Dádivas multicolores al oligopolio audiovisual

Semejante performance al frente de la cartera ministerial, de la cual fue cesado por el presidente Luis Lacalle Pou junto a otros jerarcas para apagar el incendio provocado por las revelaciones de Carolina Ache en torno al caso Marset, merecía un largo y reflexivo retiro espiritual.

Sin embargo, Heber, viejo soldado herrerista, quien batió un récord de permanencia en el Parlamento de casi cuarenta años, no por su idoneidad e inteligencia sino por su origen patricio y oligárquico y su poder económico, volvió rápidamente al ruedo para participar en la campaña electoral.

Ahora, se transformó en escudero del oligopolio mediático, acusando al Frente Amplio de querer “confiscarle minutos” a la programación de las señales televisivas, por reclamar tiempos gratuitos para difundir publicidad electoral en igualdad de condiciones. Al respecto, defendió la “libertad comercial de las empresas”, asumiendo un rol de empresario.

Aparentemente, la derecha aprendió a conjugar el verbo confiscar, tanto en el presente indicativo como en el subjuntivo. En efecto, han confiscado la pública felicidad de la mayoría de los uruguayos, con más pobreza, más indigencia, peores salarios y jubilaciones por más que Delgado confunda nivel salarial con masa salarial, más acomodos, más cargos de confianza, licitaciones truchas y amañadas y, obviamente, corrupción a raudales.

Por cierto, el verbo confiscar lo utilizan habitualmente para defender el adefesio de reforma previsional entreguista que aprobaron, afirmando que los promotores del plebiscito apuntan a confiscar los ahorros de los uruguayos. En realidad, las que han confiscado los dineros de los aportes de los trabajadores son las AFAPs, que cobran comisiones leoninas, manejan 22.000 millones de dólares a su antojo y pagan pasividades de indigencia.

Realmente, ¿cómo se puede confiscar lo que es propio? Las ondas del espectro radioeléctrico que explotan como permisionarios los grupos económicos que detentan la propiedad del oligopolio audiovisual son del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, afirman que los canales de televisión le estarían “donando” a los partidos políticos minutos de su programación en detrimento de sus pautas comerciales, lo cual es una aseveración inverosímil.

Los canales de televisión privados de aire, desde su fundación hace ya más de sesenta años, estuvieron al servicio de los intereses de la clase dominante, de sus socios de la derecha política y también fueron funcionales a la dictadura.

Dádivas de campaña

Durante los últimos cuatro años, el Gobierno exoneró a las empresas audiovisuales de abonar el canon que les correspondía pagar a la URSEC por el usufructo de estos permisos. La deuda ascendía, hasta el año pasado, a los 22 millones de dólares. Naturalmente, en virtud de lo aprobado en la Ley de Medios, la exención será permanente.

A ello se sumó la insólita decisión de pagar a las empresas audiovisuales por sus contenidos que son de libre acceso y sin costo para difundirlos en Antel TV y la financiación de programas televisivos, mediante el Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Sustentable.

Asimismo, también se favorece a los cableoperadores, empresas que funcionan bajo la égida de los canales privados de aire, que ahora podrán competir con Antel en la prestación de servicios de internet, usando insólitamente la misma red de fibra óptica del ente público y sin invertir ni un dólar. Esta medida gubernamental provocará al ente una pérdida anual de 70 millones de dólares.

Para justificar las inmorales dádivas que se otorgan a las empresas privadas, en un decreto fechado el 2 de octubre de 2023, se consigna que la “emisión simultánea en digital y analógico generan costos para los titulares de las autorizaciones, que deben mantener ambas modalidades de transmisión y que cada vez es más difícil obtener repuestos para el equipamiento de transmisión analógica”.

La indebida exoneración fue adoptada por primera vez en 2020, cuando el Gobierno alegó, con toda razón, que era necesario desgravar a las permisionarias, con el propósito de que éstas difundieran la prioritaria información relativa a la pandemia. Por entonces, en un contexto tan adverso, la medida se justificaba. Empero, como el alerta sanitario terminó hace ya casi tres años, esta nueva decisión tiene un fuerte tufillo a pago de favores a los empresarios que sostuvieron históricamente a los partidos tradicionales.

A ello se suman los aportes, a través de la Dinatel, en diversos concursos a los que se convocó a canales privados, y los insólitos pagos de Antel a los canales 4, 10 y 12, por la distribución de sus contenidos a través de la plataforma Antel TV.

Por otra parte, el 100 % del Fondo de Apoyo Audiovisual quedó en manos de sólo tres canales de televisión, que fueron favorecidos por aportes realizados por el Estado a programas de las señales capitalinas de televisión abierta.

En ese contexto, el Tribunal de Cuentas observó en dos oportunidades los gastos incurridos por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en el marco del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Sustentable. A comienzos de setiembre del año pasado fue emitida una resolución que advertía que la cartera había modificado las bases de un concurso para favorecer a los canales privados.

En la primera resolución se mencionó que los gastos superaban los 52 millones de pesos, y que habían sido destinados a la producción de los programas “Bake Off”, “La Voz Uruguay” y “¿Quién es la máscara?”, producidos por Canal 4, Canal 10 y Canal 12, respectivamente.

Aunque al momento de su selección contaban con las autorizaciones correspondientes y cumplían con los criterios de elegibilidad planteados por la convocatoria, las propuestas contradecían el punto que establecía que “no se otorgaría a producciones que, aunque estén realizadas en el país, sigan un formato extranjero”. Luego de que la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicio de Comunicación Audiovisual reconociera la incompatibilidad, el requisito fue suprimido.

La nueva resolución plantea que fueron otorgados otros 28 millones de pesos más. Esta vez los destinatarios fueron los programas “A todo o nada”, de Canal 12, y “Ahora caigo Uruguay” y “El precio justo”, producidos por Canal 4. También en estos casos se dejó sin efecto el requisito que refería al formato extranjero.

En plena campaña electoral, la derecha se blinda, otorgando dádivas a sus socios del oligopolio audiovisual. En realidad, no son los canales de televisión los que “donan” minutos gratuitos a los partidos políticos. Es el Gobierno el que le dona a las empresas privadas millones de dólares, naturalmente financiados por toda la sociedad. Esto sí es confiscación.