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Las agrupaciones
del Frente Amplio (FA) Casa Grande, Movimiento Cambio Frenteamplista, el
Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo emitieron un
comunicado este viernes relacionado con los proyectos Neptuno y MVD 360.

El primero
propone construir una nueva
planta potabilizadora de agua en San José y es impulsado por OSE; el
segundo es una inversión privada que consiste en la construcción
de una isla artificial frente a Punta Gorda, que contaba con el apoyo del
Poder Ejecutivo pero ya fue rechazada por la Intendencia de Montevideo (IM).

En la
misiva, los sectores manifiestan que ambas iniciativas tienen en común los “graves
impactos sociales y ambientales” que conllevaría el realizarlos. Además, “vuelven
a poner en evidencia” un modelo de relación entre lo público y lo privado que “tiende
a mercantilizar los bienes públicos”, aseveran.

Así, las
cuatro agrupaciones expresaron su “absoluta oposición” al proyecto Neptuno ya
que “mercantiliza” el agua y privatiza su “captación y potabilización”,
argumentan. En esta línea, añaden que “vulnera” el artículo 47 de la
Constitución, que consagra el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental.

“Rechazamos
a su vez el manejo poco riguroso que hace el gobierno de los costos del
proyecto, aumentando sustancialmente lo ya previsto en una propuesta del
gobierno anterior, avalada técnicamente y con el apoyo de sectores sociales y
políticos de Florida. Sostenemos que el Plan recientemente anunciado afecta la
faja costera de Arazatí, el acuífero Raigón, y el área protegida del Santa
Lucía, y a las comunidades involucradas las cuales se han manifestado en contra”
de este, añaden las mencionadas agrupaciones.

En segunda
instancia, estos integrantes del FA denunciaron la “inacción” del Ministerio de
Ambiente “frente a la situación de contaminación y eutrofización grave” de la
Cuenca del Río Santa Lucía. Al respecto, reiteraron la “urgencia” de “poner límites
efectivos” a los contaminantes que llegan a los cursos de agua y, al mismo
tiempo, se solidarizaron con “la lucha de las y los trabajadores” de la
cartera, “ya que sin vehículos ni recursos humanos no puede cumplir con su
tarea”.

También recalcaron
“que las medidas que deben tomarse para limpiar la cuenca del río Santa Lucía
están claras y han sido validadas por investigadoras/es e instituciones
nacionales e internacionales”. A su entender, la decisión sobre el tema es “esencialmente
política” y enfatizaron en que “debe priorizarse la calidad del agua por sobre
las ganancias de las empresas que generan la contaminación, aplicando el
principio ‘el que
contamina paga’».

De esa
forma, detallaron, “se desestimulan las prácticas contaminantes y se promueven
cambios técnicos”.

En cuarto orden,
manifestaron su “preocupación” por la “calidad del agua” del Río de la Plata,
la cual “no puede garantizarse únicamente con medidas de índole nacional”, dado
que depende también de las acciones que tomen Argentina, Brasil y Paraguay. Esto
“incrementa los riesgos para nuestro país”, subrayaron los sectores
frenteamplistas.

A su vez,
respecto al proyecto MVD 360, hicieron suyas las declaraciones de la Federación
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Sociedad
de Arquitectos del Uruguay (SAU). Ellos detallaron los efectos negativos
que en materia urbanística y ambiental generaría la iniciativa y denuncian la “lógica
privatizadora y segregacionista” que supone, comentaron las agrupaciones.

En tanto,
celebraron la posición de la IM al rechazar el proyecto. Para los cuatro
sectores integrantes del FA, el gobierno departamental expuso “con claridad y
solidez” los fundamentos de esa decisión.

“A su vez
expresamos nuestra preocupación por la insistencia del gobierno nacional que,
en alianza con poderosos intereses privados, cuestiona la decisión
departamental y anuncia el posible desarrollo del proyecto en otra zona del
país. De este modo las autoridades de gobierno en lugar de ser garantes del
bien común se convierten en promotoras y emisarias de negocios particulares”,
hicieron hincapié desde los sectores del FA.

Finalmente,
reafirmaron su “convicción” de que “solo la participación ciudadana y la
defensa de la primacía de los bienes sociales y derechos colectivos por sobre
el capital y el lucro” pueden “permitir la construcción de una sociedad en la
que quepamos” todos los uruguayos, “garantizando la justicia ambiental y el
acceso democrático al agua, la vivienda y el espacio público, amenazados en el
mundo entero por la voracidad del mercado”.

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