En la media hora previa en la sesión de este martes en la Cámara de Senadores el senador Charles Carrera (Frente Amplio) se refirió a la publicación del 28 de diciembre del decreto 345/2020 que modifica el 377/2016 que reglamenta la ley de armas.

En este decreto se establecen cambios en la tenencia y porte de armas de fuego y se deroga la ley 19.247 de 2016 aprobada por el expresidente Tabaré Vázquez.

Al hacer uso de la palabra, Carrera sostuvo que «los cambios introducidos en el decreto reglamentario de la Ley 19.247, echaron por tierra una política centrada en la tenencia responsable de armas de fuego».

«Sus modificaciones tienden a incrementar el número de armas en el país al tiempo de reducir controles que fueron pensados en una lógica distinta a la que hoy se sustenta. La concentración en un solo ministerio de toda la información es una forma de administrar información harto sensible de manera poco transparente y que lejos de facilitar dificultará la investigación criminal», agregó.

El senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP) cree que este decreto «cedió terreno a una peligrosa flexibilización que elimina controles y admite mayor número de armas por persona, por citar algunos de los cambios más significativos».

«La normativa vigente centraliza toda la información sobre armas de fuego y sus titulares, en el Ejército, eliminando el control cruzado que aquella ingeniería administrativa proponía dando participación al Ministerio del Interior», añadió.

Por otro lado, Carrera sostuvo que «el número de armas por titular es otro dato no menor que se flexibiliza». «La cantidad de armas por titular pasó de 3 a 8 junto con el aumento de la vigencia de la habilitación y el porte. Todo lo cual se modificó sin definir quién, cómo y cuándo se controla», comentó.

«La determinación exclusiva del registro de armas a la órbita del Ejército, constituye -en los hechos- una traba burocrática que encierra un peligroso efecto que puede llevar a consecuencias graves, principalmente en los casos de violencia de género entorpeciendo el cumplimiento de incautación inmediata de un arma de fuego en poder del denunciado, ya que la información deberá solicitarse por informe al Ejército cuando antes era de acceso directo de la Policía», añadió.

El senador frenteamplista considera que «la disminución de las exigencias y controles para los exámenes de aptitud sicofísica son otros de los puntos cuestionables de la nueva normativa».

«Se eliminan los requisitos expresos de evaluación sico-física para la tenencia y el porte de armas de fuego, y en su lugar se sustituye por un examen más genérico (certificado de aptitud sicofísica expedido por un profesional competente). Una definición vaga e imprecisa, (no especifica quiénes son los competentes), los que -además- no necesitan ser habilitados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), requisito eliminado por la nueva redacción», cuestionó Carrera.





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