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todaymarzo 26, 2024
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La organización denuncia que fuerzas del Estado estarían actuando para proteger los intereses del negocio minero, incluyendo los de la familia del jefe de Estado.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) responsabilizó al Gobierno del presidente Daniel Noboa de la represión desatada contra campesinos en la localidad de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi.
En su cuenta de X, la CONAIE difundió imágenes y videos de campesinos que habrían sido atacados por fuerzas que actúan en contubernio con el Ejecutivo y la minera canadiense Atico Mining Company, luego de que la justicia decidiera suspender una consulta con la que se pretende autorizar la explotación minera en la región.
«El Gobierno y la minera Atico Mining Company derraman sangre campesina por sus intereses económicos. Basta de violencia contra el pueblo», se lee en uno de los trinos.
Más temprano, la organización convocó a una movilización nacional para este 27 de marzo en rechazo a la minería en Palo Quemado y Las Pampas. Se trata, dijeron, de «una acción nacional para demostrar nuestra solidaridad con las comunidades que resisten y para proteger la integridad de nuestros territorios, amenazada por la violencia extractiva de Daniel Noboa y las empresas mineras», a lo que sumaron un «plantón solidario» frente a la Embajada de Canadá en Quito en horas de la tarde de este martes.
De acuerdo con el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, Noboa «tiene intereses mineros» y antes de ejercer la primera magistratura, su familia participaba de proyectos mineros en diferentes lugares de Ecuador.
En una entrevista con Ecuavisa concedida a finales de la semana previa, Iza sostuvo que el jefe de Estado ecuatoriano viajó a Canadá para reunirse «en persona» con la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), en interés de garantizar «la ganancia de sus empresas» familiares.
Durante la breve Administración de Noboa se han concretado varios contratos mineros de importancia. El pasado 5 de marzo, Adventus Mining anunció la firma de un acuerdo de inversión con Quito para el desarrollo de un proyecto minero en el sureste del país, que se suma al proyecto Tres Picachos, que explotará en sociedad con la japonesa Japan Organization for Metals and Energy Security.
En paralelo, el Ejecutivo intenta promover una consulta ambiental, que según las organizaciones denunciantes no cumple con los estándares previstos en la legislación local, dado que aún no se ha sancionado la correspondiente Ley Orgánica que regule los términos sobre los planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en tierras indígenas, una crítica que desde el Gobierno han tratado de paliar argumentando que se trata de una consulta no vinculante.
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Escrito por hiperactivafm
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