Breve historia del fiscal Gilberto Rodríguez, las presiones y sus cuestionados dictámenes

Sin embargo, al otro día, interrogado por la periodista Georgina Mayo, aclaró que “no existen dirigentes del Partido Comunista (PCU) ni del sindicato de la construcción (Sunca) en calidad de imputados y que tampoco existen pruebas documentales de transferencias ilegales desde el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (FOSVOC) hacia esas organizaciones”. El fiscal Rodríguez agregó: “ Quienes dijeron esos extremos son las tres personas condenadas por los desvíos de dinero del Fondo y algún otro testimonio de otras personas investigadas que aún no están imputadas”. Recordemos que un día antes había dicho que “aparecía muy consolidado que parte de ese dinero iba para el PCU y para el Sunca”.

El pasado lunes 16, Andrade y Diverio presentaron un escrito ante la Fiscalía de Rodríguez señalando “su más absoluta voluntad de estar a derecho en la presente investigación, si así lo amerita la investigación preliminar llevada adelante ante su Fiscalía”. Y enseguida le piden al fiscal Rodríguez que, “por favor, les indique si los comparecientes detentan la calidad de imputados, tal como se señala en los diversos medios de comunicación escritos, radiales y televisivos”. La respuesta del fiscal llegó al día siguiente: “Hasta el momento en que transcurre la investigación, salvo otras resultancias y ulterioridades de la misma, Andrade y Diverio no se encuentran en la calidad jurídica de imputados”.

Sin ingresar en la cuestión de fondo, surge claramente por sus declaraciones —“autoridades del Sunca y del PCU estaban en conocimiento de la maniobra”— que, sin pruebas, como lo reconoció, el fiscal prejuzgó, motivo más que suficiente para apartarse de la causa. Y esta consideración no se hace en defensa de Andrade o Diverio, sino de cualquier persona que se vea afectada de la misma forma. Lo menos que un ciudadano puede esperar de los actores judiciales es el respeto de las leyes. Y por lo tanto, nadie puede acusar sin pruebas a otra persona de haber cometido un delito, sin cometer a la vez el delito de difamación e injurias. Más grave aún si se trata de un importante actor del sistema judicial.

25 años atrás

Las andanzas en Uruguay de Amado Carrillo Fuentes (a), “el Señor de los Cielos”, comenzaron a ser investigadas por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas durante el año 1997. El jefe del cártel de traficantes de Juárez, en su momento el más importante del mundo, estuvo en Argentina y se presume que también en nuestro país. Por lo menos se constató la presencia de su médico personal y de tres de sus más importantes lugartenientes. Poco después se supo de sus negocios.

Parte de la familia del traficante se instaló en Argentina y los diarios recogieron varios relatos sobre su presencia. Pero a mitad del 97 el Señor de los Cielos se sometió a una cirugía estética y aparentemente falleció en el posoperatorio.

Obviamente, los asesores de Carrillo Fuentes eran amplios conocedores de todas las facilidades financieras que ofrecía Uruguay, cuya característica principal es el secreto absoluto. Toda una garantía para quien tiene mucho, muchísimo dinero cuyo origen no tiene interés en que se conozca. Así comenzó esta historia.

En setiembre de 1997, Mirtha Beatriz Llera, vicepresidenta de Sasur S.A., compra el padrón 4027 ubicado en la manzana 722, en calles Havre esquina Paysandú del barrio Lugano, donde está emplazado el chalet Holiday. La residencia era propiedad de Danilo Arbilla, entonces director del semanario Búsqueda, que la había adquirido tres años atrás por consejo de Miguel Burgueño, amigo personal y hermano del exintendente Domingo Burgueño. La operación de compraventa se realizó con la intermediación de la inmobiliaria Costabile de Punta del Este. Por la parte vendedora estuvieron presentes la esposa de Arbilla y el escribano Javier Morassi, ya que la operación, por un monto total de 550.000 dólares, se hizo sobre la base de un pago contado de 300.000 dólares y dos pagos diferidos por el saldo. Llera trabó contacto en ese momento con el escribano Morassi, quien participó también en la compra de campos, segunda operación inmobiliaria del grupo.

