Textos: Ignacio Cirio
El cambio de gobierno nacional y la designación del ing. agr. Eduardo Blasina como coordinador del grupo de trabajo que tenía el cometido de redactar un Plan Nacional de Agroecología hizo retroceder varios casilleros los acuerdos, aunque finalmente el 23 de diciembre hubo humo blanco y las instituciones públicas junto a las organizaciones de productores cerraron un acuerdo, inédito en el país y que aporta sostén institucional a la búsqueda de la sustentabilidad en los sistemas agroalimentarios.
Las restricciones presupuestales planteadas por la actual administración también explican el hecho de que este plan aún no cuenta con presupuesto asignado y la alternativa sería el aterrizaje de proyectos internacionales a través de endeudamiento externo.
La ley –presentada en el Senado por el entonces senador Leonardo De León (FA)- declara de interés general para el país el fomento de la producción agropecuaria sobre bases agroecológicas y crea una Comisión Honoraria coordinada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con integración de diversas instituciones y representantes de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la producción de alimentos.
La Comisión está integrada por 13 miembros titulares y 13 suplentes: 7 del espacio público y los otros seis de las organizaciones de la sociedad civil. En representación de los productores familiares organizados en Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) trabajaron el ing. agr. Sebastián Peluffo y Fernando López.
La Comisión para el Plan Nacional de Agroecología (CPNA) estableció como meta el Plan Nacional de Agroecología (PNA) para febrero de 2020. Sin embargo, el cambio de gobierno en Uruguay concretado en marzo de 2020 –y por ende las representaciones de varias instituciones oficiales y del propio Presidente de la Comisión- motivó la rediscusión de los avances inicialmente alcanzados y el trabajo en cinco grupos temáticos, lo cual derivó en el acuerdo alcanzado en las últimas jornadas del pasado 2021.
El clima de labor de los delegados a la CPNA se vio afectado por la resolución del MGAP de dejar sin efecto el Sistema Participativo de Garantías (SPG) que representaba el mecanismo para la homologación de la producción orgánica en el país, trasladando a la Dirección de la Granja a modo de interinato dicha función.
La secretaría resolvió asimismo de forma intempestiva adoptar como criterio de certificación orgánica en el país las normas vigentes en la Unión Europea, situación normativa aún vigente.
Entre los avances contenidos en la Ley y también en su consecuencia, el Plan en sí mismo, debe contarse con una definición -siempre difícil- de Agroecología, con estatus legal y aplicable a nuestros sistemas agroalimentarios.
Las sesiones de la CPNA, ordinarias y extraordinarias, fueron de carácter abierto, garantizando así la participación de las organizaciones no contempladas por la Ley y de la ciudadanía en general.
Metodológicamente, para la redacción del Plan Fue acordada la creación de cinco grupos de trabajo que contemplaron los lineamientos mandatados por la Ley: Fomento y promoción de la producción agroecológica; Acceso y distribución; Recursos genéticos; Formación, investigación y extensión; Gobernanza y diálogo social, con el cometido de elaborar un modelo de gestión del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas.
Modelo en cuestión
En su fundamentación, el texto preliminar aprobado del PNA señala el peso de la producción agropecuaria uruguaya, su saldo exportable y las industrias alimenticias asociadas, en la generación de riqueza y economías locales, al tiempo que pone en cuestión el modelo de intensificación y su sustento económico y ambiental. Entre los problemas y desafíos señalados en el texto –a cuya versión preliminar accedimos- se destaca la degradación de suelos, la polución de estos y también aguas a través de pesticidas de síntesis química y señala la magnificación de riesgos ambientales producto del cambio climático.
La producción sobre bases agroecológicas ha demostrado dotar de mayor resiliencia a los sistemas productivos, frente a factores extremos de cambio. “La gestión predominante de la agricultura actual requiere de altos niveles tecnológicos, financieros y de capital, lo cual hace necesarios incentivos y políticas específicas para aquellas unidades productivas de menor tamaño y de carácter familiar. La baja en la cantidad de pequeños productores familiares es un hecho notorio de las últimas décadas”, apunta el documento. Ante ello se estima que la agroecología como estrategia y práctica científica y técnica productiva “contribuye a la sustentabilidad de los predios familiares y de menor tamaño (escala), junto con otras políticas públicas dirigidas a este sector”.
Los integrantes de la CNPA hacen pie en pronunciamientos entre otros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para señalar “a la agroecología como una perspectiva apropiada para hacer frente a los desafíos involucrados”.
