La Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FeCCU) rechazó en las últimas horas la modificación del artículo 72 de la Rendición de Cuentas que presentó hace algunos días el gobieno.

En su artículo 72, establece lo siguiente: «La información de la dirección y ublicación de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis y de los respectivos lugares de plantación cultivo y cosecha de cannabis, 42 serán de acceso por razones de seguridad pública del Ministerio del Interior, a los fines de la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares».

La FeCCU entiende que este movimiento por parte del gobierno es una reacción a la negativa de la Junta Nacional de Drogas y la Unidad de Regulación de Datos al pedido del Ministerio del Interior de acceder a las direcciones de autocultivadores y clubes cannábicos de membresía, intentando saltarse la ley vigente y “desconociendo el proceso de toma de decisiones que establece”.

Miran con preocupación la avanzada para “imponer es cambio de norma a través de un artículo en la Rendición de Cuentas” porque este accionar “desautoriza y debilita al Instituto (de la regulación y control del Cannabis, IRCCA) creado por la ley para control y seguimiento al cannabis, generando desconfianza en él y en todo el modelo regulatorio.

“Esto dinamita la confianza en depositar en el sistema de protección de datos de las y los 12.386 autocultivadores registrados y sus núcleos familiares, y las y los 5.142 ciudadanos asociados a los clubes. Ciudadanos y ciudadanas uruguayas de todas las corrientes políticas que ingresaron de buena fe en un registro reservado de datos que ahora podría convertirse en una lista negra”, alerta FeCCU.

La Federación asegura en su comunicado dado a conocer en las últimas horas, que este accionar tendrá como consecuencia “que menos personas decidan registrarse para obtener cannabis por las vías legales y, en su lugar, acudan al mercado ilegal, yendo así en contra del objetivo de la ley de regulación del mercado de cannabis”.

También remarcaron que están preocupados por que en la Rendición de Cuentas se menciona la posibilidad de que se realicen controles regulatorios por parte de la Policía, a pesar de que la potestad de fiscalización en el debate por la regulación fue otorgado enteramente al IRCCA. “El cuerpo policial ha demostrado no tener el conocimiento legal ni técnico para ejercer este rol”, finaliza el comunicado.



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