El 6 de octubre de 1998, Raúl Oscar Marinone, presidente de Idafal S.A., compra cuatro campos en el paraje “Las Bolas”, 4ª sección del departamento de Flores. En este caso la inversión fue 2.500.000 dólares. Se trataba de unas 4.000 hectáreas separadas en varios lotes linderos propiedad de Etchegoimberry Hnos., A. Pastore, P. Bialade y los Hnos. Máspoli. El intermediario en la operación fue Eduardo Gutiérrez Larre, conocido operador inmobiliario de la zona.

Sasur S.A. e Idafal S.A. fijaron su domicilio fiscal en el escritorio del escribano Javier Morassi, ubicado en la calle Zabala 1312, aunque en el momento de la compra por parte de Sasur S.A. del inmueble sito en el padrón 4027, la dirección de esa empresa era Gorlero 942, Punta del Este, domicilio de la inmobiliaria Costabile.

Durante 1999 el empresario argentino Nicolás Di Tullio en persona hizo contactos y gestiones para adquirir la papelera CICSSA, ubicada en Camino Carrasco. Pero la venta se cayó cuando en diciembre se supo quién era el interesado.

A principios de noviembre de ese año, agentes de la DEA llegaron a Mar del Plata tras los pasos del financista Aldo Ducler, la operativa de Mercado Abierto y los titulares de las cuentas que recibieron los depósitos de narcodinero provenientes de Nueva York. Por primera vez el 2 de diciembre de 1999 el matutino argentino La Nación reveló el nombre del empresario inmobiliario marplatense Nicolás Di Tullio como ligado a Ducler y, por lo tanto, al Cártel de Juárez. Poco días después, Clarín aporta más información al respecto de la operativa en Argentina.

El 9 de febrero de 2000, la Agregaduría de Aduanas de los Estados Unidos en Uruguay solicitó «asistencia con relación a diversas compañías e individuos que surgieron en la investigación Operación Casablanca como compañías de inversión para lavar dinero del Cártel de Juárez».

Las empresas radicadas en nuestro país fueron sospechadas de haber sido creadas para lavar dinero de los traficantes mexicanos, según la Oficina de Investigaciones de la Aduana de los Estados Unidos. Pero de acuerdo a un documento presentado al ministro del Interior Guillermo Stirling por el inspector (r) Roberto Rivero, “poco después el US Customs Service remitió a la DGRTID del Uruguay información complementaria al pedido de información que la primera realizara a la segunda el 9 de febrero de 2000 requiriendo datos sobre lavado de dinero en Uruguay de parte del Cártel de Juárez. Sobre fin de febrero la DGRTID estuvo en posesión de nueva información muy valiosa. En efecto, la agencia norteamericana envió los informes 2, 8, 9, 10, 11 y 12 de las actividades en junio de 1999 del agente especial senior (USCS) Stephen M. Perino (con status de ‘designación combinada’ de DEA) en Buenos Aires, quien estuvo acompañado en su misión por la examinadora especial senior Debra Bonosconi, de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los EEUU”.

El 16 de marzo la jueza de 4º turno de Maldonado, Fanny Canessa, recibió un oficio firmado por el oficial Gonzalo Cozzolino, responsable de la Brigada Antidrogas del Este, en el que se solicita diligenciar información relativa a varias operaciones inmobiliarias realizadas en Punta del Este por Danilo Arbilla.

Después de recoger, en forma casi textual, lo expresado por el jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, a la revista Noticias sobre el papel que cumplen en el lavado de dinero las instituciones bancarias y el estudio Posadas, Posadas y Vecino, califica a Arbilla como “el principal contacto de los Di Tullio”, aunque también se podría leer como “principal contacto del Cártel de Juárez” en Uruguay. Extrañamente el documento no pedía información sobre el chalet Holiday.

