Por Cecilia Presa
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Juan Pablo Decia, abogado defensor de unas 200 familias damnificadas por el quiebre millonario de Conexión Ganadera, se mostró crítico con el accionar del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, quien investiga el caso y, el pasado 17 de julio, en audiencia, solicitó la imputación de los tres socios principales de la empresa ganadera: Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral.
La jueza Diovanet Olivera dio lugar al pedido de formalización de la investigación, por lo que Carrasco fue imputado por un delito continuado de estafa en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión de transferencia en calidad de autor. Mientras que Iewdiukow y Cabral fueron imputadas por un delito continuado de estafa en calidad de autoras.
En virtud de esto, además del embargo de varios de los bienes de los imputados por un valor total de US$ 16 millones, el hombre recibió la medida cautelar de prisión preventiva efectiva y las mujeres tienen prisión domiciliaria preventiva, con tobillera electrónica.
Sin embargo, en diálogo con Montevideo Portal, Decia afirmó que Rodríguez debió haber imputado por más delitos a los tres implicados, además de incluir a otras personas cercanas, como los hijos de los matrimonios Carrasco-Iewdiukow y Basso-Cabral, o el gerente de la empresa Martín Bartol.
“No tiene una respuesta lógica, en la lógica jurídica, ni tampoco tiene una respuesta jurídica el hecho de que el fiscal no imputara delitos que de la investigación preliminar surgen con meridiana claridad”, consideró el defensor.
Para Decia, Rodríguez está incumpliendo un deber al omitir estas imputaciones: “[Rodríguez] está incumpliendo el mandato legal que le impone el Código del Proceso Penal, cosa que, en representación de las víctimas que patrocino, me preocupa y mucho”.
“Entiendo que el fiscal no está actuando conforme a derecho, porque está obviando y está incumpliendo un deber que le manda el código y, teniendo las evidencias para imputar, no lo está haciendo”, sumó.
Entonces aludió a la no imputación de las dos mujeres por el delito de lavado de activos, que las hubiese llevado a la prisión preventiva, como sucedió en el caso de Carrasco.
De acuerdo con el abogado, no existen argumentos jurídicos por los que no imputarlas por ese delito: “Está sobradamente acreditado en la carpeta investigativa que ambas señoras incurrieron en reiterados delitos de lavado de activos”.
Así, indicó que, en el caso de Cabral, le derivó dinero de Hernandarias y de Conexión Ganadera a su hija para comprar campos en Lavalleja. Además, usó dinero de la empresa para comprar “departamentos que a la postre se pusieron a nombre de sus hijas en Punta Carretas”.
En el caso de Iewdiukow compró con activos de Hernandarias, “es decir, de las cuentas donde los inversores depositaban sus dineros para la compra de animales, apartamentos a nombre de sus hijos en Punta del Este, en Pocitos”. “De por sí fue quien firmó los diferentes boletos de reserva para luego ella, como prominente compradora, resolver que la compra se hiciera en favor de sus hijos”, agregó.
“Pese a esa contundencia de la evidencia que surge de los informes de la Senaclaf, el fiscal no imputó por lavado de activos ni para Iewdiukow ni para Cabral”, criticó Decia.
El abogado afirmó que desconoce la razón de la no imputación, pero afirmó que no es jurídica. “Desconocemos si es una razón estratégica, si es una razón táctica, si es una razón que tiene que ver con intercambio de información a cambio de no imputar determinado delito, cosa que puede ocurrir”, especuló el leguleyo.
“Los hechos demuestran de que están existiendo cosas que los abogados de las víctimas no conocemos”, completó.
Por otro lado, Decia puso sobre la mesa la ausencia de formalizaciones por los delitos de insolvencia societaria fraudulenta y de asociación para delinquir.
En el primero de estos delitos, el abogado indicó que, en base a los informes de la Senaclaft, se habla de un “vaciamiento” de la empresa y de la erosión de sus recursos por parte de los cuatro socios cuando los números de Conexión Ganadera ya “estaban en rojo”.
