Montevideo Portal
Un grupo de ahorristas damnificados por el déficit patrimonial multimillonario de Conexión Ganadera presentó un extenso documento ante la Comisión de Hacienda del Senado, al que accedió Montevideo Portal este jueves 14 de agosto, en el que responsabiliza a organismos públicos por “acciones u omisiones” que habrían facilitado el fraude.
En el escrito, los inversores sostienen que una maniobra de corrupción, testaferros y lavado de activos no habría sido posible sin fallas del Banco Central del Uruguay (BCU), la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco República (BROU), la Secretaría
Antilavado (Senaclaft), el Ministerio de Ganadería y el Ministerio
del Interior.
La queja central apunta a una contradicción entre el BCU y la DGI. Mientras el regulador sostuvo hasta enero de 2025 que las operaciones de Conexión Ganadera no eran financieras sino “contratos de capitalización ganadera”, la DGI se presentó al concurso necesario
de la empresa para reclamar retenciones de IRPF, tratándolas como
inversiones financieras.
Según los denunciantes, este cambio de criterio —además aplicado en forma retroactiva— “afecta la legalidad y la estabilidad del mercado” y sienta “un antecedente peligroso” para los inversores privados.
El documento también critica que el BCU no haya instruido a Conexión Ganadera a cesar su publicidad, como sí hizo con otras firmas del sector (como República Ganadera), lo que —afirman— le permitió captar ahorro público de forma masiva y alcanzar una posición “cuasi
monopólica”. Además, se cuestiona que el organismo mantenga en reserva
información recabada desde 2018, pese a que los exdirectores de la empresa
están formalizados por estafa y lavado.
Los inversores reclaman que se anule el crédito presentado por la DGI en el concurso, que se levante la confidencialidad de las actuaciones del BCU y que se investigue a directivos, familiares, intermediarios y funcionarios públicos que habrían participado en la trama,
que según la Fiscalía involucra a 30 empresas. También piden indagar irregularidades
en el sistema de trazabilidad ganadera, deudas con frigoríficos y
operaciones inmobiliarias, automotrices y agropecuarias presuntamente
utilizadas para blanquear fondos.
El texto acusa a los responsables de la maniobra de “burlarse de la legalidad” y de manipular a referentes políticos, y critica que se intente “victimizar” a los ahorristas.
“Estamos frente a un grupo de delincuentes que se burló de la legalidad, engaño y manipuló a políticos y tiene montado un esquema delictivo sin referencias a nivel nacional”, dice la misiva.
En este marco, nombra, entre otros, al exdirector de la OPP Isaac Alfie, al exintendente de Montevideo Daniel Martínez y al senador Sebastián Da Silva como figuras que confiaron en el negocio, los dos primeros como inversores estafados.
“El Ejecutivo, el Parlamento y la Justicia están en un cruce de caminos”, concluye el documento, que insta a actuar “a fondo” para castigar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar que las inversiones nacionales reciban el mismo trato que las extranjeras.
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