Antes de que la magistrada obtuviera la información solicitada al Registro de Traslaciones de Maldonado, un periodista de Maldonado hizo llegar a Arbilla una copia del oficio policial. Arbilla reconoció públicamente que “apenas se enteró de esos oficios habló con el vicepresidente de la República, Luis Hierro López”, a quien conocía porque lo había tenido como empleado, para plantearle su preocupación. Éste habló con el ministro del Interior, y Stirling lo hizo con Rivero, que entonces ya ocupaba la Dirección Nacional de Policía.

El 24 de marzo el ministro del Interior, Guillermo Stirling, ofició a la jueza Canessa para que archive la investigación contra Arbilla. La magistrada contestó que ya lo había hecho “al no surgir ningún dato relevante tal como lo solicitara la Brigada Antidrogas”. El 17 abril el ministro Stirling recibió del inspector Rivero un extenso documento solicitándole permiso para proseguir las investigaciones y reclamó: “Para aventar toda sospecha, delimitar el papel jugado por el escribano Morassi”. Pero el secretario de Estado no lo autorizó.

Fuentes argentinas revelaron al diario La República que “el 29 de abril —cuando el escándalo político ya había estallado pero aún no era público—, desde el teléfono 9153566 correspondiente al estudio del escribano Javier Morassi, se llamó a la Argentina, teléfono 00542234631015, a donde había llamado ya el 26 de octubre. Poco después, desde el mismo teléfono se llamó al 00542266425720. Uno de los teléfonos pertenece a Oscar Marinone y el otro a Mirtha Beatriz Llera, ambos vinculados a la operativa del Cártel de Juárez”. Los informantes dijeron que esta información “fue obtenida por agencias que operan en Argentina” y, aunque no pudieron establecerlo con claridad, aseguraron que “debería haber sido enviada a la Dirección Antidrogas uruguaya”.

El 1 de junio, sin mayores explicaciones, Rivero fue destituido de su cargo como director nacional de Policía, el más alto dentro del escalafón policial. El 9 de junio el semanario Brecha publicó una nota de la periodista María Urruzola donde por primera vez se exponen públicamente las razones que provocaron la destitución del jerarca policial.

A fines de junio declararon en el juzgado de Maldonado Rivero, Arbilla y Morassi. El fiscal Gilberto Rodríguez pidió el archivo de la investigación contra el periodista y el escribano. A su vez, periodistas de Búsqueda presentaron una denuncia por posible interferencia telefónica; Arbilla denunció a Rivero por injurias y simulación de delito y la jueza Canessa denunció al jefe de los fiscales, Oscar Peri Valdez, por violación de correspondencia, ya que la respuesta a un exhorto enviado por Canessa al fiscal de Corte le “llegó en un sobre abierto”, según señaló la magistrada.

Arbilla no era un lavador de dinero narco, sino un vendedor de buena fe. Pero nunca quedó claro el papel de su escribano, al que el periodista defendió con vehemencia, tanta como para provocar la destitución del máximo jerarca policial de la época, quien, aunque no había redactado el oficio presentado por la Brigada Antidrogas de Maldonado ante la jueza Canessa, asumió la responsabilidad por sus subordinados.

Lo más curioso de todo es que nunca más nadie investigó los negocios del Cártel de Juárez en Uruguay.

El fiscal Rodríguez no sólo fue presionado por Peri Valdez, también reconoció que lo presionó Arbilla.

El fiscal de Maldonado Gilberto Rodríguez no sólo aseguró que el procurador general de la Nación, Oscar Peri Valdez, “lo vuelve loco” con sus llamadas telefónicas, sino que además sostuvo que “después de que solicitó desarchivar el expediente, Danilo Arbilla lo llamó muy enojado para cuestionarle su actitud”.

