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En la jornada de este martes el Senado aprobó con 29 votos el proyecto de ley que busca la autonomía a la Defensoría Pública. La senadora frenteamplista Constanza Moreira aseguró que se necesitan recursos para que esta propuesta se lleve adelante.
La propuesta presentada por la bancada de senadores del Frente Amplio en el anterior período de gobierno y aprobada en la Comisión de Constitución y Legislación, crea el servicio descentralizado “Defensa Pública del Uruguay”, dotándolo de personería jurídica propia y autonomía técnica, administrativa y financiera, bajo la tutela del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). La nueva institución tendría como finalidad garantizar asistencia y representación jurídica gratuita a las personas que carecen de recursos, asegurando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y promoviendo la aplicación del debido proceso.
La ley propone una estructura orgánica jerarquizada, integrada por un Director Nacional, un Director Nacional Adjunto, los directores de defensorías, los defensores públicos, procuradores y funcionarios administrativos. Los defensores conservarán autonomía absoluta en el ejercicio de sus funciones, pudiendo actuar con independencia en la defensa de sus patrocinados.
El texto también incorpora la posibilidad de brindar apoyo interdisciplinario —psicológico o social— a través de convenios con instituciones públicas o privadas, y busca separar institucionalmente a la defensa del Poder Judicial, adecuando la normativa uruguaya a las recomendaciones internacionales sobre independencia de la defensa pública y fortalecimiento del acceso a la Justicia
Ante esto, Moreira explicó en rueda de prensa que la iniciativa responde a recomendaciones internacionales que instan a Uruguay a fortalecer el rol de la defensa legal pública, especialmente tras la reforma del proceso penal en 2014. “Hemos fortalecido a la Fiscalía, la separamos, le dimos otra institucionalidad y la defensa quedó como la parte más débil del proceso”, dijo.
La senadora destacó que la Defensoría Pública “es para los más vulnerables, para los que no tienen plata, para las mujeres, para los niños”, y enfatizó su función en el acceso a la Justicia y la protección de los sectores más débiles. En ese sentido, insistió en la necesidad de garantizarle autonomía técnica y financiera: “Hay que dotarla de recursos, no solamente darle esta autonomía técnica, hay que darle autonomía financiera”.
Con respecto a los recursos para implementar la nueva estructura, Moreira reconoció: “Vamos a pelear presupuesto para eso”. Moreira aseguró que hay que encontrar un arreglo, debido a que en la actualidad la defensoría está actuando, que pertenecen hoy a la Suprema Corte de Justicia, por lo que “debería desprenderse o buscar un acuerdo sobre cómo se haga”, explicó.
La senadora recordó que el proyecto es fruto del trabajo de la Asociación de Defensores del Poder Judicial, que impulsa esta reforma desde 2018. “Ellos están pidiendo más defensores, recursos de gastos e inversiones y ser equiparados con el Poder Judicial”, afirmó.
Finalmente, Moreira precisó que la nueva estructura contempla una Dirección Nacional, cuya designación generó debate parlamentario en torno a su constitucionalidad. Según explicó, los concursos serán organizados por la propia Defensoría, aunque tendrán que ser homologados por la Suprema Corte de Justicia, conforme a lo establecido por la Constitución.
Una vez que el proyecto sea aprobado, será tratado en la Cámara de Diputados. Moreira señaló que se trata de una primera instancia legislativa en la que se requiere alcanzar los dos tercios de los votos, y destacó que el texto es resultado de un trabajo concienzudo y exhaustivo realizado en comisión.
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