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La división de inspección general del Instituto Nacional de Colonización (INC) inspeccionó el inmueble N.º 511, ubicado en la 4.ª sección catastral de Artigas, y concluyó que pertenece al senador cabildante y general retirado Guido Manini Ríos; a su suegro, el coronel retirado Roque Moreira, y a su esposa y actual ministra de Vivienda, Irene Moreira (hija del coronel), informó Búsqueda este viernes.

El informe de Colonización concluyó que Manini Ríos, su esposa (la ministra de Vivienda) y el padre de ella “no residen en el predio, ni realizan trabajo directo”. Este jueves 17 el directorio del INC aprobó lo actuado en el caso por la División de Inspección General.

Además, el directorio “dispuso ‘exigir’ a Manini Ríos el título de la fracción N.º 2 de ese inmueble de Colonización en mérito a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 11.029 en la redacción dada por la Ley 18.756, en cuanto al registro de fracciones en infracción, según consta en la resolución correspondiente” y “decidió ‘exigir’ también a la sociedad anónima El Palomar, cuya presidenta es Irene Moreira, la presentación del título de compraventa de fracciones del inmueble 511, afecto a los fines de la colonización”, agrega el semanario.

Además, informa que la inspección realizada en octubre de 2021 por funcionarios del INC reveló que “en el lugar se encontraban un capataz y una cocinera que residen en la ‘casa del personal’, y ‘en otra construcción muy modesta, compuesta por un dormitorio y una sala comedor, viven otros cinco asalariados’ rurales”.

El informe asegura que durante la inspección del campo, el coronel Moreira “le dio instrucciones de no brindar ninguna información sobre el establecimiento” al capataz.

Matar al mensajero

Manini Ríos aseguró en su cuenta de Twitter que se trata de “otra mentira más” y dijo que su suegro compró el predio hace más de 50 años y que nunca fue colono. “El informe lo mandó hacer ‘a medida’” el director del INC, Andrés Berterreche (del Frente Amplio), “para ensuciar la cancha antes del referéndum”, sostuvo Manini, y arremetió una vez más contra Búsqueda: “El periodismo sicario sigue activo y parece que los mandantes pagan bien!”.

Su esposa había enviado una carta a ese medio que fue publicada el 13 de febrero de 2020, que comenzaba así: “El pasado 6 de febrero el semanario que Ud. dirige publicó una información inexacta, atribuyendo falsamente a mi padre, Roque Moreira Salgado, y a mí haber tenido alguna vez la condición de colonos. Mi padre compró, hace medio siglo, al INC los padrones a los que refiere el artículo, en una licitación pública en la que hubo una treintena de ofertas, pero jamás fue colono. Se menciona en el artículo un documento del año 1974 que, de haber existido, consigna una información totalmente falsa”.

“Llama la atención que los periodistas que realizan el artículo no se hayan tomado tan siquiera el trabajo de consultarnos sobre la veracidad de esa información. Llama también la atención el destaque que se da a esa noticia, que lleva al lector a creer que se está ante un acto de corrupción, siendo que Cabildo Abierto ha expresado públicamente, a través de su líder, que no comparte la disposición sobre el INC prevista en la Ley de Urgencia. En definitiva este artículo, que con el mayor destaque posible publica Búsqueda, induce al lector a pensar una situación exactamente contraria a la realidad”, agrega la senadora.

La LUC

Búsqueda informó en febrero de 2020 que un cambio que estaba previsto en la Ley de Urgente Consideración (LUC) beneficiaba, por su condición de colona propietaria, a quien en ese momento había sido designada ministra de Vivienda: Moreira. El artículo 358 de la LUC, “votada por Manini Ríos, estableció una flexibilización de las obligaciones de los colonos respecto a trabajar directamente la tierra y residir en el predio”, recuerda el semanario.

Por el cambio, ahora el colono deberá “trabajar en el predio, supervisar el trabajo y habitarlo, salvo, en este último caso que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados”.

“El Directorio (del INC) podrá autorizar la excepción a la obligación establecida” en ese punto anterior, cuando los colonos cumplan ciertos “requisitos”, como tener una “radicación por un plazo mínimo de 10 años”, “cumplir con el plan de inversiones”, “invoquen razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono y los integrantes del núcleo familiar”, agrega la norma.

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