En una grabación a la que accedió este cronista, y su texto fue publicado por el diario La República, se oye al fiscal Rodríguez explicar las razones que lo llevaron a solicitar la reapertura de la causa que investigaba al director del semanario Búsqueda y al escribano Javier Morassi, y cuya clausura había firmado un día antes. La cinta tiene una duración de poco más de 40 minutos, no se trata de la intercepción de una llamada telefónica sino que, por las voces y ruidos que se escuchan con claridad, parece una conversación entre varias personas, cuya identidad se desconoce, registrada en un lugar público.

El viernes 30 de junio del 2000 el periodista Danilo Arbilla declaró como testigo en la sede penal de 4º turno de Maldonado. Al terminar el interrogatorio, y en el pasillo de la sede, encaró al fiscal para preguntarle qué se proponía hacer. Sin ninguna vacilación, Rodríguez respondió: “Quédese tranquilo, esto se archiva hoy”. Efectivamente, después de tener a la vista el expediente, escribió: “Este Ministerio nada habrá de solicitar respecto a Arbilla y a Morassi”.

Según el Código del Proceso Penal viejo, la acción acusatoria estaba siempre a cargo del fiscal; si éste no acusaba o no solicitaban más pruebas, el juez no tenía otra alternativa que archivar la causa. Al otro día, La República tituló: “Arbilla declaró ante la Justicia y de inmediato el fiscal pidió el archivo obligando a la jueza”. A las 9 de la mañana de ese sábado el fiscal Rodríguez fue despertado por una llamada del fiscal de Corte Peri Valdez, quien le preguntó si había leído la portada de La República: “El diario nos tiró un balde de mierda, doctor”, dijo Rodríguez que fue el comentario de su jefe. Peri preguntó, entonces: “¿Usted está seguro del archivo, doctor?”, a lo que Rodríguez contestó: “Le confieso que yo ya tenía mis dudas, por eso mismo que dijo la prensa”. Un par de horas más tarde el fiscal pidió al juez penal de feria y a la actuaria que abrieran el juzgado porque tenía que presentar un recurso solicitando la reapertura del expediente que horas antes había consentido archivar, a lo que ambos se negaron. Sin embargo, el lunes volvió a presentarse, cuando estaba impedido de hacerlo por estar de feria judicial. Después de reír, dijo: “En el juzgado iban a creer que yo estaba borracho”.

Con mucha seguridad Rodríguez reconoce que “Peri se deja llevar por los comentarios de prensa”, y cuando alguien le pregunta si el fiscal de Corte “lo hostiga”, el fiscal de Maldonado reconoce que “me llama de día, me llama de noche”. A continuación, relata que “después del interrogatorio, el director de Búsqueda salió con ganas de dar notas conclusivas a los periodistas. Eso no me gustaba nada y le dije: ‘Arbilla, no hable’”.

“Tenemos que tener cuidado con los teléfonos”, dice Rodríguez a sus interlocutores. “Hace unos días hablé sobre este caso con una persona y a la media hora me llamó Arbilla y me dio una serie de datos que me dejaron impresionado. Decía que sabía que yo había sido presionado por el fiscal de Corte y que tenía un informe del presidente de la República. Arbilla me dijo ‘doctor, usted me habló de archivo y ahora me expone al escarnio público’, y yo tuve que explicarle que después de que salí del juzgado estuve reconsiderando el asunto. Arbilla insistió: ‘Doctor, usted casi no me hizo ninguna pregunta’. Le aclaré que no tenía ningún presumario contra él, vino a declarar como testigo porque nosotros investigamos hechos, no personas”. Pero enseguida confesó que “quedó con el Cristo en la boca” cuando Arbilla salió a decir “no hay nada contra mí, no hay nada contra mí”. “Aceptar eso suponía que yo dirigía acciones contra alguien y no era eso lo que estaba haciendo; es decir, era presuponer que yo estaba dirigiendo posibles imputaciones contra Arbilla o contra Morassi. Y no era así, ellos vinieron como testigos”.

