Por Nicolás Delgado

Nicolás Cendoya, exdirector de la Unidad Reguladora de
Servicios de Comunicaciones (Ursec) en representación del Frente Amplio, envió
una carta al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
(Udelar), Gonzalo Lorenzo, en la que solicita “con profundo dolor” que “no se efectúe” su “recontratación en el cargo de
profesor adjunto de Derecho Administrativo en esa casa de estudios”, para
evitar “exponer a la facultad a la presión mediática y la distorsión de los
hechos de parte de quienes forman parte” de una campaña de “desprestigio” en su
contra.

En marzo de 2022,
el juez Fernando Islas resolvió la formalización de la investigación contra
Cendoya por tres delitos de abuso innominado de funciones, los que surgen de
los siguientes hechos: en primer lugar, un exfuncionario con vínculos con Cendoya
trituró papeles en la Ursec; en segundo lugar, la habilitación bajo un procedimiento
considerado irregular de una radio de Soriano; y, en tercer lugar, otra autorización
a una de Salto vinculada a la potencia de transmisión, procedimiento también
cuestionado por las actuales autoridades de la Ursec. Además, en octubre del
2022, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inhabilitó a Cendoya para ejercer la
profesión de abogado.

Tras la imputación y la inhabilitación por parte de la SCJ, la
agrupación estudiantil Bloque Reformista Universitario en Marcha (BRUM) pidió el
año pasado que se lo separara del cargo en Udelar, bajo el argumento de que no
“puede dar clases de una materia por la que está siendo imputado”. “La
notoriedad pública que dicha causa ha tomado nos lleva a cuestionarnos cómo
sería el desarrollo del curso que a su cargo tiene Cendoya para este segundo
semestre, donde estudiantes ven en distintos medios de comunicación que su
docente está siendo formalizado”, expresó BRUM en el comunicado presentado ante
las autoridades de la Udelar.

A pesar de que la
investigación de la Fiscalía contra Cendoya aún no ha terminado, por lo que no
hay acusación en su contra, el exjerarca solicitó al decano que no lo
recontratara. “Durante los últimos tres años, he sido objeto de una operación
política y una campaña de desprestigio a todo nivel, incluso redes sociales y
medios de comunicación, con el único fin de desprestigiarme y despojarme de
toda actividad de carácter público, sin permitirme siquiera ejercer mínimamente
el derecho de defensa”, dice Cendoya en la carta que entregó al decano de
Derecho este lunes y a la que tuvo acceso Montevideo Portal.

“En primer
término, se me intentó acusar de destrucción de documentos, imputándoseme la autoría
de una rotura de papeles cuando ni siquiera había tenido contacto alguno con la
persona que lo realizó en forma previa a la misma. Es más, me enteré de ese
hecho posteriormente a que sucediera. Se probó que toda la documentación de la
Ursec se tramitaba de manera electrónica y que ningún documento falta de la
época de la tramitación en papel. De todas maneras, nunca fui formalizado por
ese hecho sino que la formalización en ese punto refiere a que me reuní con el
secretario general en forma previa al directorio en que se iba a tratar el
tema. Aunque parezca insólito, esa es la imputación, que cae por su propio peso”,
expresa el imputado.

Luego, aborda las
cuestionadas habilitaciones a las radios. “Ante el fracaso de ese primer
intento culpabilizador, se me intentó responsabilizar por ‘habilitar una radio
comunitaria de Palmitas [Soriano] en tiempo de veda electoral’. Se demostró que
la decisión adoptada por la Comisión Directiva de Ursec fue totalmente ajustada
a Derecho y, si se quisiera discutir esa regularidad, están explícitas las
razones por las que se adoptó, lo que exilia toda posibilidad de arbitrariedad”,
expresa Cendoya en la misiva, y agrega: “Ante las notorias debilidades de ese
segundo intento culpabilizador, se me intentó responsabilizar por tolerar el
funcionamiento de una radio comunitaria de la ciudad de Salto con una potencia
superior a la autorizada por el Poder Ejecutivo, sin prueba válida de mi
participación en la decisión. Se demostró la existencia del problema de
interferencias fronterizas y la inocuidad de que se autorizara el trámite de
aumento de potencia a ser solicitado por el grupo de personas autorizado a
operar la radio por el Poder Ejecutivo, con lo que la acusación perdió toda
sustantividad”.

