Derecha amputa derechos políticos a mujeres

Para este bloque cavernícola, esa lógica sólo funciona en lo que atañe a las obligaciones, relegando a la mujer –como hace más de un siglo– al mero rol de ama de casa, por más que muchas de estas féminas trabajan a la par de los hombres y, en muchos casos, sostienen solas a sus familias en hogares monoparentales.

La derecha marcó la cancha

La votación del proyecto en el Senado –que establecía igual cantidad de hombres y mujeres en las listas para cargos electivos– sólo recogió voluntades afirmativas de la bancada del Frente Amplio, de la colorada Carmen Sanguinetti y de las nacionalistas Gloria Rodríguez y Beatriz Argimón. El Partido Nacional le dio la espalda a su propia correligionaria, aduciendo pretextos realmente indigeribles.

El caso más emblemático es el de la inefable senadora Graciela Bianchi, quien alega que las personas deben llegar a cargos políticos, en este caso electivos, únicamente por sus méritos y no porque una ley les habilite tal posibilidad.

Todos conocemos a Bianchi, quien, al igual que las legisladoras de Cabildo Abierto, es más machista que los propios hombres. Por supuesto, aunque en este caso no lo explicite, siempre acata los mandatos de Luis (por Luis Lacalle Pou), quien, pese a que se maquilla de tolerante y hasta suele concurrir a casamientos entre personas del mismo sexo, votó en sus tiempos de legislador contra los derechos de quienes, hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno, carecían de la libertad de optar por el género con el cual se sentían identificados.

Esas nuevas libertades, de neto cuño progresista, se consagraron –durante los tres lustros de gobierno de la izquierda– en la ley que autoriza a cambiar el nombre de las personas que no se identifican con su género de origen, a la posibilidad de que se casen dos personas del mismo sexo y por ende puedan formar familia, a la interrupción voluntaria del embarazo con supervisión médica y bajo los cuidados del Estado y a la norma que ampara a los transexuales.

Todas esas leyes fueron rechazadas, en los tres períodos en los cuales gobernó el FA, salvo excepciones individuales, por la derecha blanqui-colorada, que se escudó en su duro conservadurismo para detener esos avances emancipadores.

La mano de Cabildo Abierto

Desde 2020, con la inclusión de Cabildo Abierto en la coalición derechista que nos gobierna, ese sesgo reaccionario se ha radicalizado, para consolidar una mayoría circunstancial que reafirma el retrógrado statu quo que rige a Uruguay desde su propia fundación como país independiente, hace casi dos siglos.

Obviamente, la actitud del Partido Colorado del presente, devenido en furgón de cola del peor nacionalismo de cuño herrerista, es contradictoria con la tradición batllista, que avanzó, en la primera mitad del siglo XX, en materia de derechos del sexo femenino, con la ley 4.802, que legalizó el divorcio por la sola voluntad de la mujer, de 1913, y con el derecho al voto, consagrado por la ley 8.927 que, aunque fue promulgada en 1932 durante el período legal del luego dictador Gabriel Terra, recién se hizo efectiva en 1938, en los comicios en los cuales fue electo presidente el colorado Alfredo Baldomir, que era cuñado de Terra.

Sin embargo, únicamente la senadora Carmen Sanguinetti apoyó la iniciativa de Gloria Rodríguez, mientras sus compañeros de bancada sepultaron la iniciativa hasta la próxima legislatura. Tamaña contradicción no puede pasar inadvertida. El Partido Colorado de hoy, en el cual no queda ni un mero resabio de batllismo, vulneró y ofendió su rica historia.

Sin dudas, el Partido Nacional, que hoy es totalmente hegemonizado por el herrerismo ultraconservador, está ideológicamente a años luz del efímero soplo reformista y progresista que otrora le supo imprimir el caudillo Wilson Ferreira Aldunate. Por ende, se entiende que sus senadores hayan votado contra la iniciativa de una de sus integrantes.

Por supuesto, no sorprende la votación negativa de Cabildo Abierto, cuyos legisladores en esta rama parlamentaria son Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech e Irene Moreira, exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial y esposa del excomandante en jefe del Ejército.

En efecto, esta colectividad política, que tiene peso cuantitativo en las votaciones parlamentarias y garantiza las mayorías requeridas por el Gobierno, aunque carece de incidencia en las decisiones, ha desarrollado, desde su fundación, una furiosa oposición contra las políticas de género y las libertades otorgadas a las mujeres, a los homosexuales, a las lesbianas y a los trans durante los tres gobiernos progresistas. Por ende, es consecuente con su prédica teórica, ya que tiene una ideología de impronta machista y pregona la homofobia y la misoginia más exacerbadas.

La actual normativa establece que de cada tres lugares en las listas para acceder al Parlamento uno está reservado a las mujeres. Este sistema, si bien mejoró la distribución de bancas, no contempla criterios de equidad, ya que sólo el 23 % de los escaños es ocupado por personas del sexo femenino.

Las mujeres y el FA

La única fuerza política que en las pasadas elecciones integró listas paritarias sin necesidad de un marco legal preceptivo en la materia, es naturalmente el Frente Amplio.

En efecto, la izquierda es consecuente con su discurso y con la praxis aplicada en sus tres gobiernos (2005-2019), cuando aprobó y homologó, contra la resistencia de la derecha, sustantivos avances en materia de derechos civiles.

Realmente, es inconcebible una democracia real asentada sobre inequidades sociales o políticas en ningún país y menos en Uruguay, donde las mujeres constituyen el 52 % de la población, según el último relevamiento censal.

Tampoco es concebible, como lo afirma la impresentable senadora blanca Graciela Bianchi, seguir sustentado el apócrifo mito de la meritocracia para ocupar cargos electivos en el Parlamento Nacional. Al respecto, ¿qué méritos tiene Bianchi en política para ser la segunda persona en la línea de sucesión presidencial, excepto su profusa carrera docente? Realmente, ninguno o el mismo derecho que cualquier mujer que haya tenido o tenga actividad política. Incluso, ¿qué méritos tienen algunos hombres que ocupan bancas parlamentarias y han pasado inadvertidos durante este quinquenio, ya que jamás presentaron un proyecto de ley ni desempeñaron una tarea legislativa destacada?

En materia política, la meritocracia no tiene casi ningún peso. Lo único que prospera es el trabajo político, la adhesión a un partido o una idea y, en muchos casos, el poder económico o la capacidad de captar donaciones, ya que se requiere mucho dinero para solventar una campaña electoral.

El engendro derechista que nos gobierna corrobora, una vez más, que es conservador a ultranza y adhiere ideológicamente al statu quo patriarcal que sigue hegemonizando a nuestro país.

Esta visceral cultura machista no tiene nada de democrática, porque conculca los derechos de un género que, como el femenino, siempre le aportó al país, desde el ámbito social, con militantes emblemáticas; el cultural, con brillantes escritoras y artistas; desde el educativo, con pedagogas de élite; y desde el político, con figuras de la talla de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, de la comunista Julia Arévalo, primera mujer electa senadora en el continente en 1946 y, naturalmente, de la inolvidable senadora Alba Roballo, batllista de ley y fundadora del Frente Amplio.