El fiscal agregó que “con lo candente que es esta situación, he querido hablar muy poco. A mí me han presionado bastante. Peri me llama a cada rato; me llama el abogado; me llaman familiares, están los títulos de la prensa, Néber Araújo que me llama… Incluso esto motivó que me llamaran del Edificio Libertad y que Peri también tuviera que ir. La feria judicial la pasé muy mal porque tuve que ir a tres reuniones a la Fiscalía de Corte”. Finalmente Rodríguez dijo que “está aprendiendo, está saliendo del cascarón y soy mucho más permeable al entorno. De repente mi error fue haber hablado delante de Arbilla”.

La jueza Canessa denunció ante la Suprema Corte de Justicia al jefe de los fiscales, Oscar Peri Valdez, por “violación de correspondencia, falta de ética e ingerencia indebida sobre otro poder del Estado”.

A partir de las declaraciones de todos los intervinientes en la causa —Peri, Canessa y el fiscal de Maldonado, Gilberto Rodríguez—, la jueza Aida Vera Barreto recompuso la cronología de los hechos. Después de varias consideraciones, la magistrada sostuvo que no se dan los elementos de tipo penal para configurar una violación de correspondencia. Con respecto a un posible abuso de funciones, Vera discrepó con Peri, quien sostuvo que “era el fiscal Rodríguez quien pedía su apoyo”. A renglón seguido hizo mención al convenio existente entre Poder Judicial y Fiscalía —ahora denunciado—, y aseguró que “no es de conocimiento de esta magistrada que se hubiera aprobado por las instituciones Suprema Corte de Justicia y Fiscalía de Corte mecanismo alguno de diligenciamiento de prueba de oficio a través de los servicios de la Fiscalía de Corte”, y sostuvo que “la conveniencia o pertinencia de aplicación del convenio a que se alude, al caso concreto, es competencia exclusiva del magistrado que entiende en el procedimiento”.

Finalmente, Peri Valdez no fue condenado. Pero el 12 de febrero de 2004 el presidente Batlle y el ministro de Educación y Cultura Leonardo Guzmán —con quien Peri mantenía un fuerte enfrentamiento desde tiempo atrás— dispusieron la realización de un sumario administrativo al fiscal de Corte con separación del cargo y retención del 50 % de su sueldo, siendo nombrado interinamente en su reemplazo el fiscal en lo civil más antiguo, Marcelo Brovia. Se le imputaba, entre otros aspectos, haber propuesto a personas para ocupar cargos de fiscales en base a su criterio personal, haber firmado convenios de cooperación jurídica internacional en representación del Estado sin autorización oficial y haber creado la Unidad de Fortalecimiento Institucional y un centro de apoyo a las fiscalías, violentando la independencia técnica de los fiscales.

La decisión de separar al fiscal de Corte de su cargo, sin precedentes en la historia del organismo, provocó fuertes críticas y repercusiones políticas, incluyendo una interpelación al ministro Guzmán en el Senado.

En enero del 2006, ya con Tabaré Vazquez en la presidencia, Peri presentó renuncia a su cargo como fiscal de Corte; renuncia aceptada por el entonces ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto.

La causa Kirma y un testigo que mintió

El fiscal Gilberto Rodriguez tuvo a su cargo la investigación sobre la empresa Kirma, contratada por el Ministerio de Turismo a cargo de Germán Cardoso por consejo del empresario puntaesteño Elbio Rodríguez.

El fiscal decidió archivar la denuncia por presunta estafa presentada por la bancada de diputados del Frente Amplio.

