El agua es un recurso finito cuya importancia a veces subestimamos. La abundancia de agua dulce en nuestro país en ocasiones nos hace perder de vista la magnitud de este privilegio natural y nuestra necesidad y obligación de conservarlo y preservarlo para futuras generaciones.

La potabilización del agua bruta y su distribución es una prerrogativa que la Constitución de la República adjudica a OSE.

En las próximas semanas el gobierno dictará resoluciones que serán muy importantes, tal vez extremadamente importantes para el futuro de esta empresa pública y para el abastecimiento y distribución de agua potable

Es muy preocupante que estas decisiones ocurran en momentos en que en OSE se procesa una sensible disminución de las inversiones y al mismo tiempo la reducción de sus funcionarios hasta límites peligrosos.

Desde el comienzo de la gestión de este gobierno, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que dirige Isaac Alfie, dispuso recortes en las inversiones de OSE por 240.000.000 de dólares y la reducción de un 25% de su plantilla de funcionarios que al día de hoy significan la pérdida de más de 800 puestos de trabajo, incluyendo funcionarios que se desempeñaban en tareas estratégicas fundamentales y que han sido sustituidas por personal sin experiencia y poco calificado que en muchos casos no cobran el salario adecuado a la función que hoy desempeñan.

Hasta ahí, todo previsible en este gobierno y particularmente en la OPP, que ha promovido el debilitamiento de las empresas públicas y la disminución dogmática del personal.

Simultáneamente, el gobierno ha impulsado la presentación de iniciativas por parte de privados para el cumplimiento de actividades que son objetivos de OSE y obligaciones legales del organismo.

Las iniciativas privadas deben considerarse según contribuyan o no al cumplimiento de los objetivos de política pública, pero no pueden aceptarse si afectan los cometidos de la empresa estatal o si absorbe sus actividades trasladando la gestión fuera de la misma.

Respondiendo a este propósito privatizador,  hoy se debate el proyecto Neptuno en Arazatí, departamento de San José.

En realidad, más allá de la conveniencia o no de la construcción de este proyecto potabilizador, lo que está en juego es que el mismo supone que la tarea de producción de agua potable y su distribución quede en manos de privados, lo que supondrá un alejamiento de las disposiciones constitucionales.

Entonces deberían quedar claras algunas cosas para que no haya confusiones; no habría objeciones al instrumento de la iniciativa privada, ni la adjudicación de la obra civil ni a la financiación de la misma que podría hacerse por parte de privados o por organizaciones internacionales de crédito.

Lo que se discute es la gestión, las tareas de potabilización y distribución del agua potable y el rol que se le pretende sustraer a OSE, porque eso la Constitución lo adjudica al organismo estatal especializado.

Lo que se discute es si OSE debe producir y distribuir agua potable o si esa función debe ser privatizada y el Estado debe simplemente comprar agua a un privado.

El problema comienza con los estudios sobre el abastecimiento de agua potable al sistema metropolitano, que concentra el 60% del consumo del país, la insuficiencia que ocurre ocasionalmente y la previsión de que existe y que proyecta un consumo superior a la disponibilidad actual y prevista, que se volvería crítica dentro de 23 años

Desde hace 9 años, en la administración anterior, se hicieron obras en la planta de Aguas Corrientes y se proyectó una obra en el Arroyo Casupá con el propósito de construir una represa con la capacidad de triplicar la capacidad de embalse de agua bruta.

Para ello se trabajó durante años en la ingeniería y los estudios ambientales, los que fueron finalizados en la primera mitad del año 2020. La obra tenía un costo de entre 80 millones y 100 millones de dólares, contaba con financiamiento de CAF ya aprobado y fue uno de los dos temas planteados por Tabaré Vázquez al presidente electo para dar continuidad a la administración anterior como política de Estado.

Sin embargo, el gobierno actual decidió encarar un proyecto alternativo y el 2 de marzo de 2021, Lacalle Pou anunció en el Parlamento la inversión de 200 millones de dólares para la realización de una nueva planta potabilizadora en el Río de la Plata en el marco del proyecto Neptuno, presentado como iniciativa privada por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, que incluye, además, la construcción de una nueva toma de agua bruta en el Río de la Plata en la zona de Arazatí, la estación de bombeo de agua tratada y una tubería aductora de 80 km de longitud hacia el sistema de Montevideo.

Aprobada la Iniciativa Privada y habilitados los estudios de factibilidad, el directorio solicitó al consorcio distintas respuestas técnicas que fueron respondidas, sobre su prioridad estratégica, su viabilidad técnica, sobre diversos aspectos económicos y sobre la eventualidad de que la gestión, mantenimiento y operación del servicio fuera mantenida en el área pública de acuerdo a lo que establecen los artículos 47 y 188 de la Constitución.

