Comisión Ciudadana entrega a Fiscalía su informe sobre muertes en residencias en pandemia en la Comunidad de Madrid

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 ha registrado este miércoles en la Fiscalía Superior de Madrid su informe sobre lo ocurrido en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, que hizo público el pasado 15 de marzo y que mañana espera hacer llegar también a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la Asamblea, coincidiendo con la celebración del Pleno de la Cámara.

Se trata de la primera institución a la que esta Comisión, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, hace entrega de su informe, según han indicado a Europa Press fuentes de la misma. El registro se ha realizado pasado el mediodía en la sede de la Fiscalía Superior de Madrid, ubicada en el número 1 de la calle General Castaños, y va dirigido a la fiscal superior, Almudena Lastra.

Precisamente este informe afea el papel de la Fiscalía en este tiempo y sostiene que de haberse derivado a los ancianos de las residencias madrileñas a centros hospitalarios podrían haberse salvado «más de 4.000 vidas» de entre los 7.291 muertos contabilizados en las mismas durante la primera ola de la pandemia.

Además, el documento concluye que la respuesta del Gobierno regional «fue inadecuada» y se «vulneraron derechos fundamentales» de los residentes y sus familias. Entre la decena de conclusiones del informe se incluye también que «los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes» cuando se declaró la pandemia, situación que «no se ha corregido».

En dicho informe, presentado tras tres meses de estudios y 25 testimonios recogidos, se apunta que la comunicación entre residencias y familiares, así como la información a éstos, «fue inadecuada» y se sentencia que la Comunidad «no medicalizó las residencias».

«La Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como por carecer de seguro privado», subraya el texto, que remarca que la Administración regional «no utilizó los medios alternativos existentes» para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias «ni derivó a pacientes a hospitales privados».

EL INFORME HABLA DE «VULNERACIÓN DE DERECHOS»

Para esta Comisión, «el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en las residencias» fue consecuencia de «unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación en la atención», por lo que sentencia que «se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y sus familiares».

También se ha vulnerado, sostiene el informe, «el derecho a la verdad», pues considera que «no se ha investigado debidamente lo que ocurrió» y «no se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas».

El encargado de presentar el informe fue el presidente de la Comisión, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien precisó que «no se trata de una invasión de tareas que corresponden a los políticos», pero dado que las comisiones de investigación «se frustraron», acciones como ésta «fortalecen la calidad democrática».

Especialmente crítico se mostró con el papel de la Fiscalía a la hora de investigar lo ocurrido o participar en los procesos judiciales en marcha, una actitud que ha tachado de «conformista» y que por su pasado profesional en el Ministerio Fiscal le «duele doblemente». «En algunos casos ni acudían a las declaraciones», lamentó entonces.

Entre las recomendaciones que señala el informe está precisamente la búsqueda «de la verdad» y el «deber de no olvidar», algo que pasa, señalan, porque tanto el Gobierno de la Comunidad como la Asamblea de Madrid «reabran la comisión de investigación sobre la pandemia». A esto se suma que la Fiscalía «complete una investigación eficaz y diligente».

Además, reclama un «cambio radical» en el planteamiento del modelo de cuidados, algo que conllevaría una dimensión económica, sociocultural –que pasa por una mayor visibilización de los mayores o personas con discapacidad «como sujetos de pleno derecho», sanitaria, jurídica –con una «puesta al día de la normativa»– y política. Por último, se pide «mejorar la dotación del sistema sanitario público» y «visibilizar y luchar contra el edadismo».

19 CAUSAS ARCHIVADAS HASTA LA FECHA

Hasta el momento, la Justicia suma 19 pronunciamientos que desestiman las responsabilidades de la Comunidad de Madrid en lo ocurrido, el último, por la muerte de dos residentes en sendas residencias de Parla, en el que la Audiencia Provincial dedujo que la atención desplegada «fue la adecuada».

Al contrario que en este caso, la Audiencia Provincial de Madrid sí obligó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir el pasado año una causa contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia de Covid-19.

También con anterioridad la Audiencia Provincial había determinado, en relación con la muerte de otros dos residentes en otra residencia de la Comunidad, que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones.

Tras conocerse el registro de este informe ante la Fiscalía Superior de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la vinculación de los miembros de esta Comisión Ciudadana con «partidos de izquierda», por lo que ha sentenciado que «no tienen otro objetivo que tratar de desgastar» al Ejecutivo regional utilizando «el dolor de las familias».