El pasado miércoles el Frente Amplio (FA) interpeló al ministro de Transporte y Obras Públicas interino, Luis Alberto Heber, por la concesión por 60 años de la playa de contenedores del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Naty. El miembro interpelante, Charles Carrera, hizo una serie de preguntas sobre los fundamentos jurídicos y económicos de esa decisión sin obtener respuesta.

En consecuencia el FA irá «hasta las últimas consecuencias» con este tema, explicó Carrera entrevistado por Legítima Defensa.

Señaló que este acuerdo «afectará nuestras vidas» ya que todos los contenedores tienen que pasar por allí y los productos que «vamos a adquirir tendrán un sobrecosto».

Destacó que hay dos elementos que preocupan: «Hay una entrega de soberanía muy grande, porque dentro de lo que se acordó con esta multinacional, está lo que se llama reglamento de atraque de buques o sea la llave del puerto de Montevideo. Va mucho más allá de los portacontenedores y los contenedores. Si queremos modificar esto le vamos a tener que pedir autorización a ellos».

Agregó que se trata del reglamento de movimiento de los buques , o sea como ingresan al puerto de Montevideo, los graneleros, los cruceros. «Por ejemplo lo que tiene que ver con la celulosa. Es una herramienta dinámica que hay que modificarla de acuerdo con las necesidades del puerto. Eso es la llave del puerto. Eso está ahí adentro. Por qué, no se entiende».

Indicó que a consecuencia «se constituyó un monopolio privado desregulado y ese monopolio es una violación de la Constitución de la República, de la Ley de Puertos, de la propia ley que creo la concesión».

«Hay un principio que regía que es el de la libre competencia. En el puerto desde la década del 90 existía libertad de competencia entre diferentes competidores y los operadores podían elegir. A partir de ahora se excluye a todos los operadores y se constituye un monopolio», agregó.

Más adelantó advirtió que «lo grave es que esa decisión se tomó a partir, según el presidente, de un juicio inminente, lo que no es cierto. Fue a partir de una amenaza de juicio porque no existe ningún fundamento para decir que este juicio era admisible. Pero además se otorgó sin ningún tipo de fundamento jurídico y económico».

Tras un trabajo de los asesores, los abogados, los economistas del Frente Amplio «hemos podido acreditar que, de la noche a la mañana, el valor de esta empresa ascendió a mil millones de dólares». Y subrayó que «el 25 de febrero, el día que Luis Alberto Heber firma este acuerdo en representación de la Presidencia de la República, esta sube el valor de esta empresa».

En consecuencia «los uruguayos perdemos dos mil millones de dólares porque asumimos una serie de compromisos nuevos. Por ejemplo, dragar a 14 metros el puerto. Le damos un montón de bienes, por ejemplo 183 hectáreas en Puntas de Sayago para que esta empresa entre en el negocio de los molinos eólicos».

«Le hicimos un montón de preguntas y no recibimos respuesta», subrayó.

«Incompetencia o dolo»

Para Carrera en esta cuestión hay dos opciones posibles: «El ministro actúo con una gran incompetencia o hay dolo».

A partir de esto «decidimos como Frente Amplio convocar a las mayorías políticas y sociales para cambiar esta situación, porque no podemos reconocer un acto contrario a todo el ordenamiento jurídico».

«El compromiso del Frente Amplio es seguir hasta las últimas consecuencias», sentenció.



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