culpan mal manejo del Reinfo y la Ley Antiforestal

El pueblo indígena awajún continúa enfrentando graves amenazas debido a la expansión de la minería ilegal de oro, problema que persiste desde hace más de una década en su territorio.

Actualmente, debido a los conflictos, deterioro ambiental, la escasa intervención de las autoridades estatales y las recientes modificaciones en la legislación ambiental, los focos más afectados son la cordillera del Cóndor, el río Cenepa, el río Marañón y el río Santiago.

En dichas zonas, la extracción de mineral se lleva a cabo sin ningún tipo de control, dañando el ecosistema y la calidad de vida de las comunidades indígenas.

Así lo detalla una nota de Inforegión que, además, destaca un informe de la organización Paz y Esperanza, el cual revela la existencia de 53 puntos de extracción ilegal en tan solo 38 kilómetros del río Cenepa, incluidas estructuras de gran capacidad conocidas como tracas o pitones.

Matut Impi Ismiño, waisman (en castellano ‘vicepresidenta’) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), expresa la difícil situación que enfrenta el pueblo awajún, señalando el impacto devastador de la minería ilegal en las montañas y fuentes hídricas esenciales para su comunidad.

Asimismo, Impi Ismiño agrega que los impactos de la minería ilegal no se limitan al daño ecológico, sino que se extienden a severas crisis sociales y culturales dentro de las comunidades afectadas que han fragmentado las relaciones dentro del pueblo awajún.

Pues, existen denuncias por trata de personas, explotación sexual de menores, entre otras problemáticas sociales, en las comunidades. Además, los líderes indígenas y defensores de los derechos humanos y ambientales se encuentran en una situación de alto riesgo, al enfrentar constantes amenazas debido a su oposición a estas prácticas ilícitas.

“No sabemos de dónde viene esta gente foránea que llega a nuestras comunidades a realizar minería”, expresa Matut al referido medio.

En el marco de la crisis en El Cenepa, el pueblo awajún ha criticado la derogación del Decreto Legislativo 1607, que autorizaba a la PNP a actuar contra aquellos mineros que operaban con inscripciones suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), así como la introducción de la nueva Ley Forestal por parte del Congreso.

Pues, estas modificaciones legislativas han eliminado barreras claves que limitaban las actividades de explotación minera no autorizadas, lo que contribuye al aumento de la deforestación, la contaminación de cuencas hidrográficas y la pérdida de hábitats.

Por ello, sostiene que la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas a nivel nacional se agrava ante la minería ilegal en sus territorios.

En los últimos años, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), que agrupa a 63 comunidades nativas awajún, el Ejército y miembros de la comunidad awajún se han articulado para identificar y destruir varias operaciones de minería ilegal.

Sin embargo, el desafío persiste debido a la insuficiente acción estatal y la capacidad de los grupos ilegales para rápidamente reemplazar el equipo destruido.

Por ello, solicitan una estrategia más efectiva y sostenida en el tiempo por parte de las autoridades, como la implementación de un plan de vigilancia de seis meses, el fortalecimiento de policías comunales y la capacitación de las comunidades para defender sus territorios.