El senador nacionalista Sebastián Da Silva pidió este miércoles una “reacción inmediata” ante lo que calificó como una nueva amenaza para la producción agropecuaria: la cotorra de campo.
Durante una intervención en la media hora previa de la Cámara de Senadores, reclamó una “estrategia de ataque” y propuso autorizar el uso de Carbodan, un veneno que —según dijo— permitiría eliminar los nidos y “controlar una plaga que tiene arrodillada a la producción granjera”.
Da Silva aseguró haber recibido “testimonios de pequeños productores” del cinturón granjero de Montevideo y del oeste de Canelones, donde la cotorra afecta “hasta el 70% de la producción de frutales y viñedos”. “El sistema político hace la vista gorda; hay que actuar ya para proteger a los productores”, afirmó.
Las declaraciones generaron rechazo entre especialistas. En diálogo con Montevideo Portal, Jorge Luis Cravino, quien fue técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca durante 30 años y dirigió la División de Fauna, calificó la propuesta de “burrada” y recordó que el uso de veneno para controlar vertebrados está prohibido desde 1996.
“En ese decreto se establece que el uso de cebos tóxicos se considera un acto de caza de grave entidad. No se puede hacer, es ilegal”, explicó Cravino. “Nunca son solo cotorras las que mueren: en los mismos nidos anidan halcones, patos y otras aves nativas. Usar veneno es totalmente inaceptable y va en contra de lo que significa Uruguay Natural”.
El exjerarca sostuvo que existen métodos alternativos para el control de la especie, sin recurrir a venenos. “Si quieren exterminar cotorras, que sea con escopeta, no con veneno. Es mucho menos dañino para el ambiente”, señaló.
Cravino también ubicó el problema en un contexto más amplio. “El daño principal no lo hace la cotorra, lo hace la agricultura super extensiva, que eliminó grandes extensiones de pradera natural y alteró el equilibrio ecológico. Las cotorras son consecuencia de eso, no la causa”.
El exdirector insistió en que Uruguay necesita una política ambiental de largo plazo, con instituciones específicas dedicadas a la fauna y la flora. Cuestionó que el país “no tenga legisladores que defiendan al medioambiente” ni una masa crítica que exija medidas sostenidas.
Según Cravino, Uruguay está entre los tres peores países del mundo en áreas protegidas y es “el peor de toda América Latina” en cantidad de áreas protegidas. “Estamos muy atrasados en todo. Nos acordamos de la fauna solo cuando molesta, nunca cuando hay que protegerla”, concluyó.
