El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa preocupación por una serie de demandas judiciales contra periodistas presentadas en las últimas semanas, que atentan contra la libertad de expresión y la libre circulación de información.

La mayoría de las denuncias presentadas, o anunciadas públicamente, entre los meses de julio, agosto y setiembre refieren a demandas penales por difamación
e injurias a raíz de publicaciones periodísticas. La mayoría de ellas provienen de altos funcionarios estatales o legisladores.

En tres meses suman siete los juicios presentados más dos amenazas de inicio de demandas, cuando el último informe de monitoreo registró tres casos en
todo un año.

En base a estándares internacionales de libertad de expresión, CAinfo entiende que estas acciones procuran afectar el derecho de los periodistas y generan un
ambiente de hostigamiento utilizando el sistema judicial. Además, desconocen los avances acumulados en los últimos años en la materia, que permiten recurrir a mecanismos previos o alternativos, como el derecho a réplica.

Los casos que llegaron a conocimiento de CAinfo son los siguientes:

– Director departamental de Salud de Tacuarembó, Juan Miguel Motta, contra José Morales Brum de semanario Tacuarembó Ahora A fines de julio de 2021 Juan
Miguel Motta, inició una demanda penal por difamación contra José Morales Brum, director del semanario Tacuarembó Ahora.

El motivo de la denuncia es la publicación de varios artículos periodísticos en los que se da cuenta de la gestión de Motta al frente del organismo que depende del Ministerio de Salud Pública. Entre ellas, se menciona la gestión de la pandemia de Covid19 a nivel local y la falta de controles sobre la actividad de un hogar de adultos mayores, que funcionaba en situación irregular.

Después de varias instancias judiciales, se llegó a un acuerdo para dar por terminado el proceso, sin consecuencias para el periodista.

– Exedil colorado de Maldonado, Pablo Gallo, contra La diaria, Canal 10, La República, Caras y Caretas, FM Gente, Radio Piriápolis.

En febrero de este año, los medios citados difundieron la noticia de que el exedil del Partido Colorado, Pablo Gallo, fue enviado a prisión por una estafa
con terrenos. Gallo ya había sido procesado en 1997 por un delito de contrabando y en 1999 por un delito de violencia doméstica. La demanda es por daño moral y lucro cesante, y reclama una indemnización de 300 mil dólares.

– Exasesora de OFI, Andrea Valiente, contra Eduardo Mérica de Diario Uruguay El 6 de agosto, el periodista Eduardo Mérica de Diario Uruguay, debió presentarse ante la Fiscalía de Rivera por una denuncia penal por difamación e injurias que presentó la exasesora jurídica de la Organización del Fútbol del Interior Andrea Valiente. El periodista había informado sobre la desvinculación de Valiente de la OFI. Finalmente, el caso se archivó luego que el periodista acordara un derecho a réplica.

– Diputado César Vega contra Leandro Grille de Legítima Defensa.

El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, presentó una demanda penal contra el periodista Leandro Guille. El 29 de julio
Vega realizó una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo y mostró ante cámaras a mujeres con elementos de metal adheridos a su cuerpo, atribuyendo el fenómeno a la vacunación contra la Covid-19. Pocos días después trascendió que esas personas no habían sido vacunadas.

Durante una de las ediciones del programa televisivo, Grille cuestionó la conducta del legislador, quien consideró que el periodista realizó una serie de
“conceptualizaciones difamatorias e injuriosas”. La demanda de Vega fue rechazada en primera instancia, aunque el legislador anunció su intención de apelar, lo
cual no ha concretado.

– Científico Gonzalo Moratorio contra Esteban Queimada de Radio Nacional El 12 de agosto, el virólogo Gonzalo Moratorio presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el conductor radial Esteban Queimada. El abogado de Moratorio dijo que Queimada, en su programa, realizó una serie de comentarios agraviantes por su apoyo a la vacunación contra la Covid-19, por lo cual buscan una retractación del denunciado por la vía judicial.

– Expresidente del Defensor Sporting Club, Daniel Jablonka, contra Nicolás Musetti de Control Orientado Jablonka presentó una denuncia penal por difamación contra el periodista deportivo Nicolás Musetti, a raíz de informaciones publicadas hace más de un año sobre una asamblea de la institución en la que se discutieron detalles de su gestión financiera. El exdirectivo incluyó a otras cuatro personas en la denuncia, y presentó como prueba sus publicaciones en redes sociales; en el caso de Musetti, en ninguna de ellas aparece mencionado el denunciante.

La primera audiencia se realizó el pasado jueves 9 de setiembre. Hasta la publicación del presente comunicado no se realizaron nuevas actuaciones.

– Integrante de Cabildo Abierto, Pilar Silvestre contra La Diaria y Caras y Caretas Pilar Silvestre presentó una demanda judicial contra los medios Caras y Caretas y La Diaria por las informaciones publicadas en marzo de 2020 luego de su frustrada designación como Directora Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social.

La primera audiencia fue fijada para este jueves 16 de setiembre. A estos juicios presentados se suma la amenaza realizada por la
senadora Graciela Bianchi a través de la red social Twitter el 16 de julio al coordinador de informativos de Canal 4, Gonzalo Terra, a quién advirtió que presentaría ante Fiscalía una demanda por difamación e injurias si no reproducía textualmente sus tuits respecto a la formalización de dos agentes de policía por el homicidio de un joven. La presentación judicial todavía no se produjo.

A su vez, el periodista del semanario Crónicas del Este, Sergio Secinaro, denunció el 20 de agosto que recibió la llamada del ministro de Trabajo Pablo Mieres,
y de uno de sus asesores, reclamando el retiro de una publicación para evitar la presentación de una demanda judicial. La noticia refería a que el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, había contratado a una empresa que hasta diciembre de 2019 integró la hija del secretario de Estado. Pocos días después de ese episodio, Mieres dijo en una entrevista en televisión que había desistido de la demanda porque el periodista aclaró la situación.
CAinfo reitera su preocupación ante este ambiente de hostigamiento hacia periodistas y medios de comunicación, que configura una amenaza a la libertad de expresión y la instalación de un clima de amedrentamiento hacia todo el colectivo que reduce la calidad de la información que llega a la población.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha reiterado que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”. Y que “las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho”.

En mayo de este año, el secretario general de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, presentó una denuncia por difamación e injurias contra la periodista Ana Laura Pérez.

El dirigente sindical solicitó un derecho a réplica por los dichos de Pérez, el que fue concedido el 21 de mayo de este año. Sin embargo, López presentó una denuncia penal que aún está abierta.



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