El 1° de abril de 2022 el consorcio entregó a OSE el Informe Final del Estudio de Factibilidad para su análisis y consideración, incluyendo cinco opciones distintas sobre el tema central en discusión: el procedimiento de implementación y el tipo de gestión, pública o privada, que tendrá el proyecto. No obstante, tomando la delantera y extralimitándose, el ministro de Ambiente, Daniel Peña, anunció el 17 de febrero de este año que “de la potabilización se encargaría el privado y OSE va a pagarle por la tarea de potabilización y por la obra”; y el 29 de marzo afirmó que “ahora está el estudio de viabilidad técnica, de factibilidad, aprobado y cerrado”.

Lo cierto es que el directorio de OSE es quien debe resolver si se aprueba o no la “conformidad” de los estudios de factibilidad, “convocar a audiencia pública, llamar a licitación o promover el procedimiento competitivo que se determine” para avanzar en el proyecto (Ley 17.550, artículo 19).

El camino que el ministro y antes el director de la OPP plantean como preferencia es la última – por no decir la peor- de las opciones presentadas en estos estudios, y la primera de las opciones planteadas es la gestión de la empresa pública en la cual OSE contrata solo la construcción, realiza la operación de la planta y la potabilización, siendo la de menor costo y la de más sencilla implementación.

Hace ya unos meses hablé telefónicamente con el director de Saceem, el Ing. Alejandro Ruibal, preguntándole sobre cuál era el verdadero interés de las empresas, si el proyecto de la obra civil o la gestión del agua. Ruibal fue enfático en la respuesta, destacándome que como empresa constructora su interés era el de la construcción y sugiriéndome que el interés por la gestión venía del área estatal, particularmente del director de OPP, Isaac Alfie.

En esos días hablé con el gerente general de OSE, el Ing. Arturo Castagnino, uno de los expertos más importantes del país, quien fuera desplazado durante los gobiernos frenteamplistas y reincorporado en esta administración, y también me manifestó su opinión de que lo mejor para el país y lo más económico y lo único que no tenía objeciones constitucionales era mantener la gestión pública del tratamiento y potabilización del agua. Sobre la importancia del proyecto, Castagnino -al igual que lo hace meses después el estudio de factibilidad- le asigna prioridad sosteniendo que además de la contribución a la mayor disponibilidad de cantidad de agua potable, aporta seguridad al sistema incorporando una nueva fuente y una nueva planta, alternativas ante eventos negativos que pudieran suceder en la planta de Aguas Corrientes o en el río Santa Lucía. Para Castagnino, la extracción de agua bruta del Río de la Plata es para OSE lo que el cambio de la matriz energética fue para UTE.

En ese sentido, primero Castagnino y luego el informe reconocen que para garantizar la satisfacción de la demanda proyectada al año 2045 será necesario contar con una reserva adicional de agua bruta para el año 2037 con la presa y el embalse en el arroyo Casupá.

En relación a los aspectos financieros y jurídicos que hacen los caminos posibles para la realización del proyecto o modelo de negocio, en el estudio de factibilidad se presentan 5 alternativas de estructuración del negocio para concretar el proyecto que van desde la 1, donde el proyecto es implementado directamente por OSE, hasta la opción 5, donde el proyecto es implementado exclusivamente por el privado a través de un instrumento jurídico de su propiedad en tanto promotor del proyecto, cobrándole a OSE por el agua potable suministrada y por la disponibilidad de la planta y la infraestructura para hacerlo, una alternativa significativamente más costosa que la primera, que contraviene el artículo 47 de la Constitución de la República.

En esta ocasión no voy a extenderme más sobre los aspectos económicos, financieros, técnicos y jurídicos del problema.

Las dos veces que me entrevisté con Castagnino en su oficina de OSE, me llevé más de 20 gruesos biblioratos de su autoría que leí, algunos muy cuidadosamente y otros no tanto, durante varias semanas.

Me quedaron claras algunas cosas: que el problema del agua es un problema que el Estado y la sociedad no pueden soslayar en la zona metropolitana y en todo el país, tanto más que en alguna zonas el agua que se consume aparece con cierto grado de contaminación; que OSE es una gran institución del Estado con una gran experiencia en el manejo del agua; que está muy capacitada en todos los rubros y que su gestión es muy eficiente y eficaz; que sus funcionarios son muy competentes; que hay muchísimos trabajadores contratados que debieran integrarse a la plantilla presupuestada de la institución y su incorporación no debe postergarse y que deben cobrar salarios adecuados a las tareas que realizan; que no debe seguir achicándose la cantidad de funcionarios; que tampoco se deben disminuir las inversiones; que las obras de Arazatí y Casupá no son excluyentes, sino complementarias; y que la gestión pública del agua es un mandato constitucional que surge del plebiscito del agua de 2004.

No se entiende la obstinación de Isaac Alfie y mucho menos la del ministro de Ambiente, Daniel Peña.

Tal vez aparezcan profesores de Derecho Constitucional -siempre aparecen- que le peguen un tironcito a la Constitución para que diga lo que ellos quieren, pero todos los que votaron en ese plebiscito saben que votaron para que el agua no se privatice porque el agua es nuestra.



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