Programa
En su apartado referido a la producción, el Plan incluye las líneas de un Programa nacional de fomento a la producción agropecuaria de base agroecológica que incluye varios “proyectos”. Entre ellos se destacan:
- Asistencia a la transición agroecológica a productores familiares a través de un relevamiento que permita establecer una línea de base, incorporando asimismo “la Agroecología de forma transversal en las políticas de desarrollo rural y apoyo a la producción del MGAP” y otras dependencias estatales “incluyendo llamados específicos, ponderaciones, asistencia técnica, cuotas u otras estrategias de acción afirmativa en todas las políticas y en especial en las vinculadas a convocatorias a proyectos para el fomento y promoción de la Agroecología”.
- Otro proyecto especificado busca “promover que, desde las intendencias y municipios, se facilite el acceso a espacios para generar huertas comunitarias y/o familiares” e incentivar la integración de espacios de producción agroecológica “que promuevan funciones ecosistémicas en los espacios urbanos públicos”.
- Se estudiarán herramientas fiscales y legales para incorporar jóvenes a la producción agroecológica en su faceta de generadora de empleo.
- Otro punto abarca los sistemas de capacitación y de certificación participativa, así como la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) asociadas a la gestión de predios agroecológicos y su certificación.
- “Avanzar en los procesos normativos vinculados a la certificación de productos de origen animal y de alimentos procesados provenientes de sistemas en transición y agroecológico, así como la certificación de insumos aptos para la producción ecológica” propone otro de los proyectos enumerados.
- El documento también subraya la importancia de hacer crecer la biodiversidad y escalar el volumen de producción sobre bases agroecológicas e “incorporar a los Planes de Uso y Manejo de Suelo el componente de conservación y/o restauración de la biodiversidad (ej. rotaciones de cultivos agrícolas con praderas)”.
Demanda creciente
De otra parte, el Plan se plantea mejorar el acceso de la población en general a los alimentos producidos de forma agroecológica, de los cuales, señala, existe una “demanda creciente”.
En el diagnóstico de este apartado ”se identifican limitantes relacionadas a la planificación de la oferta y la comercialización de los productos agroecológicos y logísticas para la distribución de los productos”.
Una herramienta potente para hacer más accesible a los consumidores estos alimentos diferenciados es la compra por parte del Estado, aunque se matiza señalando que las licitaciones no se adaptan a las condiciones de la producción agroecológica o, en otras, son insuficientemente difundidas.
Respecto a alimentos con algún grado de procesamiento o agregado de valor, el Plan proyecta “integrar el procesamiento y transformación de la producción agroecológica a las herramientas de promoción y financiamiento existentes y delinear “protocolos específicos para habilitar plantas pequeñas para el procesamiento de productos agroecológicos por grupo de alimentos y procesos”.
Diferenciar, potenciar, ensanchar
El ing. agr. Sebastián Peluffo, quien representó a CNFR, organización de la producción agropecuaria familiar, en el proceso de discusión no ocultó lo arduo del proceso, pero celebró calurosamente el resultado final. Entiende que no es fácil lograr un PNA dentro de un período de gobierno y mucho más si hablamos en medio de un cambio de administración. “Por ello nos parece que valió la pena [la espera] por contar con un Plan Nacional de Agroecología aprobado por consenso. Nos parece que es muy importante el llegar a elaborar las acciones coordinadas en el territorio entre las organizaciones de la sociedad civil y los públicos. La sociedad en su conjunto se va a reflejar en ese Plan al ser aceptado y validado y que contenga los aportes de todos los sectores de la sociedad, aunque no deja de ser un primer paso que se da”, dijo Peluffo. “Es un proceso que como todo cambio requiere de una madurez y tiempo para uno irlo decantando, se trata de un nuevo paradigma productivo como lo es la agroecología y el país lo reconoce. Esto le da una dimensión nacional”.
Para Peluffo, quien además es productor de hortalizas, asesor extensionista y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, “desde CNFR siempre vimos que la agroecología va en la misma línea que la producción familiar y puede ser una estrategia válida para muchos sistemas productivos. Muchos productores pueden diferenciar su producción y agregarle valor a la misma. La agroecología potencia y agranda las chacras, las diferencia. El productor familiar desarrolla su actividad productiva en el predio y entonces, cuantas más herramientas tendientes a la agroecología pueda sumar, aporta a la salud de los productores, consumidores y los propios trabajadores de la quintas”.
El técnico y productor señala que algunos principios de la producción agroecológica, como el de apuntar a la calidad por encima del volumen de producción, representan un camino de solución a los problemas de las economías de la producción familiar.
Oportunidad y endeudamiento externo
Los avances significativos en este camino de afianzamiento en el plano político institucional de la Agroecología en el Uruguay, sin embargo, no cuentan con una previsión en el presupuesto Quinquenal aprobado en 2020.
Consultor y “bicho de proyectos”, Blasina negoció, en paralelo a la aprobación del Plan con el Banco Mundial, un proyecto de endeudamiento externo que, en principio, daría combustible a su implementación.
