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todayabril 14, 2024
Entre mensajes que van y vienen, de información y contrainformación, paradojalmente se confirman algunos supuestos.
Ahora se sabe que hubo un retiro de dinero, previo al que se utilizó para Ferro, para la defensa del militar W. Sarli, involucrado en el asesinato del químico chileno Eugenio Berríos.
Estando como comandante en jefe el Gral. Fregossi fue que se llevó adelante la investigación administrativa por parte del Ministerio de Defensa, y con respecto al pago de los 20 mil dólares, fue el coronel Pablo Batista quien se encargó del pago en cuotas de dos mil dólares al estudio de Bordes y Chávez, siendo el comandante Feola quien autorizó los pagos. Sin embargo, fue el coronel Batista, asesor de Manini, quien informó al general Feola de la existencia de esa deuda.
El coronel Batista declaró desconocer los motivos de la contratación del estudio jurídico y tanto Bordes como Chávez reconocieron el asesoramiento de un militar que se encontraba en el exterior, desconociendo que la plata provenía de la Institución militar y preservando la identidad de su defendido por el secreto profesional.
Consultado el actual senador Manini Ríos por Caras y Caretas sobre el uso de las dos partidas recibidas durante su mandato (200 mil dólares en el 2016 y 6 millones de pesos en el 2019), expresó: “Los dos son de mi época. Ese dinero quedó en depósito en el Comando de Ejército hasta que se solucionara la situación jurídica de Cantinas, que no podía depositar en la Cuenta Única Nacional (recién en esta administración se solucionó la situación). Al dejar el cargo de comandante, el 12 de marzo de 2019 ese dinero estaba íntegramente en la caja del Comando, lo cual está debidamente documentado. En otras palabras, mientras yo fui comandante, el Comando de Ejército no gastó un solo peso de Cantinas Militares”.
Sin embargo, su asesor, el coronel Batista, sí sabía de la existencia de esa deuda.
Ante las instructoras del Ministerio de Defensa (las contadoras Karina Carballo, Mariángel Bentancor y la Dra. Carolina Grosso), el general Feola declaró, preguntado por el motivo de la deuda con el estudio jurídico, que Batista le informó que era por un servicio para el Ejército Nacional.
También Feola manejaba información de que parte del dinero se había utilizado en el mantenimiento y obras dentro de Cantinas Militares. O sea, al contrario de lo sostenido por Manini, sí hubo movimiento de ese dinero, depositado en una cuenta especial denominada Fondo al Servicio del Comando General del Ejército. Por eso hay quienes sostienen que Feola fue el “cabeza de turco” de esta vidriosa situación.
El teniente general (r) Juan Modesto Rebollo fue procesado con prisión, y el tribunal confirmó el fallo, por los asesinatos de Diana Maidanik, de 22 años; Laura Raggio, de 19; y Silvia Reyes, también de 19 años. Los asesinatos ocurrieron el 21 de abril de 1974 y desde entonces la causa se conoce como “las Muchachas de Abril”.
Pero además Rebollo (no confundir con el director de Sanidad militar de las Fuerzas Armadas Hugo Rebollo, que, a pesar del mismo apellido, no hay lazos sanguíneos conocidos) preside hasta hoy, desde su prisión en su domicilio, la Fundación Dr. Francisco Fernández Enciso, fundación envuelta en una serie de escándalos ya denunciados en Caras y Caretas y que enfrenta una serie de investigaciones administrativas.
Si el teniente general (r) Rebollo no preside más la fundación, no han actualizado la información en su página web, y seguramente es el coronel Ramón J. Rivas, su vicepresidente, o su secretario, el coronel Edgardo Martínez, quien esté al frente.
Sea quien sea, son los que deberían explicar ante el Ministerio de Educación y Cultura (si asume su rol de realizar una intervención) en tanto Fundación, y ante el Ministerio de Defensa en tanto actúan en la órbita de un servicio de las Fuerzas Armadas, el contrato de servicios con prestadores privados de salud y la contratación de empresas de limpieza.
Lo cierto es que con plata de esta Fundación, que recauda más del 70 % de los tickets por medicamentos y recibe partidas de dinero del propio Ministerio de Defensa y de los comandos de las tres armas, se financió la defensa de Juan Rebollo.
Sin dudas, la administración al presidente de la Fundación le generó algunos beneficios, fuera de la esfera comercial.
Como mencionamos anteriormente, la “guerra psicológica”, al decir del exgeneral Iván Paulós, entre militares retirados, permite confirmar información.
