Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Sindicales de COFE (INESUR) refleja que la rebaja salarial que aplicó el gobierno a los salarios públicos en enero de 2021 generó un recorte de más de 8 mil millones de pesos, aproximadamente unos 192 millones de dólares, que hoy salieron de circulación del mercado interno.

Según COFE, la rebaja salarial “implicó una pérdida significativa de poder adquisitivo de los trabajadores, una reducción del consumo interno y en especial de la demanda a las pequeñas y medianas empresas, en particular las barriales, tales como almacenes y kioscos, entre otras”.

Según expresó el Consejo Directivo de COFE, esta rebaja de salario en el sector público fue de un 5%, lo que ha generado “una caída sostenida del salario real”.

Desde el sindicato se manifestó que “también tendrá un impacto negativo en las jubilaciones y pensiones en Uruguay, que el año próximo nuevamente ajustarán por debajo de la inflación”.

Según la información del Ministerio de Economía y Finanzas, el total de retribuciones pagadas en 2020 en el sector público fue: “en el gobierno central (111.162 millones de pesos), Banco de Previsión Social (6.743 millones de pesos), empresas públicas (19.140 millones de pesos).

En tal sentido, COFE considera que “si esas retribuciones se hubieran actualizado por el Índice de Precios al Consumo (IPC) de 2020 (9,41%), su valor hubiera sido 149.941 millones de peso, pero como fueron actualizados por 4,41%, el valor es de 142.663 millones de pesos”.

“El ajuste del gobierno, rebajando el salario de los trabajadores públicos, es de 7.277 millones de pesos, que, de acuerdo a valores de 2021, equivale a 173 millones de dólares”, expresó el gremio de funcionarios estatales.

COFE indicó, que “a estas pérdidas deben sumarse las producidas por el Plan UTE Premia, cuya aplicación implicó una reducción del IPC de 0,6%, y como consecuencia el IPC de diciembre tuvo una caída de 0,19%. Esta caída puntual de la inflación anualizada tiene impactos negativos para todos los trabajadores, porque la variación anual del IPC es un elemento central para la determinación de los salarios”.

Por lo tanto, a la pérdida de poder adquisitivo estimada por el instituto de estudios sindicales de COFE, “debe sumarse el 0,6% que equivale a 822 millones de pesos, con lo cual la pérdida total sería de 8.100 millones, equivalentes a 192 millones de dólares”

“Además de esta rebaja salarial, el gobierno implementó, a partir de marzo de 2020, una política de cese de cientos de puestos de trabajo en el Estado, lo que implicó que muchas familias se quedaran sin ingresos en momentos muy difíciles en materia sanitaria, económica y social, producto la pandemia de covid-19”, remarcó COFE.

El sindicato manifestó que el Poder Ejecutivo instrumentó también “el recorte de cargos vacantes, donde de cada tres vacantes puede reponerse solo una”.

Aseguran que, sin embargo, la realidad muestra que “la situación fue aún más perjudicial, ya que de cada tres vacantes no ha ingresado ningún funcionario, lo que está generando grandes problemas de gestión en muchos servicios públicos donde la cantidad de bajas, principalmente por jubilaciones, ha sido significativa”.

También rechazan los descuentos salariales y recortes de derechos que implica el nuevo régimen de licencias médicas, “que con un fin puramente economicista y de ajuste, castiga al funcionario que padece una enfermedad, en momentos en los cuales se debería apelar a la mayor solidaridad colectiva”.

Por tal motivo, COFE rechaza que “la política de ajuste del gobierno tome como principal variable el salario de los trabajadores públicos, el salario de los trabajadores del sector privado, así como las jubilaciones y pensiones”.

El gremio exige que en la próxima Rendición de Cuentas se incluya la recuperación del salario perdido y se establezcan espacios reales de negociación colectiva donde todos los temas estén sobre la mesa.



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