El exjerarca apunta
en su carta contra el fiscal que lo investiga, Diego Pérez, quien el 24 de
febrero de este año solicitó en audiencia una prórroga para continuar la investigación,
la extensión de las medidas cautelares (fijación de domicilio y prohibición de
salir del país) y anunció que también lo estaba investigando por otros hechos. El
juez le otorgó dos meses de prórroga para reunir prueba, pero aceptó parcialmente
la extensión de las medidas cautelares, ya que cayó la prohibición de salir del
país.

“El fiscal de la
causa demoró un año en investigar lo que solo requería unas pocas semanas de
investigación, y casi tres años después sigue sin contar con los elementos para
acusar y, de ese modo, iniciar el juicio en el que, finalmente, podré
defenderme”, se queja Cendoya, y agrega: “Se le ha otorgado una última prórroga
por 60 días para hacerlo en la que, según algunos medios de comunicación,
podría llegar a mutar todas las infundadas acusaciones hacia una culpabilización
porque el trámite de aumento de potencia de la Uni Radio de nuestra Universidad
fue demasiado rápido, obviando que dicha autorización fue realizada por el
Poder Ejecutivo”.

La inhabilitación
y las clases

Cendoya recuerda
en la misiva dirigida al decano y a los consejeros y consejeras de la Facultad
de Derecho de la Udelar la inhabilitación para ejercer la abogacía impuesta en
octubre por la SCJ. “En el camino, se me ha despojado de la posibilidad de
ejercer mi profesión liberalmente en un procedimiento administrativo llevado
adelante por la SCJ, en que la instructora del mismo se negó a entrar al fondo
del asunto por considerar que será objeto del proceso penal, en el que,
reitero, todavía no he tenido oportunidad procesal de controvertir la acusación
del fiscal porque éste sigue demorando ilegítimamente la formulación de la
misma. Cabe aclarar que el Tribunal de Apelaciones había revocado la decisión
de primera instancia de oficiar a la SCJ”, plantea el exjerarca.

Además, recuerda
que se ha dispuesto “un sumario administrativo en el Hospital de Clínicas” en
su contra, al que considera “sin fundamento válido alguno”, puesto que “la
invalidez de las acusaciones iniciales del fiscal se extiende a esta decisión
adoptada por las mismas razones”. En la carta anuncia que recurrió administrativamente
la decisión de iniciarle un sumario, e informa que no ha tenido más respuesta a
su recurso que “el silencio”.

“Soy plenamente
consciente que el Consejo de Facultad ha sido el único órgano que ha actuado de
acuerdo a Derecho, rechazando la iniciativa de decretarme un sumario
administrativo con suspensión, lo que me ha permitido trabajar haciendo lo que
más me gusta, que es dar clases, hasta el pasado mes de febrero. Ha hecho valer
la presunción de inocencia y la necesidad de las garantías mínimas del Estado
de Derecho, cosa que mucho agradezco, especialmente en un contexto en que mis
derechos han sido vulnerados una y otra vez”, escribió Cendoya.

Por otra parte, el
exdirector de la Ursec agradece “profundamente” a sus compañeras y compañeros
del Instituto de Derecho Administrativo y a su Dirección “por formular la
propuesta” de su contratación para el año lectivo 2023, “basada en inobjetables
motivaciones de carácter técnico”.

Entonces, sobre
el final de la misiva, explica los motivos por lo que solicita que no se lo
recontrate: “En este contexto, exponer a la facultad a la presión mediática y
la distorsión de los hechos de parte de quienes forman parte de la campaña
preseñalada, con relación a la decisión de mi contratación, solo contribuye a
ensanchar la brecha entre quienes se comprometen con una visión material del
Estado de Derecho y quienes, lamentablemente, se dejan llevar por la presión y
la distorsión mediática de la realidad, entre otras cosas, por no contar con
una versión de primera mano y con los documentos sobre la mesa de los hechos en
cuestión”.

“Es por eso que,
por esta vía, y también haciendo extensivo el agradecimiento y la disculpa a las
y los 141 estudiantes que se inscribieron a mi curso del primer semestre,
consciente de que habré de volver cuando se produzca el concurso de oposición y
méritos, ya terminado este vía crucis jurídico procesal que me ha tocado
atravesar, vengo a solicitar que no se me contrate para el dictado de los
cursos de Derecho Administrativo correspondientes al año 2023”, concluye Cendoya.

Por Nicolás Delgado





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