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La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente
presentó este miércoles los “avances y lineamientos” previstos para el actual
período de gobierno.
Con la asistencia del presidente de la República, Yamandú
Orsi, la directora del organismo, Alejandra Casablanca, aseguró que “se
agotarán todas las instancias para la búsqueda de la verdad acerca de los
detenidos desaparecidos”.
Según la jerarca, “estos son compromisos que, para este gobierno,
no son letra muerta”. En ese sentido, se presentaron una serie de acciones de
cara a ese objetivo, principalmente “continuar la búsqueda”.
Además, el gobierno plantea “revisar las leyes reparatorias
de las víctimas de la actuación ilegítima del Estado; desarrollar una política
nacional de memoria; garantizar la fluidez de la tramitación judicial de los
casos donde se juzguen delitos de lesa humanidad; levantar toda traba
burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a
los lugares de enterramiento; posibilitar mayor acceso a fuentes de
inteligencia militar que permita más celeridad en el conocimiento de los
archivos de la dictadura; eliminar de establecimientos y espacios públicos toda
referencia a personas militares o civiles condenadas por crímenes de lesa
humanidad; e incluir en los programas educativos de todos los niveles cursos
sobre el pasado reciente”.
Por otro lado, Gabriela Valverde, ministra del Interior en
ejercicio, anunció que se retomó un convenio de 2013, suspendido en 2020, que
posibilita la digitalización del archivo histórico de la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia.
Este archivo será enviado a la secretaría para recibir custodia y ser consultado, informó.
Además, luego del evento, la ministra de Defensa, Sandra
Lazo, anunció en rueda de prensa que desde la cartera se analizará la
posibilidad de que las personas que cometieron delitos de lesa humanidad
durante la dictadura dejen de percibir jubilación.
“Estamos dispuestos a dar la discusión sobre si es ético
que las personas que están prófugas deban seguir cobrando sus haberes”, planteó.
Además, sostuvo que esos delitos “no prescriben” y cuestionó la normativa
actual que permite que “continúen por el mundo como si estuvieran de
vacaciones, cuando en realidad están siendo requeridos por una causa”.
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