Demoler la imagen del CASMU y la credibilidad de sus autoridades

Por lo pronto, no olvido que este Ministerio que tenía al frente a un jerarca del mismo partido que la actual ministra y con el mismo subsecretario de la médula herrerista de este Gobierno, condujo al cierre a Casa de Galicia, cierre que fue nefasto, muy costoso para el Estado, beneficioso para algún operador privado y malísimo para los funcionarios y abonados, quienes fueron dirigidos como ganado a instituciones que tal vez nunca hubieran elegido si hubieran podido opinar.

Tampoco olvidemos que esto se hizo con visto bueno de los legisladores del Frente Amplio que en esa ocasión se comieron la pastilla, aunque algún tiempo después se arrepintieron.

Ahora la ministra Rando viene con una historia calcada, culminando una campaña insidiosa, imprudente e irresponsable que tiene el propósito inocultable de afectar la credibilidad de la institución, el honor y la honestidad de sus autoridades y, sobre todo, su legitimidad.

Podría afirmar que ha tenido relativo éxito si vemos la evolución negativa del padrón social desde que la ministra inició su prédica demoledora y la forma acelerada en que ha sumado heridos y descontentos a su causa.

A diferencia de muchos de los legisladores, he leído las más de doscientas páginas que escribió el Ministerio de Salud y los descargos del CASMU. Aunque debo advertir que algunos señalamientos me llaman la atención, no encontré elementos, como tampoco lo hicieron los interventores, que me permitieran afirmar que estábamos ante ilícitos.

También observo que muchos de tales señalamientos, tal vez la mayoría, son puntos que sería posible observar en cualquier empresa de la magnitud del CASMU, en donde los controles y protocolos de actuación históricamente no han sido muy exigentes.

A diferencia de mi impresión, los interventores y la ministra de Salud estarían obligados a hacer la denuncia en la Policía o en un juzgado si hubieran detectado situaciones de apariencia delictiva. Sin embargo, no lo han hecho. Apenas si le pasaron el fardo a la fiscal para que continuara con la búsqueda de irregularidades con la esperanza de que alguna estuviera encuadrada en lo que califica como delito en el Código Penal.

Pero en una primera lectura no hay nada de eso. Tal es así que la propia ministra, que protagonizó el show, no encontró ningún elemento que le permitiera desplazar a las autoridades. Tampoco parece haber violaciones flagrantes del estatuto, aunque se mencionan puntualmente algunas en la que se amplifica su gravedad. Si las hubiera y la Comisión Interventora o la ministra adujeran legitimidad, podrían denunciarlo al Ministerio de Cultura para un trámite exprés al que el ministro Da Silveira se hubiera prestado con gusto.

Conste que hubo una auditoría que duró seis meses y una intervención de tres meses más, en donde husmearon en cada rinconcito de los papeles, los cajones y los servicios.

Yo no soy diputado ni senador, Dios libre y guarde, pero aseguro que no me comería la pastilla, le preguntaría a la ministra preguntas que la pusieran incómoda, le interrogaría sobre cuáles son los hechos y cuáles las opiniones, qué instrucciones tenían los mencionados interventores, qué explicación dan los investigados a las observaciones e interrogantes y cuál es la evaluación de los interventores sobre la colaboración de las autoridades del CASMU y su disposición a ser sujetos de esta investigación plagada de desplantes y excesos.

Obviamente, no le levantaría centros para que cabeceara cómodamente y sin marca. Es más, antes de declarar nada a la prensa preguntaría a algún abogado de mi confianza si encuentra algo tan horrible que merezca un pronunciamiento de emergencia.

Lamentablemente no estaba Charles Carrera cerca, que hubiera dado una opinión más solvente, prudente y respetable que los legisladores frenteamplistas más locuaces.

Sin embargo, según las actas y los artículos de prensa, no fue así. Tal vez los legisladores no habían recibido o leído la otra versión ni tenido en cuenta las apelaciones de la defensa frente a un juzgamiento implacable de jerarcas del Ministerio a los que le robaron diez ampollas de fentanilo y nos enteramos por los diarios argentinos y no tenemos noticias de que se haya hecho una denuncia penal. Ni hablemos de los 500 cargos de confianza presupuestados en ASSE y los acomodos de Cabildo Abierto que aún rechinan en los oídos de quienes tenemos buena memoria.

