Blancos gobiernan como patrones de estancia

Diferente es la situación de la exdiputada Valentina Dos Santos, quien no podrá ser candidata a cargos parlamentarios, pero sí en las elecciones departamentales de mayo de 2025, porque su condena es de apenas seis meses.

La Intendencia de Artigas pagó cientos de horas extras en forma irregular a la exfuncionaria Stefani Severo, cuando ésta se desempeñaba en Recursos Humanos. Según su recibo de sueldo de diciembre de 2022, a la funcionaria le computaron 196 horas extras y 53 horas en feriados. Un mes antes, le adjudicaron y pagaron 209 horas extras y 39 horas trabajadas en feriados. Severo se embolsó casi un millón y medio de pesos por horas extras que jamás cumplió.

La sentencia surge de un acuerdo abreviado entre el hoy exintendente y el fiscal Federico Rodríguez, lo cual implica la asunción de la responsabilidad por los hechos que se le imputan, a cambio de una reducción de la pena. En efecto, los 14 meses de prisión serán cumplidos en régimen de libertad a prueba, con cuatro meses de tareas comunitarias.

Caram, que desde su alta investidura siempre practicó el clientelismo y el nepotismo, también fue denunciado por un escándalo de corrupción, por haber contratado, por casi 4 millones de dólares, a empresas cuyos propietarios son subalternos y amigos.

Desde su primera administración, Caram acomodó gente descaradamente. Al único que le faltó acomodar fue a su perro, porque muchos de sus familiares trabajan en la Intendencia con suculentos sueldos, pagados naturalmente por los contribuyentes.

El senador Luis Alberto Heber afirmó que la situación que se suscitó en Artigas “es una vergüenza para el honor del Partido Nacional”, añadiendo que este es el único caso de corrupción de este período. En realidad, el mismo debería ser imputado por su participación en el ilegal otorgamiento de un pasaporte al narco Sebastián Marset. ¿De qué honor habla Heber? No lo vemos por la niebla.

¿Qué tiene para decir el candidato presidencial Álvaro Delgado sobre este espécimen, que es un protegido del presidente Luis Lacalle Pou? Caram recién renunció cuando la Corte Electoral lo inhabilitó e ignoró el pedido de Delgado, como si éste no existiera.

Esta telenovela es, en versión uruguaya, una suerte de Macondo, el pueblo imaginario que creó el Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. Hay cuatro procesados con prisión e insólitamente todos están en libertad.

“Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador”, reza una estrofa de “Cambalache”, el clásico tango del compositor argentino Enrique Santos Discépolo, que inmortalizó la no menos inmortal voz del cantor uruguayo pedrense Julio Sosa y se aplica perfectamente a lo que está sucediendo en Artigas. Como afirmó el exfiscal de Corte Jorge Díaz, “hay mujeres pobres presas por entrar 50 gramos de marihuana a la cárcel, pero los que se afanan 8 millones de dólares hacen tareas comunitarias”.

El Partido Nacional, que encabeza la coalición que nos gobierna desde hace cuatro años y medio, está empeñado en batir récord de procesamientos y en ponerse a la par de la administración que encabezó Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre del presidente de la República, entre 1990 y 1995.

Para refrescarle la memoria a Heber, si nos retrotraemos a la década del noventa, el prontuario judicial de los blancos espanta. Hasta ahora, el Gobierno más corrupto de la historia era el encabezado por el progenitor de Luis Lacalle Pou, quien en apenas cinco años transformó al Estado, junto a sus secuaces, en un feudo propio.

En ese marco, fue procesado el ya fallecido exministro de Economía y Finanzas, Enrique Braga, por abuso de funciones, por su participación en la fraudulenta venta del Banco Pan de Azúcar.

También fueron imputados penalmente Daniel Cambón, exsecretario de Lacalle, quien fue condenado con prisión por estafa; el exdirector de AFE, Iván Coronel, preso por fraude; Pablo García Pintos, procesado y acusado de recibir coimas por parte de un empresario contratante con el Estado; Julio Grenno, expresidente del Banco de Seguros del Estado, acusado de abuso de funciones; Carlos Mazzulo, exintendente y diputado por el departamento de Flores, denunciado por robo y estafa, por uso de dinero público con fines personales; Alberto Casas, exdirector de OSE y diputado, quien no llegó a ser juzgado porque tenía fueros y la causa prescribió; José Luis Ovalle, exministro de Transporte y Obras Públicas, quien fue imputado por tráfico de influencias; Jorge Sacchi, exdirector del Banco Hipotecario del Uruguay, procesado por fraude, robo y viáticos irregulares; Agustín de Urtubey, exvicepresidente del Banco Central, quien participó en las ventas irregulares de los bancos Pan de Azúcar y Comercial, ambos cerrados durante el pico más dramático de la crisis económica y social que eclosionó en 2002. Cuando comenzaron las denuncias, este hombre se fugó a Miami.

A esta nómina se suman los exintendentes de Florida, Andrés Arocena, y de Colonia, Walter Zimmer, ambos procesados por abuso de funciones. Naturalmente, otros jefes comunales blancos fueron acusados. Antes de Caram, el último intendente blanco procesado fue el de Soriano, Agustín Bascou, imputado de conjunción de interés público y privado.

Por supuesto, faltan muchos nombres de prominentes miembros del Partido Nacional que ocuparon cargos de ediles, alcaldes o concejales, imputados por corrupción o por delitos cometidos en el ámbito privado. Realmente, sería interminable mencionarlos a todos porque aunque parezca inverosímil suman más de medio centenar. Otros quedaron impunes por falta de pruebas o porque sus delitos prescribieron.

Obviamente, aún están abiertas las causas del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, que puede tener nuevas derivaciones, y dos expedientes penales relacionados con el ilegal otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, uno de ellos por presunta destrucción de documentación y ocultamiento de pruebas a la Fiscalía.

Faltaría investigar las exoneraciones otorgadas a familiares de gobernantes y los sobreprecios pagados por la compra de vacunas, de dos aviones Hércules chatarra que están más en reparaciones que en vuelo y de seis aviones de guerra por valor de 100 millones de dólares, monto que excede su cotización de mercado.

Felizmente, en los últimos 65 años el Partido Nacional gobernó sólo en cuatro oportunidades (1959-1962, 1963-1966, 1990-1994 y 2020-2024), porque tiene un talante de patrón de estancia, como lo afirmó la hoy candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll, cuando era dirigente sindical. Ahora, ella aspira a ser parte de ese rancio patriciado que tan ácidamente criticó.