En las últimas horas, una ONG que trabaja con niños y adolescentes vulnerables denunció
una situación que podría configurar delito de trata de menores
Según
informara el periodista Eduardo Prevé, una mujer habría “entregado” a una adolescente
de 17 años en una boca de droga, como forma de pago de una deuda que había contraído
con los narcotraficantes.
La joven
estaba en una situación de vulnerabilidad y al cuidado de la familia de su novio,
que a su vez era supervisada por la ONG.
Como parte
de su trabajo de monitoreo, técnicos de dicha entidad visitaron repetidamente
la casa de la familia de acogida y la menor nunca estaba allí. Ante tal
situación la ONG recabó información y supo sobre la entrega de la menor. Por
ello, se procedió de inmediato a radicar denuncia ante Fiscalía y en el Inau.
Para las
personas que trabajan con menores en contextos de vulnerabilidad, situaciones como
estas no son novedad.
Andrea
Tuana, directora de la ONG El Paso, ya se refería hace más de un años al
problema que afrontaban los niños y adolescentes cuyas familias se vinculaban
con expendios de drogas.
En febrero
de 2024, en entrevista con Arriba gente (Canal 10), Tuana
aseguró que desde el trabajo social que abordan ven “realidades” complejas. Una
de ellas, que sucede hace varios años, es que muchos padres que consumen
estupefacientes dejan a sus hijos como “garantía” cuando no pueden pagar.
“Niños que
son dejados en una boca porque no hay plata para pagar, entonces el niño es
dejado ahí, y lo van a buscar cuando tienen el dinero para poder saldar la
deuda”, agregó Tuana entonces.
“Necesitamos
lo contrario a lo que hizo este gobierno, que fue retirar un montón de
proyectos, apoyos y ayudas”, agregó.
Tuana, que además
de su labor en El Paso ejerce como trabajadora social en el Departamento de
Neuropsiquiatría Pediátrica del Hospital Policial, fue sumariada por el
Ministerio del Interior luego de esas declaraciones. La sanción incluyó seis
meses sin goce de sueldo, y fue firmada por el gobierno anterior el pasado 28
de febrero, último día de su gestión.
El documento,
firmado por el entonces ministro Nicolás Martinelli y recogido por La Diaria, se
detalla que la activista fue sancionada por “efectuar manifestaciones críticas
a la gestión del gobierno en materia de prevención y seguridad”, y por,
“eventualmente, en su calidad de funcionaria policial, haber omitido denunciar
actividades presuntamente delictivas, respecto a las cuales afirmó [que] fueron
de su conocimiento por su actividad como integrante de la ONG El Paso”.
La
trabajadora recurrirá la sanción. Asimismo, la Asociación de Profesionales de
Trabajo Social del Uruguay (ADASU) expresó en un comunicado solidaridad con Tuana
y pidió al ministro del Interior, Carlos Negro, que revise la sanción.
En similar
sentido se expresó el Pit-Cnt, que en un comunicado manifestó que “la sanción
impuesta por el Ministerio del Interior saliente en sus últimos días de gestión
no solo resulta desmedida, sino que es exactamente lo opuesto a
lo que deben hacer los gobiernos en un sistema democrático: trabajar para
resolver los problemas sociales, en lugar de intentar amedrentar a quienes los
denuncian”.
