El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, fue consultado este viernes por una posible nueva suba de los combustibles en noviembre, debido a que el precio internacional del petróleo continúa aumentando y el gobierno analiza mes a mes la situación para definir a el precio en los surtidores.

En rueda de prensa, Paganini afirmó primeramente que “hay que hacer todos los esfuerzos para ser eficientes y no agregarle costos adicionales (al combustible) y en eso estamos”.

Agregó que “si los números permiten se tomará la decisión mejor posible”, en referencia a mantener incambiado el precio, como se hizo en la última oportunidad, en octubre, cuando ya se registraba una suba del crudo a nivel internacional.

“Hace un mes estábamos en 75 dólares el barril y hoy estamos en 85, sigue subiendo en forma sostenida y los pronósticos son de suba”, indicó el ministro.

De acuerdo al sistema que el gobierno puso en marcha, la fijación de precios se ajusta mes a mes, en función de los cambios que sufra el denominado precio de paridad de importación (PPI), elaborado por la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua).

Con este sistema, si el PPI sube, los precios en los surtidores deberían verse afectados de la misma manera. Sin embargo, la decisión final le corresponde al Poder Ejecutivo.

El mes pasado, el gobierno determinó que los precios se mantuvieran sin cambios durante octubre, a pesar de que las naftas registraban a nivel internacional un incremento de 4% y el gasoil un 2%.

En ese entonces, el ministerio de Industria justificó la decisión última en “los resultados (positivos) en el balance de Ancap”, que permitían al ente “asumir esa variación”.

En un comunicado de la cartera, se expresaba que “así como se han expuesto los sobrecostos e ineficiencias en los que incurre Ancap -que están hoy reconocidos y se ven reflejados en las tarifas en el surtir-, resulta lógico que un resultado favorable extraordinario en favor del ente llegue también a los precios que paga el público”.

Algunos analistas y dirigentes políticos de la oposición vieron “conveniencia política” en esta decisión del gobierno, motivada por el posible impacto de un incremento en la opinión pública, más aún en el contexto de la incipiente campaña previa al referéndum de la Ley de Urgente Consideración, norma que instauró el nuevo método de cálculo.



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