Cuando parecía que el gobierno recuperaba la calma después de la pandemia, una de las mutualistas históricas del país se presentó en concurso de acreedores y acusó al ministro de Salud de perjudicarla, “mintiéndole a la ciudadanía y al propio presidente de la República”.

El autor de tamaña denuncia es el presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, un experiente dirigente del Partido Colorado muy cercano al extinto Pacheco Areco, quien dijo tajantemente que Daniel Salinas mintió cuando aseguró que este gobierno le había dado 20 millones de dólares a la institución para ayudarla a salir de su crisis financiera.

Y mintió también -dijo Iglesias- en la cantidad de socios que tiene Casa de Galicia, porque se olvidó en el número nada menos que de 5.000 socios, que económicamente no es un tema menor.

«No hemos recibido ninguna ayuda de esta administración ni de este gobierno», aseguró Iglesias y explicó que fue solo en la administración de Tabaré Vázquez en diciembre de 2019, cuando Casa de Galicia accedió a los recursos suficientes para normalizar la situación que atravesaba.

No solo lo acusó a Salinas de mentiroso, sino también de informarle mal al presidente de la República y de ningunear y perjudicar a Casa de Galicia, ignorando todas las invitaciones y pedidos de audiencia que le formularon.

«Se le pidió muchas veces que viniera y nunca vino. Con el agravante de que esta junta directiva también le pidió entrevistas que nunca concedió. Nunca fuimos recibidos desde que él es ministro. Tuvo tiempo de ir a todas las instituciones del país. Pero nunca vino para Sayago”, aseguró con ironía Iglesias.

Su enojo obedece a que la institución inició el proceso judicial, luego de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no le autorizara a usar el Fondo de Garantía de las cuotas del Fonasa, para crear un fideicomiso por 12 millones de dólares que necesitaba para seguir adelante con su proceso de reconstrucción, y evitar caer en cesación de pagos.

Para el presidente de Casa de Galicia, el gesto del ministro “es casi una canallada, por calificarlo suave».

«Salinas provocó esto, y él va a ser responsable si entramos en cesación de pagos. Y si recurrimos a la Justicia, fue porque es un poder independiente, porque esto no va a quedar acá”, dijo Iglesias y le pidió al ministro que explique por qué por otras instituciones hacen lo que hacen y por qué a Casa de Galicia la quiere llevar al extremo que la quiere llevar.

«No le vamos a permitir al Dr. Salinas que se salga con la suya y le estamos diciendo que vamos a ir hasta el final”, advirtió.

Golpe de gracia

La bronca del presidente de Casa de Galicia tiene una razón fundamental, está convencido de que Daniel Salinas quiere empujarlos al precipicio.

Es cierto que en una crisis tan larga, habrá responsabilidades y malas decisiones que asumir, pero no cabe duda de que la actitud que adoptó el gobierno en el tema puso en jaque a la mutualista y sembró muchas dudas e incertidumbre entre los trabajadores y afiliados.

El golpe de gracia fue que el Ministerio de Salud Pública se negó a dar a conocer los informes elaborados por los veedores que había instalado meses atrás en Casa de Galicia (así como en la Asociación Española y Casmu, que también tienen fideicomisos en marcha), lo cual hace todo más oscuro. Es como negarle a un paciente el resultado de sus análisis y dejarlo sin posibilidad de tratamiento.

O peor aún, como dijo el Fogata Bermúdez a Caras y Caretas, es «como esconderle el recibo de sueldo a un trabajador».

Para el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, lo que el gobierno está escondiendo es justamente el recibo de sueldo que Casa de Galicia necesitaba para demostrar que es viable, y conseguir un préstamo que garantice su futuro.

Sin posibilidad de acceder a Fondo de Garantía de las cuotas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), para crear un fideicomiso por 12 millones de dólares, la mutualista camina por el cadalso.

Salinas saca pecho

Salinas no se ha quedado callado ante estas acusaciones de las autoridades de Casa de Galicia. Ha afirmado que la situación económica financiera es muy mala, que su endeudamiento es poco menos que inmanejable, que tiene comprometidos todos los recursos del fideicomiso anterior y que tanto las autoridades del gobierno como la asesoría económica de la Junasa y la Asesoría Macroeconómica del MEF está informados y siguen atentamente la situación.

