Bajaron los accidentes y reclaman fiscalía especializada

Desde mucho tiempo antes, desde los sindicatos comenzó una movilización en reclamo de mayor seguridad en el trabajo. Para eso se hacían necesarias nuevas herramientas que debían ser contempladas en una ley. Entre estas se señalaba la necesidad de capacitación, charlas de inclusión para todos los trabajadores de la construcción, el rol del delegado de seguridad, “su competencia para detener la obra cuando había un peligro sobre la salud, la seguridad de él o de otros trabajadores”.

Como resultado de esa campaña se “generó un alcance social de empuje muy fuerte hacia esta ley”.

Aumento de técnicos

Tras la aprobación de la norma se vieron efectos positivos como fue el crecimiento del número de técnicos prevencionistas en muy poco tiempo. “No llegaban a mil técnicos registrados en el Ministerio de Trabajo y hoy hay más del triple”, sostuvo.

Incluso los empresarios “empezaron a generar también una cultura diferente, donde se abastecieron de implementos para prevenir accidentes, tanto de uso personal como colectivo. Además del comercio. Comenzaron a surgir casas dedicadas a la venta de cascos, que vendían cintos, que vendían cuerdas, zapatos, ropa para trabajar, vendían elementos para prevenir los accidentes. Creció ese mercado y empezó a bajar la siniestralidad también”.

Y comenzó a registrarse una baja de la siniestralidad. “Entre 2019 y 2018 unos 30.000 trabajadores fueron al Banco de Seguros del Estado. De 50.000 bajamos a 30.000. También cayó la mortalidad en el trabajo y pasamos de 50 a 30 casos”, explicó.

“Nuestra idea es la creación de una fiscalía especializada que investigue los accidentes de trabajo” “Nuestra idea es la creación de una fiscalía especializada que investigue los accidentes de trabajo”

Sin embargo, en los últimos años comenzó a registrarse un cambio. Para el caso de la construcción se pasó de 7.500 trabajadores accidentados a 2.941, y tres fallecidos.

Pero en 2019 “empezamos a ver un cambio. Había un indicador que subía un poco, de 30.000 a 31.000 y poco de accidentes. Y ese año las muertes anduvieron cerca de las 25”.

Hay que tener en cuenta, advirtió, que en la construcción “había bajado un poco también, pero en 2020 bajó más. Y esto se da en un momento de crecimiento de la desocupación en plena crisis sanitaria. El desempleo creció dos puntos y pasó de 8,8 % a un 10,4 %. Había mucho menos gente expuesta a los accidentes de trabajo por lo que bajaron un poco, pero en la construcción se mantenía igual que en 2019. Pero después del 2021 se disparó, pasamos los 33.000 trabajadores en 2021, en la construcción hay más accidentes. Pasamos de 2.800 y pico a 3.400”.

Finalmente, en 2023 fallecieron seis trabajadores en la construcción. “Un número alto dado lo que habíamos logrado en años anteriores”, sostuvo.

Una mirada en perspectiva

Respecto al trayecto de la ley en estos 10 años, Abat recordó que, por ejemplo, “algunos empresarios han querido declararla inconstitucional, pero en 2015 los ministros de la Suprema Corte la respaldaron en una votación de cuatro en cinco”. Y en este sentido precisó que se tuvo en cuenta que no se trata de una “ley en blanco”, porque “hay normativa vigente en todos los sectores. En la construcción, quien va a construir sabe que a los dos metros tiene que dar un cinto de seguridad al trabajador si está expuesto, por ejemplo. No es una ley en blanco, quedó claro eso”.

Precisó que en este caso la ley se sostiene porque “hay una normativa. En la construcción hay un decreto que tiene 427 artículos que establece para cada trabajo cuáles son los mecanismos de prevención. Si se va a hacer una excavación tiene que haber un plan de excavación con las medidas de seguridad pertinentes”.

“Y si no cumple con eso, probablemente hay una falta del empleador”, subrayó.

Ahí, entonces, “la ley, cuando actúa, cuando no se cumple con eso, y responsabiliza penalmente al empleador si no se previeron los mecanismos de seguridad para el servicio del trabajo, sabiendo que hay mecanismos de seguridad”.

