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El Poder Ejecutivo
aprobó el decreto Nº 243/025 que habilita a casi 6.000 deudores en unidades
reajustables (UR) a presentar la documentación necesaria para acceder a los
beneficios previstos en la Ley N.º 20.237 (del
anterior período de gobierno) y sus modificativas.
De esta forma, la Administración
Nacional de Vivienda (ANV) “logra dar respuesta a los deudores cuyos
créditos habían quedado en situación de análisis, sin poder acceder a los
beneficios previstos en la ley porque no contaban con un mecanismo para
demostrar que estaban al día con el pago de impuestos nacionales y
departamentales”, recalcó dicho organismo a través de un comunicado.
Según la ANV, entre
noviembre de este año y junio del próximo se beneficiarán unos 5.000
créditos con la reducción de la tasa de interés al 0% o 2,5%, mientras que otros
900 créditos recibirán el beneficio de extinción.
A su vez, a partir del
próximo jueves 20 de noviembre estará disponible en este sitio web la nueva clasificación de
cada crédito para quienes ingresen con su usuario gub.uy. Además, desde ese
día, los titulares de créditos en UR podrán agendarse para presentar
constancia de estar al día con los tributos, que deberá ser expedida por la
intendencia correspondiente y por la Dirección General Impositiva.
También podrán
agendarse para recibir asesoramiento personalizado y “poder tomar decisiones
informadas y ajustadas a su situación particular”, indica el organismo.
La mencionada ley
estableció un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas
hipotecarias en UR. La normativa “prevé distintas opciones de refinanciación o
cancelación, con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo
de crédito”, reza el comunicado.
“Desde la asunción de
las nuevas autoridades, la ANV realizó un análisis exhaustivo de los créditos
en UR y definió las vías para canalizar las opciones de adhesión o
desistimiento a la ley. Finalmente, con la firma de este decreto, la ANV logra
dar respuesta a los deudores que desde la aplicación de la ley en 2024 no
habían podido acceder a los beneficios por no contar con un mecanismo que les
permitiera demostrar que estaban al día con el pago de impuestos nacionales y
departamentales”, finaliza el texto.
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