EE.UU. sanciona a empresas y ciudadanos colombianos que reclutan mercenarios para la guerra en Sudán

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el martes a cuatro entidades transnacionales a las que señala por reclutar a mercenarios colombianos para combatir en el conflicto de Sudan, que ha derivado en una de las mayores crisis humanitarias de la actualidad.

Los combatientes contratados por esas empresas luchan con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo rebelde paramilitar —anteriormente bajo el mando del Gobierno de Sudán—, al que se acusa de ejecutar a miles de civiles en su lucha por hacerse con el control del país.

Entre los sancionados también se encuentran cuatro ciudadanos colombianos. Todos ellos serán incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), un registro creado durante la Administración Clinton que prohíbe comerciar o realizar cualquier transacción con personas o empresas en EE.UU.

«El Tesoro tiene en la mira a una red que recluta combatientes para las Fuerzas de Apoyo Rápido», dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. «Las FAR han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para el crecimiento de los grupos terroristas», añadió.

La institución estadounidense señala que desde el inicio del conflicto, en abril de 2023, las FAR han estado matando y atacando sistemáticamente a civiles, incluidos niños y bebés, y utilizando la violencia sexual contra niñas y mujeres.

Uno de los sucesos más cruentos tuvo lugar el pasado mes de octubre, cuando el grupo armado mató al menos a 460 personas que se encontraban en el interior de hospital materno de la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, enclave que consiguieron controlar tras un asedio de 18 meses.

En enero de este año, el Departamento de Estado de EE.UU. denunció que las FAR estaban cometiendo genocidio.

Cientos de exmilitares colombianos en Sudán

Desde septiembre de 2024, cientos de exmilitares colombianos han viajado a África para combatir en Sudán. Según el Departamento del Tesoro, aportan «experiencia táctica y técnica» y sirven como infantes y artilleros, pilotos de drones, operadores de vehículos e instructores, e incluso para el entrenamiento de niños para combatir en las FAR.

Precisamente las cuatro compañías y los cuatro ciudadanos colombianos sancionados desde el martes eran quienes hacían posible la llegada de los mercenarios al país africano, según EE.UU.

Entre los sancionados está Álvaro Andrés Quijano Becerra, de doble nacionalidad italo-colombiana, exmilitar colombiano retirado en Emiratos Árabes Unidos, desde donde opera una red de reclutamiento de mercenarios en su país natal.

En Bogotá, la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), cofundada por Quijano, es el principal nodo de reclutamiento; mientras que la esposa de Quijano, la colombiana Claudia Viviana Oliveros Forero, propietaria y gerente de A4SI, es otra de las sancionadas.

También está incluida en el listado OFAC la compañía Global Staffing S.A., con sede en Panamá, utilizada por A4SI para minimizar su exposición legal. Esta firma se ocuparía de intermediar en los contratos con los mercenarios.

La tercera compañía listada es Maine Global Corp SAS, una agencia de empleo en Bogotá, dirigida por Mateo Andrés Duque Botero, el tercer ciudadano sancionado. La empresa es acusada de administrar y desembolsar fondos para Global Stafing.

Cierran el listado de los sancionados la ciudadana colombiana Mónica Muños Ucros, que es gerente de Maine Global Corp y también de la compañía Comercializadora San Bendito, parte del mismo entramado.

El Tesoro anunció el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas sancionadas que se encuentren en EE.UU. o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses.

Denuncias de Sudan

Sudán lleva tiempo denunciando tanto la presencia de mercenarios colombianos, como que es Emiratos Árabes Unidos el país que se encuentra detrás del envío de estos combatientes.

Así, el pasado mes de septiembre el representante permanente de Sudán ante la ONU, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, presentó una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aportando pruebas contra Emiratos Árabes.

En su informe, Sudán describe el rol de los ciudadanos colombianos como atroz, responsabilizándoles del reclutamiento de niños, así como de la utilización de fósforo blanco, un arma química prohibida por el derecho internacional.

Las autoridades sudanesas identificaron entonces a más de 300 exmilitares colombianos en su país.

Mientras Emiratos Árabes Unidos niega cualquier implicación en el conflicto sudanés desde su inicio, Colombia movió ficha la semana pasada aprobando una ley histórica contra el reclutamiento de mercenarios para combatir en el extranjero.

La crisis humanitaria de Sudán ha dejado ya más de 12 millones de desplazados, además de una hambruna generalizada y la falta de acceso a todo tipo de bienes de primera necesidad.