El 30 de noviembre, en su página oficial, el Banco Mundial anunció la aprobación de “un préstamo de US$ 35,5 millones a Uruguay para desarrollar sistemas de información que permitan a productores y responsables de políticas públicas anticipar medidas de resiliencia frente al cambio climático y acompañar el desarrollo de la agroecología”.
Según el BM, “el objetivo del programa es promover que la producción de alimentos en Uruguay se lleve a cabo de forma ambientalmente sostenible, permitiendo así participar de los mercados internacionales más exigentes”.
El mismo hecho de haberse aprobado antes de alcanzarse el acuerdo sobre los contenidos del PNA es indicativo de que la cifra mencionada no irá dirigida totalmente a su puesta en práctica. De hecho, aunque en un lenguaje propio de los proyectos internacionales, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, describió el acuerdo como “una plataforma que permite investigar y desarrollar las trayectorias tecnológicas necesarias para una estrategia que incorpora transversalmente a la agroecología como un aspecto relevante en las políticas agropecuarias de Uruguay, profundizando un camino que Uruguay ya está recorriendo tanto en la investigación como en aspectos como la ley de uso y manejo de suelos y la trazabilidad”.
Participantes de la CPNA comentaron que con este proyecto el MGAP también contaría con recursos para hacer frente a sus funciones que hoy cumplen técnicos con contratos a término y que la “tijera presupuestal” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recortó en el Presupuesto Quinquenal.
Jordan Schwartz, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, citado en la web del BM afirmó que “los mercados son cada vez más sofisticados y exigen alimentos producidos de manera sostenible y responsable. Este proyecto es una nueva oportunidad para que Uruguay siga profesionalizando los procesos, incorporando tecnologías y generando capacidades que le permitan ser reconocido como país agro-inteligente y competir a la altura de los líderes mundiales”,
Tomar un endeudamiento tal para favorecer a la agroecología parece comprensible en el actual contexto de políticas ambientales. Sin embargo, al comentarlo, viene a la memoria el rechazo por parte de esta administración de un crédito ya concedido por el Banco Mundial destinado a brindar proyectos de manejo de agua (“Más Agua para el Desarrollo Rural”), negociado por la Dirección de Desarrollo Rural del MGAP en el anterior quinquenio y que hubiera sido más que necesaria, habida cuenta de los tres recientes veranos con déficit hídrico.
El consenso alcanzado, sumado a la voluntad bancomundialista, abre buenas perspectivas para un avance de la Agroecología en Uruguay, aunque también en este contexto existen tensiones de prioridades y concepción: la realidad y la correlación de fuerzas, nuevamente, será la que defina.
Definición
El documento recoge una definición amplia de agroecología, en sintonía con los consensos internacionales al respecto, abarcando el conjunto del sistema productivo (definición sistémica): “La agroecología es un concepto amplio, que recibe creciente atención en el mundo y que evoluciona incorporando una mayor complejidad. (se entiende por agroecología) “la aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles”. El concepto abarca “la producción, distribución y consumo de productos en estado natural o procesados, no limitada al ámbito biofísico y/o tecnológico, incorporando la dimensión socioeconómica, cultural y objetivos de soberanía y seguridad alimentaria y calidad de vida”. “La Agroecología emerge como una ciencia que reúne los aportes de distintas disciplinas científicas ecológicas y sociales, integrando y aplicando el conocimiento tradicional y prácticas culturales de los agricultores y las agricultoras, para diseñar y manejar agro-ecosistemas productivos, diversificados y resilientes con el objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia social”.
“Cada vez más urgente una transición”
El coordinador de la Comisión Honoraria, ing. agr. Eduardo Blasina, considera que “uno de los desafíos a nivel global es el de desentrañar los mecanismos por los cuales la producción de alimentos nos permita garantizar la seguridad alimentaria, enfrentando el reto del crecimiento demográfico y, al mismo tiempo, revertir los impactos sobre la naturaleza y, particularmente, sobre las poblaciones más vulnerables”.
En un reciente artículo publicado en el portal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sección Uruguay, el técnico define a la Agroecología como “oportunidad para la sostenibilidad y posicionamiento de Uruguay”. “Es cada vez más urgente una transición orientada a la producción sostenible de alimentos y a la promoción del consumo sostenible, restaurando así los ecosistemas degradados y la biodiversidad, favoreciendo el balance de carbono y reduciendo el aporte de nitrógeno y fósforo a las aguas. En Uruguay existe una enorme oportunidad de potenciar los conocimientos tradicionales y fomentar su diálogo con avances tecnológicos, enfocado en las necesidades y los contextos locales”, señala Blasina en la ponencia.
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