Ha dicho además que el ministerio ha sido el protagonista principal de la lucha contra la pandemia, que desde su cartera se aportó “rectoría y gobernanza”, asegurando coordinación entre los diferentes actores del sistema de salud y evitando acaparamiento y especulación con los medicamentos e insumos y disponibilidad de oxígeno y respiradores cuando las necesidades los requerían.

No negó ni justificó la falta de transparencia de la que lo acusan la FUS y Casa de Galicia sobre el secreto con que se guardan los informes de las auditorías ni reconoció que la Junasa no recibió ni se expidió sobre los mencionados informes ni consideró la justificación o no del fideicomiso solicitado por Casa de Galicia.

Parapetado en las encuesta de opinión pública que supuestamente lo valoran como el ministro con mayor apoyo, proclamó que su ministerio es el más socialista del mundo en medio de un universo neoliberal del que su presidente se proclama como el emperador.

Quién más quién menos conoce la leyenda de Tarzán, un outsider, audaz, rápido, fuerte inteligente, reinando entre los animales de la selva y particularmente entre los monos.

Es posible que se sienta poderoso como para escribir la carta que ayer envió a Casa de Galicia donde describe con detalles su deplorable situación económica financiera, las acciones que se han tomado para evitar su deterioro y la ineficiencia de las autoridades para torcer un derrotero ominoso y en la que le da cinco días para contestar las objeciones que impedirían la aprobación del Fideicomiso solicitado sobre el que parecería aún no ha resolución firma.

La carta parece ser el prólogo de la intención subrepticia y al borde de la legitimidad jurídica de la mutualista para asegurar su continuidad y así adelantarse a los efectos que tendría la aprobación judicial del concurso solicitado, lo que probablemente llevaría a la liquidación de la Institución y a la pérdida del control de los efectos  políticos que tal resolución traería aparejada

Tal vez su referencia al socialismo no le caiga bien al Presidente, su soberbia no le caiga bien a Guido Manini y su olvido del rol que jugaron los trabajadores, médicos y no médicos y el Sistema Integrado de Salud no le caiga bien a las instituciones de asistencia ni a los que le pusieron el pecho a la covid en el propio campo de batalla.

Pero eso es harina de otro costal si consideramos que Salinas demostró que el socialismo no sólo es viable en un solo país sino en un solo ministerio y que es más socialista que Carlos Marx y más duro que Stalin.

 

 Pregunta sin respuesta

¿Por qué el Ministerio de Salud declaró confidencial el informe que podría ser la tabla de salvación de Casa de Galicia? Es la pregunta que no tiene respuesta y genera múltiples especulaciones.

Los veedores nombrados por el Poder Ejecutivo realizaron un informe durante el período marzo- julio de este año, sobre lo actuado por la Junta Directiva en la aplicación del fideicomiso recibido anteriormente, y también sobre los proyectos que Casa de Galicia tiene en proceso y los que tiene pensado realizar en un futuro inmediato, para seguir intentando paliar el déficit acumulado.

La Junta Directiva, presidida por Alberto Iglesias, asegura que ese informe demuestra que «se ha procedido en forma transparente y de manera eficiente dentro de sus posibilidades», por lo que se siente que puede aspirar a un nuevo fideicomiso que garantice su continuidad.

Casa de Galicia cuenta con alrededor de 4.000 trabajadores y 43.000 usuarios, y según el MSP hasta 2013 tenía 60.000 afiliados, que fue perdiendo en los últimos años.

Iglesias está convencido de que lo que se hizo en los últimos años ayudó a frenar la caída libre en la que estaba la institución antes de asumir la Junta Directiva.

En ese momento, la institución tenía un pasivo $ 2.084.888.143, lo que equivale a un endeudamiento por US$ 64.269.055 (tipo de cambio 32,44, compra, al momento del cierre del ejercicio económico). A causa de ello, los auditores independientes exponían sus dudas respecto a la capacidad de la institución para continuar funcionando como empresa.

El patrimonio neto era negativo en $ 249.620.778 equivalente a US$ 7.694.845 (dólares americanos), lo que significa que los pasivos superaban ampliamente a los activos.

