
Luego de que el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) señalara que, desde el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el inicio de un cese al fuego con la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central se han presentado al menos 20 acciones que incumplen dicho acuerdo en el departamento del Cauca; la Defensoría del Pueblo alertó que en Toribío, al norte del departamento, disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ estarían instalando un centro de entrenamiento para menores de edad.

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En concreto se trata de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, del Estado Mayor, misma que formara parte del proceso de paz que espera iniciarse en las próximas semanas con dicha organización.
Sin embargo, según el defensor del pueblo, Carlos Camargo han “convertido a Toribío, Cauca, en centro de operaciones militares y financieras de esta estructura armada ilegal, así como lugar de “acogida” o concentración de niños, niñas y adolescentes (NNA), que son reclutados de manera forzada en los municipios del norte del Cauca para, luego de un breve entrenamiento, ser incorporados en las diferentes subestructuras del Comando Coordinador de Occidente”, referencia Blu Radio.

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Pero no solo los menores de edad están en peligro. Debido a la pugna por el control de esta zona con la Segunda Marquetalia– antiguas Farc, al mando de Iván Márquez– los habitantes de Toribío viven en medio de enfrentamientos. Un panorama que, incluso, podría llegar a empeorar, ya que el ELN transita por la zona y el Clan del Golfo, desde municipios aledaños, se encarga de mantener amedrantados a los pobladores.
Camargo aclaró que “si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas y dan pena de muerte para quien las incumpla. Por ejemplo, a los establecimientos públicos se les prohíbe vender bebidas alcohólicas en días de semana, no se le permite el parqueo de motocicletas frente a los locales y se les establece una hora de cierre, entre otras restricciones”.

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Las instrucciones llegan por medio del voz a voz, pancartas, panfletos y también grafitis, que los integrantes de la columna reparten tranquilos, en patrullajes y retenes por el casco municipal, ya que, por su posición geográfica, Toribío es de difícil acceso para las autoridades.
Lo anterior, según Camargo, “causa afectaciones a los derechos humanos de la población civil que reside en este municipio, muchos de ellos expresados en homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, desaparición forzada, masacres y desplazamientos forzados individuales y masivos. Pero en especial son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes están corriendo más peligro ante el interés del grupo armado ilegal de reclutarlos a la fuerza, les imparten algunas instrucciones tipo “escuela de entrenamiento”, para posteriormente enviarlos hacia las estructuras donde finalmente se vincularían”.
Recientemente, distintos sectores de la política nacional se pronunciaron en contra del levantamiento de las órdenes de captura en contra de los altos mandos del Estado Mayor Central.
Solicitud que fue realizada a la Fiscalía por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) para que pudieran reunirse y definir quienes serán sus negociadores ante eventuales diálogos de paz con el Gobierno Petro.
La medida tuvo que ser explicada, ampliamente, luego de recibir incesantes críticas. Desde la OACP insistieron en que su único propósito es facilitar posibles acercamientos y en que esta no es “la primera vez que un Gobierno acude a este tipo de medidas para avanzar en la construcción de paz”.
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