Yo no tengo una opinión definitiva de los asuntos que incluyen el informe de la investigadora y además no tengo porqué tenerla, pero algunos legisladores se ven obligados a tenerla y antes de dar una opinión excusarse si han estado o están vinculados a empresas o instituciones de la competencia. Presumir que hay irregularidades porque así lo ha dicho la investigación de Salud Pública, ignorando los descargos de la institución investigada y sin siquiera tenerlos en cuenta, es al menos un prejuzgamiento y una ingenuidad si no hay otros intereses que lo justifiquen.

Entendería que los legisladores de la coalición de gobierno defendieran a tapas cerradas el informe de la Dra. Rando, pero que los del Frente Amplio lo hagan parece raro, máxime que yo creo que en estas cosas empresariales en donde hay interese políticos y comerciales nadie está libre de ser víctima de las operaciones de los lobbies y, en este caso, de los intereses de las empresas y del corporativismo médico que alguna vez alguien llamó, exagerando, la mafia blanca.

Ahora bien, para poner algo de contexto, recordemos que CASMU fue objeto de una operación de salvataje en 2009. Luego de muchas asambleas, a impulso del Gobierno de Tabaré Vázquez, dejó de ser una institución sin fines de lucro propiedad del Sindicato Médico para ser una institución privada, productora de salud, integrada por varios centenares de médicos capitalizadores.

Nació mal, con un patrimonio negativo gigante y, por supuesto, nadie investigó cómo se había llegado a esto. Las medidas económico-financieras que se adoptaron para posibilitar la sobrevivencia eran a todas luces insuficientes y sólo permitían pasar el mal momento, pero nadie creía que el bebé que nacía iba a ser sostenible mucho tiempo después de empezar a caminar. Tal vez, con el diario del lunes, podríamos decir que, como en el ajedrez, el error estaba en la partida.

Pienso que con más tiempo, y sin el peligro del desastre inminente, hubiera sido necesario ampliar el rescate si queríamos que llegara a la etapa de la vida en que aprendemos a andar solos.

Después de 2009, por dos veces consecutivas ganó las elecciones el Dr. Gustavo Bogliaccini y un equipo en donde el peso de los médicos anestésicos quirúrgicos era determinante.

Lejos de solucionar los problemas estructurales, en nuevas elecciones de autoridades realizadas en 2019 entregaron a un médico de familia, el Dr. Raúl Rodríguez, la presidencia de la institución. Las elecciones fueron libres y legítimas y luego repitió ganando tres años después.

En 2019 terminó la presidencia del Dr. Bogliaccini y, según informaron las autoridades salientes, y consta en las auditorías correspondientes que dejaron un pasivo de 100 millones de dólares.

Las autoridades de la Junta Nacional de Salud, que creo que integraban alguno de los legisladores actuales, nunca investigaron al Dr. Gustavo Bogliaccini ni a Daniel Salinas, ni a quienes ocupaban cargos gerenciales. Estos, a partir de 2020, constituyeron el núcleo central del Ministerio de Salud Pública y los altos mandos gerenciales del CASMU fueron premiados en varias jerarquías de este Gobierno de coalición.

Que conste que ya había demandas públicas y conocidas sobre irregularidades en el CASMU que fueron denunciadas por las actuales autoridades, que insinuaron llevar al fuero penal y que luego no denunciaron cuando vieron que Gustavo Bogliaccini era elegido para la Junta Nacional de Salud y Daniel Salinas para ministro de Salud Pública. En eso sí soy muy crítico de las actuales autoridades y de Raúl Rodríguez, quienes decían tener, y seguramente tenían, pruebas condenatorias sobre Bogliaccini y Salinas y prefirieron irse al mazo.

Admitamos que fue en Legítima Defensa. Pero todavía se puede investigar, porque nada de eso ha prescrito.

