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Noticias Nacionales

Colorados frenan Ley de Medios y esperan señal de veto de Lacalle al aditivo de Cabildo

todayjunio 3, 2024

Fondo


Montevideo Portal

La bancada del Partido Colorado decidió que no votará
la Ley de Medios aprobada en el Senado el pasado martes 28 de mayo, por estar
en contra del aditivo propuesto por Cabildo Abierto que modificó el proyecto de
ley.

El diálogo con Montevideo Portal, el diputado
colorado Martín Melazi dijo que dicha colectividad política no está de acuerdo
con el artículo 72 incluido en el proyecto, por lo que no van a votar la ley.

En esta línea, manifestó: “Ha habido mucho trabajo en
este proyecto y un artículo empaña todo. La forma de poder solucionarlo es que
el artículo sea vetado [por el presidente de la República]. Pero para que el
partido vote el presidente va a tener que anunciar que vetará ese artículo en
cuestión.

Por su parte, el también legislador Conrado Rodríguez
señaló que otra posibilidad es postergar la votación del proyecto de ley para
el mes de julio, pero también planteando sobre la mesa la posibilidad de que Lacalle
Pou se comprometa a votar dicho polémico artículo.

La posición del Partido Colorado en esta línea es
firme: el artículo 72 no lo van a acompañar, aunque naufrague toda la Ley de Medios.
También hay algunos diputados del Partido Nacional que han manifestado su
rechazo al artículo y en la interna dieron manifestaron su postura en contra.

El aditivo impulsado por CA fue incorporado en el
proyecto de ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual en el
artículo 72.

El texto señala: “Los ciudadanos tienen el derecho a
recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria,
rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la
presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis,
opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria,
rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los
mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se
emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter
político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance
gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario,
jurídico, académico y electoral”.

Y finaliza: “Quedan exceptuados de esta disposición
los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones
partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas,
sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales,
organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y
otras fuerzas sociales de la República. En tal caso, debe quedar claramente
identificada, sin ningún lugar a confusión, la entidad responsable del programa
o espacio”.

El argumento de Ope Pasquet

Por su parte, el diputado Ope Pasquet manifestó que no
solo “no parece razonable ni materialmente posible, siquiera, que cada programa
de radio o televisión que trate temas políticos deba ofrecer en cada emisión el
repertorio completo de versiones u opiniones sobre el asunto en cuestión”. Sino
que también aseguró que, ante la posible sanción del artículo 72 “lo que está
en juego es la libertad de prensa”.

“Y con la libertad de prensa, gobierne quien gobierne,
no se juega”, expresó.

 “La disposición
les dice a los periodistas cómo hacer su trabajo: cuando informen, analicen u
opinen, lo que digan debe merecer los seis adjetivos [“imparcial, seria,
rigurosa, plural y equilibrada”] que el texto primero enuncia, para
caracterizar el derecho de los ciudadanos, y luego repite para establecer la
correlativa obligación de los servicios de difusión”, escribió en X (Twitter)
el legislador.

Pasquet admitió que “nadie puede estar en contra de
que la ciudadanía acceda a informaciones y opiniones completas, rigurosas,
serias, etc.”, pero, contrastó: “La cuestión es cómo se logra eso y quién puede
actuar como árbitro que determine la existencia de infracciones a la norma
legal”.

Para el colorado “el trabajo de los periodistas
consiste precisamente en seleccionar, para ofrecérselo a su público el material
que consideren más relevante, más veraz, más interesante, más ilustrativo o más
lo que fuere, según la perspectiva de cada uno”.

“Por supuesto que la selección es discrecional del
periodista. Por supuesto que esa selección puede tener y normalmente tendrá
sesgos, explícitos o no. En las sociedades democráticas el remedio contra los
sesgos de la información y la opinión no consiste en disciplinar a los
periodistas sino en garantizar la libertad y el pluralismo, para que siempre se
pueda escuchar ‘la otra campana’”, cuestionó.

El integrante de Ciudadanos aludió también a la
cultura futbolera del país para trazar un paralelismo con su punto de vista:
“¿A quién le reconoceríamos autoridad los uruguayos, acostumbrados a que en las
canchas de fútbol los jugadores le discutan al juez hasta los saques de banda,
para decirle a un periodista que su labor no merece los seis adjetivos del
artículo 72?”, cuestionó.

“La apreciación de esas cuestiones no puede ser sino
subjetiva y discrecional”, sumó el abogado e ilustró: “Lo que para unos es
serio, imparcial y equilibrado puede parecerles inconsistente, parcial e
interesado a otros”.

Sumó también que “la pretensión de aplicar la norma
sancionando presuntas infracciones generaría discusiones interminables, que
enrarecerían el clima político y dañarían el prestigio internacional que el
país debe a sus instituciones democráticas”.

Asimismo, negó que se trate, como argumentó Cabildo
Abierto en favor del artículo, de un “saludo a la bandera”.

“No nos engañemos, pues. Sancionada la ley, cualquier
ciudadano podría invocar el derecho que le reconoce el inciso primero del
artículo 72 para actuar contra los servicios de difusión que por intermedio de
sus ‘programas y espacios’ lo desconocieran. Sin perjuicio de las acciones
civiles de naturaleza indemnizatoria que pudieran entablarse ante la justicia
competente”, advirtió y añadió que también se podría reclamar la actuación de
la Ursec (Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones) “para imponer
sanciones en la vía administrativa”.

“Una de las primeras consecuencias de esto sería la
autocensura de los medios de comunicación y de los propios periodistas; para
evitar problemas con la política, mejor ocuparse de cualquier otra cosa. Y de
periodismo de investigación en esa materia, mejor ni hablar”, remató.

Montevideo Portal





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Escrito por hiperactivafm


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