“Eso es un elemento objetivo para investigar formalmente y está clarísimo en la investigación. Y, pese a eso, el fiscal dice: ‘No, no tengo los elementos objetivos para formalizar la investigación por este delito’. Eso es realmente subestimar la inteligencia de los operadores jurídicos que estamos interviniendo en el proceso porque, reitero, no tiene una explicación jurídica”, dijo Decia.
En cuanto a la asociación para delinquir, el defensor manifestó que en los hechos investigados “existe esa unidad de acción y esa correlación entre diferentes acciones criminales” que, bajo su punto de vista, “claramente” responde a un fenómeno asociativo.
“Que no se imputara hoy asociación para delinquir y sí estafa en una única acción criminal y sostener que esas estafas fueron consumadas de forma aislada sin concierto previo entre los tres imputados, es algo que choca contra principios básicos de razonabilidad”, recriminó.
Por el delito de asociación para delinquir, además, opinó que habría otros implicados, como los mandos medios y tomadores externos de Conexión Ganadera.
“No le estamos pidiendo al fiscal que acuse ahora, estamos pidiendo que formalice la investigación, es decir, que le diga al Poder Judicial: ‘Formalmente voy a investigar este presunto delito’”, recordó.
Una de las razones que adujo el fiscal para no hacer estas imputaciones fue que resta esperar la respuesta de diferentes exhortos judiciales enviados al exterior para continuar con la investigación.
Decia contestó que “ninguna de las pruebas que están pendientes de recepción, como son las respuestas de los exhortos judiciales, van a cambiar un ápice de lo que hoy el fiscal ya tiene”.
De todas maneras, ante esto, Decia envió días atrás un escrito dirigido a la Fiscalía, al que accedió Montevideo Portal, en el que pide que estos exhortos sean tramitados a través de la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para que el Ministerio Público acceda más rápidamente a la información.
“Sabido es que los tiempos en la respuesta a los exhortos judiciales no dependen de la actividad de la Fiscalía ni del Poder Judicial (juez requirente), ni de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Educación y Cultura, razón por la cual y para poder obtener las respuestas a la información solicitada con otra celeridad, con mayor alcance geográfico, y en los tiempos que la investigación penal demanda, es que nos permitimos solicitar a Fiscalía que oficie a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, para que a través de la misma y en base a los múltiples Convenios de Cooperación Internacional que esta Secretaría suscribió con diferentes entidades y agencias gubernamentales que cumplen idéntico rol al de la Senaclaft en Uruguay, puedan remitir información”, indica el documento.
Entonces detalla los nombres de empresas y personas sobre las que el defensor entiende que se debería requerir información tramitada a través de la Senaclaft; Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow, Gustavo Basso, Daniela Cabral, Baltasar Carrasco, Guadalupe Carrasco, Agustina Basso, Candelaria Basso, Conexión Ganadera, Hernandarias XIII, Muralis S.A., Lerosur S.A., Sauce Chico S.A.S., Alfredo Rava, Jorge Cunietti, Maximiliano Rodríguez, y Martín Bartol.
“Las circunstancias del caso y la dimensión de la maniobra delictiva que se está investigando justifican el darle mayor celeridad a las probanzas que se están diligenciando en la investigación preliminar. Y, también, hacerlo a través de la Senaclaf, le va a dar un mayor alcance geográfico a las solicitudes”, indicó Decia, quien especificó que el fiscal pidió exhortos a Estados Unidos, España, Panamá y Paraguay.
Pero, explicó, “la Senaclaft le puede dar un mayor alcance territorial a ese pedido de información respecto de todas las personas y empresas que están siendo investigadas en cuanto a la existencia de bienes (muebles e inmuebles), cuentas, activos virtuales, Cofres Fort, que puedan tener en diferentes partes del mundo y no estrictamente en los países exhortados”.
“A mí me preocupa y voy a seguir insistiendo y cuestionando al fiscal hasta que vea que la actuación fiscal es acorde a lo que surge de la carpeta, cosa que hoy no está ocurriendo”, concluyó Decia.
Por Cecilia Presa
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