Iglesias asegura que esto fue una «sorpresa», porque no se conocía en detalle la dramática situación, pese a lo cual, las medidas adoptadas desde el primer día permitieron ir reduciendo el pasivo.

 

Reducción del déficit

Al 30 de setiembre de 2020, último balance auditado, si bien el patrimonio siguió siendo negativo, el mismo se redujo tanto en pesos como en dólares. El patrimonio negativo fue de $ 184.597.343 equivalentes a US$ 4.478.344 (dólares americanos), lo que significa una reducción importante del patrimonio negativo en US$ 3.216.500 (dólares americanos).

Todo esto fue presentado y expuesto a los veedores para dar cuenta del manejo que se venía realizando para intentar salir de la crisis.

Sin embargo, para agravar la situación, el 21 de abril el Poder Ejecutivo, a través del MSP, procedió a la liquidación de la Cooperativa Medica de Treinta y Tres (Comett) quien, según datos de la Junta Directiva, le adeuda a Casa de Galicia US$ 3.000.000 acumulados a lo largo de los últimos 6 años, razón por la cual se iniciaron acciones legales para recuperar dicha deuda.

En medio de esta situación, Casa de Galicia solicitó en julio un Fondo de Garantía mediante un fideicomiso para acceder a un préstamo de US$ 12 millones, e intentó acceder a las garantías del Ministerio de Salud Pública, que nunca llegaron. El ministro Salinas le cerró el camino y no quedó otra alternativa que la Justicia.

“Nuestra institución ante la legalidad de un Estado de derecho, republicano, en el que creemos y al que nos sometemos, se presenta ante el juzgado letrado de primera instancia de concursos para defender nuestros legítimos intereses y para intentar acceder a las garantías que el Ministerio de Salud Pública en sus decisiones no nos proporciona”, aclaró la mutualista en un comunicado emitido el viernes.

Alberto Iglesias dijo que la decisión fue tomada “por unanimidad” en la Junta Directiva, dado que ya tenía acordado un préstamo con un banco privado a través de un fideicomiso previsto por la Ley 18.439.

Aseguró que el informe presentado oportunamente por Casa de Galicia «fue evaluado positivamente» por los veedores que instaló el Poder Ejecutivo en la institución médica a través del Ministerio de Salud Pública (MSP). Y pese a que el proyecto fue presentado a inicios de julio, y las autoridades eran conscientes de su urgencia respecto de la obtención de dichos fondos, «hasta la fecha no han recibido respuesta alguna del MSP ni de otra autoridad competente».

«Ese informe reseña nuestra visión de Casa de Galicia, sus objetivos estratégicos, todo lo efectuado, lo que está en curso y lo que resta realizar en materia de Inversiones y Mejoras de Gestión. Asimismo, incluye el destino y uso de los fondos a obtener por rubro y cómo, con la solvencia del proyecto y las herramientas disponibles, se verifica la capacidad de repago de las obligaciones asumidas y créditos a obtener», reveló.

«Tampoco nos dieron a conocer la opinión de los veedores, por lo que tuvimos que solicitar la información amparados en normas legales vigentes. De todo lo expuesto hay profusa documentación que comprueba lo dicho. La misma será dispuesta a cualquier socio que desee informarse o conocer más sobre algún tema en particular», expresó.

 

¿Qué dice el informe de los veedores?

Mientras Casa de Galicia cuestiona al ministro y juega sus fichas en la Justicia, la FUS apunta todos sus dardos contra Daniel Salinas.

«Ese informe que no quiere mostrar es como el recibo de sueldo de Casa de Galicia. Lo debe tener bien guardado el ministro, y no sabemos por qué. Pero queremos saber si el gobierno comparte la posición de Salinas. ¿Está de acuerdo Lacalle Pou con esta actitud?», preguntó el Fogata Bermúdez en diálogo con esta revista.

“Nos preocupan las últimas acciones del gobierno, porque el ministro ha demostrado que le interesa bastante poco el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud y en particular la propia Junasa (Junta Nacional de Salud)».

«Le piden a la Junasa que resuelva la auditoría de tres instituciones (Casmu, Casa de Galicia y La Española) y luego de que los veedores elaboran un informe, el gobierno a través del MSP lo declara reservado. Creemos que eso es una demostración de que este gobierno, que no votó la ley que creó el Sistema Integrado de Salud, que fue un elemento fundamental para enfrentar la pandemia, hoy lo que pretende es desmantelarlo».

