El edil nacionalista Gonzalo Gómez presentó una moción
en la Junta Departamental de Montevideo dirigida hacia el intendente Mario
Bergara con el fin de que comparta su “decisión política” sobre la
adjudicación del exparador Nelson, en Parque Rodó, por el gobierno de Mauricio
Zunino a Adiser S.A., que afirma “fue contra todas las normas”.
En diálogo con Montevideo Portal, el curul capitalino
sostuvo que busca que la nueva administración del Frente Amplio “deje
sin efecto la cesión y ampliación de la concesión del predio”, tal como lo
dispone la resolución N° 4910/24. Gómez insiste en que la Intendencia de
Montevideo (IM) no siguió los procedimientos correspondientes para
adjudicar la consesión y que “violó la ley orgánica municipal”, que en el artículo
35 establece que “si en una licitación un contrato supera el
período de gobierno debe, si o si, pasar por la junta departamental para su
aprobación”.
Gómez también afirma que la IM archivó una
observación del Tribunal de Cuentas (TCR) sobre el contrato que fue
ampliado en noviembre de 2024, a pesar de haberse vencido en mayo de ese año.
La nueva firma instalará una nueva franquicia de Burger King y tiene contrato
por 20 años.
En una primera instancia, la consesión el parador era de la
firma Necomar S.A., que tenía un contrato con un plazo de 10 años,
prorrogables por hasta otros en períodos de dos en dos.
En abril del año 2016, la concesión fue cedida la
empresa Kerifos S.A., y en noviembre de 2024 a la empresa Adiser S.A.
El edil blanco sostiene que el contrato original venció formalmente el 11 de
mayo del año pasado, y que, de acuerdo con un informe de la División Jurídica
de la Intendencia de Montevideo, se habría prorrogado tácitamente hasta el 11
de diciembre de 2024, “invocando la pandemia como causa justificante”.
Desde la comuna argumentaron que el parador cerró seis meses
por las medidas que se tomaron por el virus, por lo que lo descontó del plazo. Gómez
afirma que la IM no realizó un nuevo llamado a licitación ni presentó el caso
ante la Junta Departamental. Adiser comprometió a invertir $34.416.488 en
el predio, casi US$ 1 millón.
Además de la observación del TCR y de afirmar que el contrato
estaba vencido cuando se renovó, el edil blanco sostiene que la adjudicación
no cumple con los requisitos de varios artículos del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
“Quiero saber si esta nueva administración
ratifica la postura y la decisión de Zunino. Por eso presenté una moción en
la Junta dirigida al intendente. En primer lugar, solicitando dejar sin efecto
esta cesión de la ampliación de la consesión, preguntándole cuál va a ser la
postura de Bergara en cuanto a esta licitación que se le otorgó”, dijo Gómez.
El edil blanco destacó que cuestiona el
accionar de la comuna capitalina ante la conseción, porque “viola las leyes,
debilita los mecanismos del control, el prestigio institucional de la
intendencia y que presenta un precedente grave”.
“Nos gustaría saber si el intendente Bergara
pretende que esto pase por abajo y nadie se entere, que continúe y que se
comiencen las obras y se olvide el tema o prefiera entender que esto estuvo
mal y que habría que rever y ya hacer un llamado a licitación pública como
debería ser”, dijo el curul nacionalista.
En junio de este año, los ediles opositores de la Junta
Departamental de Montevideo cuestionaron el acuerdo por las irregularidades en los plazos
contractuales. Dos de ellos, Javier Barrios Bove y Rafael Seijas, remitieron una misiva al presidente de la Junta para
ser enviada al entonces intendente
de Montevideo, Zunino.
Allí solicitaron, en primer lugar, que se los remita “el informe de la División Asesoría Jurídica
referido en la Resolución 4910/24 de fecha 22 de noviembre de 2024, donde
justifica que, a pesar de que el plazo contractual de la licitación estaba
formalmente vencido, se procede a la prórroga de este hasta el 11 de diciembre
de dicho año”.
En cuanto a la “prórroga” referida, también pidieron información
sobre la
fecha de realizada la solicitud y que se exprese “cuál es la norma jurídica o cláusula
contractual en que se basó la intendencia para realizar la prórroga por razones
de que la explotación comercial estuvo cerrada durante la pandemia”.
Pidieron también saber si hubo un “acuerdo previo” entre la empresa Kerifos S.A. (adjudicataria anterior) y Adiser S.A. y acceder a este.
