se acelere la investigación porque ya son ocho meses (…). La Fiscalía ha visto los videos y vio quiénes, cómo y dónde han disparado», manifestó Yovana Mendoza, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022, en Ayacucho.

En diálogo con el diario La República, Mendoza acusó atrasos en la investigación. «De ahí nuestra molestia con la fiscal de la nación cuando vino hace unos días a Ayacucho y le reclamamos por esta situación».

El caso de Puno

Puno es la región más victimizada por estos hechos. El 9 de enero de 2023, la represión policial arrojó 18 muertes, en una jornada que luego fue calificada por la población, prensa y políticos como la masacre de Juliaca.

Ante esto, en junio pasado, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Puno solicitó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el plan de operaciones de acciones militares.

No obstante, la Secretaría General del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas denegó el pedido alegando que se trata de documentos clasificados como secretos o confidenciales por razones de seguridad nacional.

«Las investigaciones no han avanzado nada», enfatizó Rosa Luque, madre de Heliot Cristian Arizaca Luque, quien recibió una bala a la altura del cuello durante la fatídica jornada.

Benavides se defiende

Preguntada sobre la lentitud del proceso, la fiscal aseveró que están buscando los elementos de convicción que les permitan pasar de la etapa de investigación preliminar actual, a la preparatoria.

«El rol del Ministerio Público es investigar, que se descubra la verdad de los hechos», sostuvo Benavides, antes de pedir credulidad. «Confíen en su Ministerio Público; tiene el deber de investigar y lo estamos haciendo a cabalidad».

En medio de denuncias de un supuesto contubernio con el Ejecutivo de Boluarte, negó que estén coaligados e indicó que dentro de poco darán noticias sobre las muertes.

«En cualquier momento estaremos comunicando los resultados», añadió la fiscal, sin mencionar algún plazo.





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