Un mensaje que circuló entre algunos grupos expresaba que “de la Fundación Fernández Enciso también salieron pagos para los abogados de los militares detenidos por DDHH, uno de ellos fue para el coronel Rodolfo Álvarez, y en el 2023 para pagar al abogado del Tte. Gral. Juan Rebollo, procesado por el tema las Muchachas de abril; este también es el presidente de la Fundación Fernández Enciso”.
No habíamos terminado de chequear la información cuando otro mensaje entre retirados nos allanaba parte del camino. El mensaje dice: “Mira ‘Gringo’ (N de R: Coronel Enrique Montagno) la mano viene de ensuciar al Guido con el tema de Cantinas Militares, el tema del cheque y de lo dólares ya lo tapó todo Riverita (N de R: Rivera Elgue), así que no tienen nada, la única cagada es que como tienen para procesar al mayor Conti por los robos y acoso que hizo en Cantinas, ese nos puede ensuciar por que fue ese turbio oficial el ‘mensajero’ que llevó los cheques, si habla lo caga al Guido. El otro tema de la plata que salió de la Fundación Fernández Enciso para pagarle a los abogados de nuestros prisioneros políticos, pasa porque el ‘Macaco’ Feola no se hace cargo y como lo agarraron a él en vez de apechugar, culpa que lo quemaron y que Riverita lo entregó con ‘Figureti’ García, que hizo la denuncia en la Justicia Civil, aparte del tipazo de 15 AR que le metió, sin anestesia. Este ‘Macaco’ anda llorando que lo mataron a él porque es de la logia nueva 1815 y era amigo de Tabaré, además de andar amenazando que él no va a caer solo. Por eso hay que cuidarse con la Fundación, acordate que hace rato que el tupa Pose de Caras viene atacando al ‘Gallego’ Ramas y a las barras del HCFFAA”.
“El otro tema de la plata que salió de la Fundación Fernández Enciso para pagarle a los abogados de nuestros prisioneros políticos, pasa por que el ‘Macaco’ Feola no se hace cargo y como lo agarraron a él en vez de apechugar, culpa que lo quemaron y que Riverita lo entregó con ‘Figureti’ García”; esta frase confirma en un alto porcentaje lo verídico de la información de un mensaje que, según nuestra fuentes, fue emitido por el coronel cabildante Pablo Picabea, más conocido como “Pica”, asesor de Raúl Lozano en el Ministerio de Vivienda.
Los militares enfrentados a los cabildantes también hacen sus descargos: “Estos nabos CA se están metiendo con el Macaco Feola, que lo ensuciaron con la Justicia Civil y fueron los ‘tenientes’ (N de R: Logia Tenientes de Artigas) los que le metieron presión para que le mandaran la plata al ‘Toto’ Ferro y ahora lo mandan a la muerte para que lo procesen además del tipazo de 15 AR que le metió el garca de Garcia; son unos hdps, porque no dicen que ellos en el 2016 de la plata de Cantina sacaron 95 mil dólares para darle a coronel J.O.L. y lo mandaron a EEUU como premio, encima era una maestría en el Colegio Interamericano de Defensa, y este pata ni licenciado era, le consiguieron una licenciatura trucha en el IMES ese mismo año un mes antes de irse. Cuando llegó a fines del 2017 pasó a retiro obligatorio, eso sí, ahora con ese papelito anda currando en la Red Qualitas y en IMES con el humo ese del proyecto ‘Aldebaran’ , donde ponen a laburar a los jefes y oficiales y venden los productos para afuera”.
El Operativo Conserva generó, en plena dictadura, una pérdida de 15 millones de dólares al Estado, según actas que Defensa declaró reservadas.
Parte de las actas de toda la actuación del Tribunal de Honor militar sobre el teniente coronel retirado Armando Méndez, son las que fueron declaradas reservadas por 15 años por el Ministerio de Defensa Nacional. Los documentos tratan sobre el Operativo Conserva, uno de los delitos económicos de la dictadura, que se dio entre 1981 y 1982, que involucró al exdictador Gregorio Álvarez y a empresarios de la industria frigorífica.
Fue junto con la construcción de represas parte de los ilícitos económicos y negociados de los militares en dictadura, que iban por la “torta” grande, generando una cultura de la impunidad que no solo trataba de ocultar los delitos de lesa humanidad, sino también los económicos.
Sin dudas, tanto el subsecretario del Ministerio de Defensa, Rivera Elgue, como el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, y como el de Cultura, Pablo da Silveira, con respecto a la Fundación tienen mucho para investigar y aclarar.
O quizá, ante tanto “hierro caliente”, emulen al senador Javier García y envíen todo a la Justicia ordinaria, extremo que en plena campaña electoral parece poco probable.
Escrito por hiperactivafm
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