Es por estas razones que desde el movimiento sindical se insiste con la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales. “El problema más grande que tenemos tiene que ver con que si un trabajador pierde la vida en su lugar de trabajo, porque las condiciones no estaban tal como dice la normativa, y la familia quiere saber cuáles fueron las causas de la muerte y responsabilizar a quien corresponde, debe contratar a un abogado y recurrir a la Justicia penal”.

“Un fiscal debería investigar qué fue lo que pasó, ver los antecedentes de la empresa, un montón de cosas más para, en todo caso, aplicar la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial porque ese trabajador murió por las condiciones de trabajo”, explicó.

Recordó que hace unos días en Tacuarembó dos trabajadores recibieron una descarga eléctrica y cayeron al vacío. “No tenían cinto de seguridad, no tenían casco ni cuerda para la vida”, sostuvo.

“Ahí hay una responsabilidad penal”, sentenció. “Pero si la familia después quiere investigar va a tener que contratar a un abogado”.

“Los casos que tenemos por esta ley fueron pocos, los contamos con los dedos, fueron tres. Y si nosotros tenemos tres de la construcción, imagínense la cantidad que hay, porque nosotros tenemos muchas herramientas de prevención” sostuvo. Y detalló que hay un decreto de 427 artículos que acompaña el avance tecnológico, “la nueva forma de construir”, como así también “nuestros delegados tienen varios elementos para recorrer el lugar de trabajo”.

“Tenemos un libro de obra donde se registra la falta a la norma, los problemas que hay en la obra, si se detuvieron las tareas. Tenemos asamblea de seguridad, donde convocamos a todos los integrantes de la obra, no solamente a los trabajadores, sino también al técnico prevencionista, a la dirección de obra”, agregó.

Incluso los delegados de seguridad tienen la potestad de detener la obra en aquellos lugares donde se constaten faltas a las normas.

“Esta detención de tareas es una potestad que el delegado de seguridad tiene cuando entiende que hay un peligro para él o para otros trabajadores, y sacarlos de donde está el peligro”, explicó.

Inseguridad laboral

Puso como ejemplo que “ya en 2015 había una obra en construcción, una empresa muy conocida en la plaza, donde había más de 600 trabajadores. Nosotros pasábamos escribiendo en el libro de obra, los trabajadores deteniendo tareas, porque siempre había materiales acopiados por todos lados, donde transitar por esos lugares para ir a almorzar, o a vestuarios, comedores, o baños, era todo una complicación”.

Cada falta que se constataba “se corregía parcialmente, pero volvían de vuelta a ese mismo ritmo”.

“Había muchos cables por el suelo que no debían estar, debían estar protegidos o colgados. Había zanjas sin señalizar, pozos sin baranda, y esas cosas eran normales en ese lugar de trabajo. Y pasábamos deteniendo tareas, hablando con la empresa. Se pasaba corrigiendo, pero siempre de la misma forma”, indicó Abat. Hasta que llegó un día que “vino un grupo de trabajadores a hacer un mantenimiento a la grúa que estaba a más de 30 metros de altura”.

Durante esos trabajos “estaban cambiando la linga y esta cae de 30 metros al suelo y cae en un lugar por donde pasaban los trabajadores para ir los sanitarios”.

“No dañó a nadie, pero ahí hubo una falta por parte de la dirección de obra. Además, no se valló la zona donde podría caer cualquier material, cualquier herramienta. Y eso generó que los trabajadores pararan rápidamente, nos convocaran junto con los delegados y asesoramos a los trabajadores a hacer la denuncia por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial”, sostuvo.

En consecuencia, “se responsabilizó penalmente a dos directores de la obra que tenían el poder de decisión”.

Por esas razones, “nuestra idea es la creación de una fiscalía especializada que investigue los accidentes de trabajo”.

Sostuvo que los controles del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no son suficientes. “Va la inspección de Trabajo, hace una observación y después vuelve a ver si esa observación se cumplió. Nada más”.

Por esa razón, en este periodo el movimiento sindical insistirá en la creación de una fiscalía especializada, como complemento necesario de la ley.