El periodista Guillermo Draper, editor general del semanario Búsqueda, mantiene un newsletter que envía por mail. En su última edición, publica una información relevante sobre la causa Kirma:

“Casi un año atrás, una persona me llamó a Búsqueda porque quería compartir una información conmigo. Había leído la nota sobre la decisión del fiscal Gilberto Rodríguez de archivar una investigación por presunta estafa durante la gestión del exministro de Turismo Germán Cardoso. El dato que quería pasarme era sencillo: el testigo clave para que el fiscal archivara el caso había mentido. Intentar probar esa información me abriría paso a un mundo que desconocía y del que saco una conclusión. Uruguay es un hub regional de estafas”, dice Draper.

Agrega que “en agosto de 2024, el fiscal Rodríguez tomó declaración a Diego Tayler, uno de los directores de Nation Traffic S.A. Desde una IP contratada por esa empresa uruguaya con oficinas en el World Trade Center salieron los primeros mails de una oscura empresa estonia pagada por Turismo para que le proveyese servicios de marketing durante la pandemia. La había acercado Elbio Rodríguez, un asesor honorario del ministro y persona cercana a Nation Traffic S.A.

Tayler dio una explicación técnica un poco extraña de por qué la estonia Kirma Services había usado su IP (simplificando mucho: una dirección de internet específica) para mandar mails al Ministerio de Turismo. En cualquier caso, el fiscal aceptó esa explicación y, sin dar tiempo a que los denunciantes analizaran el tema ni pidieran más información, archivó el caso”, expresa. “Es ahí que alguien llamó para decir que Tayler no había dicho la verdad. En las oficinas de Nation Traffic, dijo, lo único que funcionaba era un broker, una plataforma de inversiones llamada Tradear.com que ofrecía servicios a clientes en el exterior. Y no solo eso: la plataforma era en sí una estafa.

La fuente tenía su interés y su convicción; el desafío, para mí, era probar que la denuncia era cierta. Me dio algunos datos básicos de la operativa, el nombre de un par de clientes estafados y me dijo que existían quejas sobre esa plataforma y otra anterior que tenía este empresario en páginas especializadas”.

Draper dice: “Conseguí documentos judiciales en Argentina y Brasil, registros comerciales uruguayos, revisé documentos de isla Santa Lucía, España, Chile, Estados Unidos. Y, más importante, logré contactar a víctimas (que habían dejado su comentario crítico en páginas especializadas) mediante diversas redes (LinkedIn, Instagram, Facebook), quienes me compartieron experiencias y documentos. Hablé con extrabajadores de la plataforma que me pasaron documentos internos y me explicaron la mecánica desde adentro”.

El 27 de febrero publicamos en Búsqueda la primera parte de la investigación, bajo el título “Empresarios uruguayos están detrás de una plataforma de inversiones que opera sin autorización y es acusada de estafa”. El título estaba apoyado con el siguiente texto: “Con nombres y direcciones falsas, supuestos expertos, que en realidad no tenían formación, llevaron a miles de usuarios en varios países de la región a invertir y perder dinero en la plataforma; uno de los directores de la compañía, Diego Tayler, fue el testigo clave para que Fiscalía cerrara la investigación por estafa en el Ministerio de Turismo”.

“Después de que publiqué surgieron nuevos datos. Con más información, mostré que el dinero de la plataforma transitaba un recorrido opaco, pero todavía faltaba exponer la mentira del empresario en Fiscalía. Logré contactar a 16 extrabajadores de la compañía y todos me confirmaron que lo único que funcionaba en la empresa era la plataforma de estafas. Nadie conocía a otros clientes, ni de Estonia ni de ningún otro lugar, que demandaran los servicios de Nation Traffic”, afirma el periodista.

Seguramente el público desconoce que en una causa penal el imputado puede mentir porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo; en cambio, los testigos declaran bajo juramento y tienen la obligación de decir la verdad. En caso contrario, deben ser formalizados y condenados. Sin embargo, Rodríguez no solo no citó a Tayler, lo que lo habría obligado a reabrir la causa Kirma, sino que tampoco, como fiscal de Delitos Económicos, abrió una investigación sobre la otra denuncia de Draper: “Uruguay es un hub regional de estafas”.