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El gobierno de la provincia argentina de Neuquén decidió despedir a Nicolás Evaristo Salvatori, quien hasta esta semana era empleado de planta permanente en el Ministerio de Energía local, tras comprobar que registraba su ingreso al trabajo pero no cumplía con sus funciones y se retiraba de inmediato.
Según una investigación administrativa, diversos videos de cámaras de seguridad y del sistema de fichaje mostraron que Salvatori marcaba su entrada al edificio en varias fechas entre mayo y junio de 2025 y se retiraba segundos después, sin realizar tareas laborales. La auditoría interna determinó ausencias injustificadas continuas e intermitentes, y la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial concluyó que no prestó servicios efectivos durante el período evaluado.
Por esta conducta, que fue calificada por medios locales como la de un “ñoqui VIP” debido a sus vínculos familiares con la dirigencia política, el gobierno encabezado por el gobernador Rolando Figueroa formalizó la cesantía de Salvatori por considerar que violó el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública provincial.
El ahora exfuncionario es hijo de Pedro Salvatori, quien gobernó la provincia entre 1987 y 1991. A lo largo de su carrera, Salvatori ocupó varios cargos en el sector público, incluidos puestos de responsabilidad en organismos provinciales.
El sumario administrativo que derivó en su despido se inició el 12 de junio de 2025 y, además de la falta de tareas, detectó que Salvatori no estaba incorporado al sistema digital obligatorio para la gestión administrativa, no había cumplido con capacitaciones exigidas y no presentó licencias o declaraciones juradas requeridas por la normativa.
Más allá del ámbito laboral, la Fiscalía de Neuquén presentó una denuncia penal por presunto fraude a la administración pública, ya que Salvatori habría cobrado su salario durante casi cuatro años sin desempeñar funciones, lo que podría haber causado un perjuicio económico al Estado. El fiscal busca ser reconocido como parte querellante y planea ampliar la presentación con el cálculo del monto total del perjuicio.
En paralelo, el gobierno provincial puso en marcha mecanismos para recuperar lo percibido indebidamente y, de no ser posible, instruyó la intervención de la Fiscalía de Estado para evaluar una posible causa por enriquecimiento sin justificación en perjuicio de la administración pública.
El despido se inscribe en una serie de medidas impulsadas por la actual gestión para reforzar los controles internos, reducir gastos innecesarios y promover un uso más eficiente de los recursos públicos.
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