Colombia abre investigación tras hallazgo de 170.000 estructuras óseas en un osario colectivo
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Durante varios años, familiares han estado en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en un municipio colombiano.
Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que culminó la intervención del osario colectivo del municipio Samaná (Caldas), donde recuperó 171.806 estructuras óseas, de las cuales 42 fueron remitidas a Medicina Legal por mostrar «signos de eventos violentos».
Esta intervención, detalló la JEP en sus redes, fue liderada por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
La investigación se logró tras la medida cautelar ordenada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) en los cementerios de Norcasia, Samaná y Victoria ante las denuncias de familiares de personas desaparecidas de manera forzada en el Magdalena Medio caldense, subregión del mencionado departamento colombiano.
Hallazgos
Las estructuras óseas recuperadas corresponden a «partes aisladas de cuerpos mezclados«, explica la JEP, lo que implicaría que los cuerpos de las personas que fueron registradas sin identidad posiblemente desaparecidas se juntaron con las de los fallecidos de muerte natural, «que habían cumplido su límite de tiempo legal de sepultura, y que nunca fueron reclamadas». En estos osarios comunes, los cuerpos fueron dispuestos sin control ni registro.
Desde el 17 de abril y hasta el 3 de mayo, los expertos forenses, con el acompañamiento del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), estuvieron en el Cementerio San Agustín de Samaná para analizar los restos ubicados en 16.502 m², con una altura de 2,25 m.
Ahora corresponde a Medicina Legal estudiar 42 estructuras óseas recuperadas que «presentan traumas o indicios de muerte violenta que podrían corresponder con posibles víctimas de desaparecidas en el marco del conflicto armado».
Un largo camino
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) desde 2016, recoge El Colombiano, ha participado en las labores de búsqueda, identificación y entrega de restos a las familias de esa zona del Magdalena Medio caldense. Según los datos que maneja esa institución, hasta 2020 fueron reportadas 187 personas desaparecidas en cuatro municipios de ese territorio.
La iniciativa fue impulsada por la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos), el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat) y Equitas, publicó El Espectador.
La UBPD inició labores en el mencionado camposanto en 2020 y además hizo la toma de muestras genéticas de 182 familiares de los reportados como desaparecidos, como parte del Plan Regional de Búsqueda del Magdalena Medio, que se inició con un universo de 1.091 personas desaparecidas en los municipios de Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada, entre 1965 y 2014, recoge la UBPD.
Esperaron años a que el Estado llegara hasta el cementerio San Agustín de #Samaná, en #Caldas. Sentados, frente a la bóvedas, fueron testigos de cómo la #UBPD inició la intervención humanitaria para recuperar los cuerpos de quienes podrían ser sus seres queridos desaparecidos. pic.twitter.com/noMozjQZqM
— Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (@UBPDcolombia) October 29, 2020
De acuerdo con un informe entregado por Fundecos, Cedat y Equitas, entre 2000 y 2007 se documentó la mayor cifra de casos de desaparición forzada, siendo 2002 el año con mayor número de reportes.
Un poco de historia
Samaná era una zona cafetalera y agrícola, que se vio afectada por la crisis económica. Esto generó que los grupos paramilitares y guerrilleros aprovecharan el abandono estatal para invadir sus territorios, refleja el Centro de la Memoria Histórica. Allí además proliferó la siembra de coca.
Su posición geoestratégica hizo que desde la década de los setenta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se instalaran en la zona y comenzaran «los reclutamientos, los secuestros extorsivos, desapariciones y homicidios», afirma El Espectador.
En el contexto de la lucha contra la insurgencia, a partir de los 80, grupos paramilitares instalaron la política del «terror» contra la población, lo que acabó con la vida de líderes sociales, sindicalistas y militantes de la izquierda.
En Samaná hubo reclutamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y secuestros que terminaron con la muerte de los cautivos.
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