La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se refirió a la Rendición de Cuentas que está a estudio en el Parlamento y aseguró que, al igual que en el año 2020, el gobierno vuelve a «incumplir con la Ley 18.508 de Negociación Colectiva en el Sector Público».

«Ninguno de los artículos incorporados en el Proyecto de Ley fue materia de negociación ni fue conocido por COFE hasta que el mismo no ingresó al Parlamento», expresó la confederación gremial en un comunicado de prensa.

Asimismo, COFE denuncia que el proyecto de Rendición de Cuentas «no incluye ninguna referencia a la recuperación del salario perdido en 2021».

«La rebaja salarial para los funcionarios fue de un 5 % en enero pasado y se profundiza a lo largo de los meses. No existen al momento instancias de negociación sobre al ajuste de salario del año próximo, por lo que el mismo puede implicar una nueva rebaja salarial», expresó el gremio al tiempo que exigió comenzar a recuperar el salario perdido.

Además, denuncia algunas medidas que se toman en esta Rendición de Cuentas, como la de aumentar el salario a cargos de confianza, ya que en el artículo 7 se establece que los directores generales de Secretaría pueden designar como adscriptos a un funcionario y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública hasta dos funcionarios.

«Ahora estos adscriptos verán incrementados sus salarios en algunos casos en casi un 100%, pasando a percibir un ingreso de $ 171.960. No solo eso, sino que aumenta la discrecionalidad, dado que el adscripto ahora puede ser también un funcionario público que haya pasado en comisión al inciso. Por tanto, no solo se destinan fondos públicos a aumentar el salario de unos pocos, sino que se amplía el universo de funcionarios que puede ser designado a dedo para ocupar estos cargos», sostuvo COFE.

En tanto, si bien valoran que se reduzca el plazo de provisoriato de 15 a 12 meses, aseguran que por otro lado reduce garantías en el proceso de presupuestación. «Se elimina el tribunal de evaluación para la regularización de los funcionarios cuando se pasa del régimen de provisoriato a ocupar el cargo presupuestado; en ese tribunal actuaba un veedor de COFE, quien velaba por el cumplimiento del debido proceso. Ahora dependerá únicamente de la evaluación del desempeño y la decisión del supervisor directo lo que atenta contra las garantías del funcionario, fomentando la falta de transparencia y el amiguismo al momento de procesar las regularizaciones», expresa COFE.

Inconstitucional

COFE denuncia como inconstitucional dos de los artículos de la Rendición que establece la eliminación de las conminaciones económicas contra el Estado (artículos 295 y 296).

«La eliminación de la potestad del Poder Judicial de imponer conminaciones económicas al Estado frente al incumplimiento de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada implica reducir la función jurisdiccional a juzgar, sin poder ejecutar lo juzgado. Eliminar las astreintes contra el Estado deja librada a la voluntad de la parte condenada el cumplimiento de la sentencia de condena, sea esta la obligación de suministrar un medicamento de alto costo, una vivienda o cumplir con el pago de obligaciones salariales o indemnizatorias pendientes».

«La modificación propuesta es Inconstitucional, la eliminación de la posibilidad de imponer astreintes contra personas públicas es una diferenciación sin justificación razonable, que establece un privilegio a favor del Estado, violándose el tratamiento igualitario ante la Ley, lo que resulta inaceptable en un Estado de Derecho, donde el Estado es responsable de sus actos por acción u omisión (artículo 24 de la Constitución de la República) y no puede sustraerse de la autoridad judicial», agregan desde COFE.

En resumen, el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas de acuerdo a COFE contiene una serie de medidas que tienen el objetivo de «profundizar el ajuste fiscal del Gobierno y que se suman a las medidas ya tomadas: rebaja salarial masiva tanto en el sector público como privado, rebaja de jubilaciones y pensiones, recorte de derechos, supresión de puestos de trabajo, no llenado de vacantes, eliminación de cargos y cese de contratos».

Licencias por enfermedad

Desde la confederación se mostraron contrarios también al artículo que establece que para aquellos funcionarios que soliciten licencia por enfermedad por más de dos años, que enfrentan enfermedades delicadas y se encuentran en proceso de recuperación, podrán ser destituidos por ineptitud.

«Se trata de trabajadores que se encuentran luchando contra enfermedades complejas, cuyo tratamiento y recuperación son prolongados, pero que el desenlace puede ser la mejora en la salud o evitar la progresividad de la enfermedad», dijo COFE.

Y agregó: «Es tan perjudicial el artículo, que ni siquiera el jerarca del organismo debe preocuparse en ofrecer al funcionario un puesto de trabajo acorde a su problema de salud, ni ofrecer alternativas como el trabajo a distancia ni otras que puedan surgir, que permitan que el trabajador cumpla su tarea».

Denuncian también que en unos de los artículos de la Rendición se busca «maximizar las ganancias de la banca privada», al permitirles, en caso de que se apruebe, depositar sus fondos en cualquier banco habilitado en plaza, cuando a la fecha solo pueden depositarlo en instituciones financieras públicas, salvo excepciones. «Este cambio tiene el claro objetivo de aumentar las ganancias del sector privado en detrimento de los bancos públicos», sostiene la Confederación.

«Debe ponerse coto a las irregularidades en torno a las licencias médicas que se obtienen falseando la realidad, pero sin menguar los derechos de quienes sí, efectivamente, enferman», expresó la confederación.





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