Hoy estamos ante una embestida baguala, una campaña despiadada de la ministra y alguno de sus servicios, una intervención que hurga y no encuentra nada que sea tan relevante como para justificar el desplazamiento de autoridades; una presidente de la Junta Nacional de Salud que jugó un rol sustancial en la destrucción de Casa de Galicia, con todas sus consecuencias, y que ahora se propone instrumentar una rebelión para sacar a las autoridades por una revuelta institucional que involucraría a organizaciones de usuarios y grupos médicos que quieren recuperar el poder, muchas veces vinculados a empresas comerciales de la competencia.

Yo no me como la pastilla.

Hay una gran mafia que opera desde la Torre Ejecutiva. Hay quienes son parte de ella y otros que la sirven porque les conviene. Hay intereses comerciales que quieren erosionar el CASMU, siempre los hubo.

Todo lo que viene del Gobierno está contaminado y tiene gato encerrado.

Van a dejar serpientes envenenadas por todos lados; deudas millonarias en ASSE con proveedores, mutualistas y laboratorios; fondos ganaderos comprometidos; miles de millones de dólares a pagar en el próximo gobierno, que afectarán toda la inversión en infraestructura; 160.000 niños bajo la línea de pobreza; seiscientos cincuenta asentamientos; el Plan Neptuno con los contratos firmados; dos lanchas compradas a fórceps a pocos meses de entregar el gobierno; empresas públicas debilitadas; una decena de empresas del sector salud con graves problemas y una deuda externa disparada como un flechazo.

Hace unos meses, el CASMU presentó un balance con ganancias y un patrimonio en fase de recuperación. Según lo constatan los balances auditados, el déficit patrimonial desde que Raúl Rodríguez asumió como presidente disminuyó en un 22 por ciento. Las auditorías muestran que sus usuarios están satisfechos, cumple con sus pagos, está al día con sus funcionarios y médicos, con las empresas proveedoras y con los organismos del Estado. Los señores interventores dicen que no peligran los servicios técnicos ni la calidad de los mismos.

El Gobierno tiene que cumplir puntualmente con los pagos de los servicios que el CASMU le presta a ASSE y debe dejar al BROU para que, utilizando las líneas de crédito, contribuya a mejorar el perfil del endeudamiento y disminuir los montos de los pagos de interés. Todo sin interferencias políticas.

Así, mal que le pese a la Cra. Alicia Rossi, llegaremos a las elecciones de setiembre con el CASMU íntegro y allí se elegirán libremente las autoridades, que serán éstas u otras, pero que resultarán de un evento democrático sin rebeliones ni golpes de Estado prohijados desde el poder. Yo no sé qué parte de la torta este Gobierno se había comprometido a repartir antes del 1 de marzo. Cumplir con los compromisos asumidos resulta difícil sin que haya al menos uno que los ponga en evidencia. Yo intuyo que perder el poder es duro y la dificultad de asumirlo significa abatir la tentación de sentirse omnipotente. Pero la vida es dura y a veces te pone ante la necesidad de abrir los ojos y tomar conciencia de dónde estás parado. Esto es muy fuerte para los que mandan, pero también es una práctica para los que se la creen.

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Qué fantástica esta fiesta

El viernes de la semana pasada, en el domicilio de la Dra. María Ana Porcelli, se reunieron los exgerentes del CASMU durante la gestión de Gustavo Bogliaccini para festejar lo que, estiman, puede ser el final anticipado de las actuales autoridades de esta institución. En la fiesta estuvieron presentes, entre otros, Daniel Salinas, exgerente de Compras del CASMU, exministro de Salud Pública y actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica; Gustavo Bogliaccini, expresidente de la Junta Nacional de Salud y expresidente del CASMU; María Ana Porcelli, actual presidenta del Fondo Nacional de Recursos; la contadora Irene Vidal, extesorera del CASMU; Nuria Santana, exgerente del CASMU y actual directora del sanatorio del Círculo Católico y Leticia Carrerou, exgerente de Recursos Humanos de la administración Bogliaccini. El exministro Daniel Salinas se encargó de los saladitos y las masitas.