Luis Alfredo Ramos, condenado a 8 años de prisión por parapolítica. Foto: Colprensa
Luis Alfredo Ramos, condenado a 8 años de prisión por parapolítica. Foto: Colprensa

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia informó este miércoles que no prosperó el recurso de apelación presentado tras la condena impuesta al abogado, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y tendrá que cumplir la sentencia que le habían impuesto por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

Por sus vínculos probados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo con el que dialogó entre 2001 y 2007, la Sala Especial de Primera Instancia del mismo tribunal había condenado a Ramos a 95 meses de prisión, más una multa de 7.749 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 95 meses más. Luego de este fallo en segunda instancia, Ramos tendrá que cumplir la condena en una prisión y no podrá apelar.

Por el mismo caso, Ramos había recibido una medida de aseguramiento en centro carcelario en 2013, cuando estaba en el sonajero para ser precandidato presidencial del recién fundado partido Centro Democrático. En 2016, después de varios años en la cárcel, la justicia decidió liberarlo y llevó su proceso en libertad.

Captura del fallo de la Corte Suprema de Justicia
Captura del fallo de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, confirmó que el exgobernador entabló alianzas con los hermanos Vicente y Carlos Castaño para lograr la victoria electoral en el departamento. De esta forma, Ramos habría promocionado y perpetuado la actividad criminal de las AUC.

Los bloques Metro y Centauros de ese grupo delincuencial entregaron dinero y apoyo político a la campaña de Ramos, quien fue senador de la República en 2002 y se hizo escoger como gobernador de Antioquia en 2007. Incluso, según el testimonio de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Baez, había una relación de amistad entre los cabecillas y el político.

Con Ernesto Baez también hubo acercamientos, según lo confirmado por la Corte Suprema. A pesar de que Ramos dijo que se sostuvo una reunión en 2004 en el marco de la Ley de Justicia y Paz, el paramilitar aseveró que la misma se llevó a cabo en 2005 y ocurrió en una finca de Hugo Albeiro Quintero, también condenado por el mismo delito.

Como si fuera poco, el tribunal pudo constatar que la reunión tuvo lugar en horas de la noche, en un lugar no autorizado por el Gobierno nacional y entre los amigos y allegados de Vicente Castaño, todas estas condiciones altamente sospechosas.

Finalmente, la Corte Suprema concluyó que no se encuentra duda frente a los acuerdos que Ramos hizo con los jefes paramilitares para recibir apoyo económico y político en su época como senador y exgobernador.

Después de varios años de cuestionamientos por sus alianzas con actores involucrados con la parapolítica, en 2011, ese tribunal abrió una investigación en contra de Ramos por el mismo delito. Finalmente, en octubre pasado recibió su condena, pero la apeló y envió un comunicado a la opinión pública para insistir en su inocencia.

Mi carrera pública y mi vida profesional de 40 años al servicio del país no serán mancilladas por este arbitrario fallo, promovido por oscuros intereses políticos que fueron demostrados en el proceso. Continuaré dándole a la cara a la Justicia, confiando en que se reconozca mi inocencia en la segunda instancia”, señaló Ramos en aquel entonces.

En la carta, Ramos aseguró que el magistrado ponente en primera instancia se declaró impedido para continuar con el proceso manifestando “ausencia de imparcialidad y evidente animadversión”, a la vez que expresó una “afectación grave, actual y cierta del debido proceso”, así como lo señaló la Corte Constitucional. Sin embargo, Ariel Augusto Torres siguió con el caso.

A su vez, el exsenador argumentó que uno de los tres magistrados que hacen parte de la Sala de decisión de Primera Instancia presentó un el salvamento de voto que contempla que “el procesado debe ser absuelto bajo el entendido que en nuestro ordenamiento jurídico-penal se sanciona a la persona por sus actos y no por ser quien es”, recalcando que en este mismo tema de la absolución se habría pronunciado la Procuraduría.

Estuve injustamente privado de mi libertad por tres años y tres meses. Por mi esposa María Eugenia, mis dos hijos, mis cinco nietos, seguiré dando esta batalla contra esta infamia hasta el último día de mi vida”, concluyó Luis Alfredo Ramos en el comunicado.

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