Aviesos espasmos de un gobierno terminal

El desaguisado más incomprensible, o demasiado comprensible, fue la firma del contrato entre OSE y el consorcio Aguas de Montevideo, con el propósito de poner en marcha el Proyecto Neptuno destinado a la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí, San José, que provea agua potable al Área Metropolitana, un emprendimiento cuestionado por su grosera inconstitucionalidad, su costo exorbitante que condicionará al Estado durante casi dos décadas y sus graves impactos ambientales.

Asimismo, también apuró la reglamentación de la Ley de Medios para repartir la torta entre sus amigos del obsecuente oligopolio audiovisual empresarial, el cual ha sido favorecido en estos cinco años sin ningún pudor.

La otra ofensiva es la de los acomodos, con la masiva presupuestación de centenares de funcionarios públicos. El caso más flagrante es el de ASSE, donde se regularizó la situación de casi 500 empleados. La quinta parte de ellos ocupan cargos de confianza y no prestan funciones asistenciales. Por ende, se trata de militantes de los partidos de la coalición de gobierno. Es grosero clientelismo.

En el pasado, la derecha denunció el presunto ingreso de 70.000 funcionarios estatales durante los gobiernos del Frente Amplio. Empero, la mayoría de esos supuestos ingresos, cuya financiación fue calificada como despilfarro, fueron regularizaciones de pasantes, becarios y contratos precarios. Por supuesto, se crearon más cargos en la educación, la salud y la Policía, tres áreas de máxima prioridad desatendidas por los gobiernos de los partidos tradicionales.

Desde 2020 hubo numerosos ingresos a dedo en el Estado, particularmente en las intendencias del interior, donde más del 60 % de los funcionarios entran por designación directa, situación que no es nueva. Obviamente, lo sucedido en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande colmó todo lo tolerable. En ese contexto, el Partido Nacional no aceptó votar una ley que regule estas situaciones y que establezca que los únicos mecanismos de enrolamiento sean el concurso o el sorteo.

En otro orden, es imposible pasar por alto el decreto del Poder Ejecutivo relativo a las normas que rigen la actividad de la industria forestal. Al respecto, se establece que la forestación “sin cambio de uso de 100 o más hectáreas en un establecimiento o unidad de producción podrá ser ejecutada bajo responsabilidad del titular”, aunque la autorización ambiental esté en trámite, únicamente dando aviso al Ministerio de Ambiente. Esta disposición es una suerte de desregulación en un sector de la producción nacional que genera mucha riqueza y donde se sabe que la familia del presidente Luis Lacalle Pou tiene intereses.

Lo más grave es la firma del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que tiene fuerte hedor a corrupción. No en vano, Alejandro Ruibal, dueño de una de las empresas que integran el conglomerado, fue tentado sin éxito para ser candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana, en representación del Partido Colorado. ¿Ustedes no sospecharían?

Partiendo de la premisa de que la futura planta sería gestionada por privados durante casi dos décadas —lo cual equivale a casi cinco períodos de gobierno—, la decisión del Poder Ejecutivo saliente vulnera el artículo 47 de la Constitución que comete a OSE —en forma preceptiva— la responsabilidad de la producción, suministro, distribución y gestión del agua potable. La disposición, que fue la última enmienda que se introdujo a nuestra Carta Magna, contó con la adhesión del 64 % del electorado, en el plebiscito celebrado el 25 de noviembre de 2004.

Más allá de la grosera inconstitucionalidad de la decisión, la participación privada costará nada menos que 12 millones de dólares anuales más que si la obra fuera asumida por OSE. Es decir, un negocio redondo para el capital que generará un grave perjuicio a la economía del ente, que se financia con las tarifas que pagamos los uruguayos. En efecto, la planta —que si fuera construida por OSE costaría algo más de 200 millones de dólares— insumirá al Estado un desembolso de casi 900 millones de dólares en los 18 años y medio que abarca el contrato.

Asimismo, un informe de un grupo de veinte expertos de la Universidad de la República, el Centro Universitario Regional del Este, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y la Universidad de Wageningen recibido por el futuro presidente Yamandú Orsi, que es demoledor, advierte en torno a los graves daños ambientales que generará la obra, cuya ejecución nos condenará a beber agua contaminada, lo cual comporta un serio riesgo para la salud de los pobladores del Área Metropolitana.

La derecha también le puso foco nuevamente a lo mediático y apuró la reglamentación de la Ley de Medios sancionada por la Coalición Republicana en el Parlamento nacional, que mantiene los privilegios de los grupos empresariales e incluso los aumenta.

Del texto de la ley y de la correspondiente reglamentación se infiere que hay una clara disposición del Gobierno a favorecer a determinados grupos empresariales de medios, lo cual, a través de la concesión de licencias, apunta a la concentración y, por ende, restringe la libertad de expresión, consagrada, a texto expreso, por el artículo 29 de la Constitución de la República.

No es casual que los beneficiarios de esta escandalosa dádiva sean los mismos a los cuales se les entregó la explotación de la televisión para abonados en 1994, durante el gobierno, vaya casualidad, del padre del presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera.

Su hijo, Luis Alberto Aparicio Alejandro, para no ser menos, dispuso la desmonopolización del servicio de datos, que constituye una flagrante violación al artículo 6 de la ley n.º 14.235 de creación de Antel, que confiere el monopolio de los servicios de telecomunicaciones al ente. Asimismo, violenta la abrumadora voluntad ciudadana expresada en el referéndum que derogó en 1992 la ley 16.211, la cual establecía la privatización de servicios públicos.

La medida favorece a los cableoperadores, que también son propiedad de los canales de televisión de aire y permite a los empresarios, no sólo competir con Antel —que recauda anualmente más de 400 millones de dólares por la prestación de este servicio—, sino también usar las instalaciones de fibra óptica del Estado sin necesidad de invertir.

Incluso, en virtud de la Ley de Medios, de ahora en más, las empresas “amigas” no pagarán más el canon por la explotación del espectro radioeléctrico que son de toda la sociedad, pese a que facturan millones de dólares por pautas publicitarias.

Como el Titanic multicolor se hundirá dentro de 14 días, este Gobierno saliente, que nunca tuvo filtro, arma a contrarreloj un nuevo tinglado, apuntando a las elecciones departamentales, a preparar el regreso de Luis Lacalle Pou en 2029 y a favorecer a los “malla oro”. Habrá que desmantelarlo.