«Hacemos responsable por el futuro de Casa de Galicia a este ministro de Salud Pública, que hoy juega a ser Superman, porque cree que él solo derrotó a la pandemia. Con su actitud impide que se conozca ese informe que mostraría realmente cuál es la situación de Casa de Galicia, si es buena o si es mala, si tiene futuro o si no lo tiene, y lo único que está haciendo día tras día es mellar la credibilidad pública sobre esa institución».

«La FUS sostiene el apoyo irrestricto a los trabajadores de Casa de Galicia, en defensa de su fuente laboral», concluyó Bermúdez.

 

Palos en la rueda

A veces se acusa a la oposición de poner palos en la rueda y como me siento oposición quiero salir al cruce de esta afirmación demagógica, embustera e injusta.

Esta situación me da la oportunidad de demostrar lo contrario, decir que primero está el país y advertir que el gobierno debe tomar conciencia de la magnitud del problema y del error que se estaría cometiendo si se deja caer a Casa de Galicia

Casa de Galicia, una institución tradicional del mutualismo, una empresa grande con decenas de miles de afiliados, miles de funcionarios técnicos y no técnicos y cientos de proveedores.

Dejar que vaya a la quiebra crea una situación de final incierto que el Ministerio de Salud no tiene ni recursos, ni autoridad ni facultades para controlar.

Empezando con lo que el ministro considera más sencillo, distribuir a los socios dela mutualista de manera que otros prestadores se ocupen de ellos.

Tal vez se menosprecie la adhesión de la gente que se atiende en la misma mutualista desde hace muchos años con sus médicos de confianza y con satisfacción por los servicios que recibe.

Tal vez otros prestadores pueden beneficiarse con esos socios, pero ¿qué pasará con los funcionarios y con los médicos? ¿Se distribuirán también asegurándoles la fuente laboral y los derechos adquiridos?

¿Los prestadores recibirán a los trabajadores con la misma alegría que los abonados y las cuotas Fonasa?

¿Hay en verdad instituciones que puedan recibir esa masa de 45.000 socios sin que se produzca un detrimento de la atención de sus abonados actuales?

¿Qué pasará con las deudas que la mutualista tiene con proveedores de medicamentos e insumos, servicios tercerizados y funcionarios técnicos y médicos que facturan sus trabajos?

¿Qué pasará con sus infraestructura edilicia y sus equipos técnicos -incluido su magnífico sanatorio de la calle Millán- que entrarán en un largo juicio de liquidación para pagar a los acreedores que igualmente cobrarán una ínfima parte de lo adeudado?

Se distribuirán las deudas como los socios entre otros prestadores?

¿Los prestadores que accedan a recibir a los socios, estarán dispuestos a recibir también a los funcionarios y las deudas?

¿Cómo verán España y la Xunta de Galicia la actitud del gobierno de dejar caer una institución de referencia de la comunidad gallega en Uruguay?

 

Y SI PENSAMOS UN POQUITO Y DEJAMOS DE SACAR PECHO

Me parece que Salinas, el gobierno y Cabildo Abierto no están viendo la magnitud de los peligros que tiene esta decisión de dejar caer a una gran empresa como es Casa de Galicia, más allá de que sea o no verdad, o toda la verdad lo que se dice en sus comunicados.

No solo por los efectos sociales, los conflictos que se generarán en los actores perjudicados, la comunidad gallega y las entidades donde esta comunidad tiene una alta participación, como el transporte y el pequeño comercio minorista, sino por el elevado sonido político de tan grave determinación a cuatro meses del referéndum de la LUC en el que el gobierno se juega mucho.

El procedimiento del concurso de acreedores está en marcha y me temo que una vez que los problemas se judicializan, los actores privados y el gobierno pierden el control de la evolución de los acontecimientos.

El gobierno podría adoptar acciones para aprobar el fideicomiso de garantías tomando recaudos en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos de gestión contraídos, pero yo quisiera advertir que dejar librado a las leyes del mercado la supervivencia de Casa de Galicia es poco menos que suicida.

 



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