EL CASO DE LA ALCALDESA DE LA FLORESTA: ROBO DE AGUA Y DENUNCIAS POSTERIORES

El reciente caso de la alcaldesa del Municipio de La Floresta, Viviana Ortoño Ciccariello, ha generado gran controversia y repercusión mediática. Descubierta in fraganti realizando una conexión clandestina de agua, esta irregularidad fue rápidamente sancionada por parte de OSE con la correspondiente multa y una denuncia penal.
El material probatorio, que incluyó fotografías y testimonios, no solo dejó en evidencia el acto ilícito, sino que también se viralizó en redes sociales, provocando indignación pública. Este hecho pone de manifiesto la gravedad de la situación, considerando que una autoridad pública incurriera en una práctica ilegal que atenta contra los principios éticos y legales que debería representar.
Reacciones de la Alcaldesa y Acciones Posteriores
En respuesta a las acciones legales emprendidas por OSE, la alcaldesa presentó tres denuncias contra los funcionarios que llevaron a cabo el procedimiento. Las acusaciones incluyeron supuestos casos de acoso y difamación, dónde no se encontraron pruebas que sustentaran estas denuncias. Como única medida, se estableció la prohibición de contacto entre la alcaldesa y los funcionarios denunciados.
Sin embargo, lo más llamativo ocurrió al término de la audiencia judicial, cuando, según testigos, Ortoño habría solicitado a militantes opositores a su lista política contactos de fiscales para intentar acceder a las declaraciones realizadas por los funcionarios en su defensa. Este acto ha sido interpretado por muchos como una estrategia para intimidar o presionar a los trabajadores que simplemente cumplieron con su deber.
Contexto Económico y Moral
El caso resulta aún más controvertido al considerar el contexto económico de la alcaldesa. Con un salario elevado como autoridad municipal, el ingreso de su peluquería ubicada en una zona céntrica del balneario y un inquilino en una de las propiedades ubicadas en su terreno, es difícil comprender cómo alguien con tales recursos podría recurrir a una conexión clandestina de agua. Este acto no solo demuestra un comportamiento éticamente reprochable, sino también una falta de respeto hacia los contribuyentes y ciudadanos que pagan sus servicios de manera legítima.
Además, la propiedad donde se realizó la conexión ilegal cuenta con dos viviendas cuya titularidad es objeto de cuestionamientos. Esta situación aumenta las sospechas sobre otras posibles irregularidades en su gestión.
Aparte, esta no sería la única irregularidad atribuida a su gestión. Según información proporcionada por un funcionario municipal que prefiere mantenerse en el anonimato, Ortoño Ciccariello habría incurrido en múltiples abusos de poder, incluyendo:
• Brindar información privilegiada sobre terrenos baldíos: Facilitando ocupaciones irregulares de propiedades municipales.
• Mal uso de los recursos del municipio: Sin especificar detalles, se acusa la existencia de prácticas poco claras en la administración de bienes públicos.

Este caso refleja una preocupante falta de ética en el ejercicio de un cargo público y plantea serias interrogantes sobre la integridad de algunos representantes políticos. Más allá de las acciones legales emprendidas, este tipo de conductas deben ser motivo de reflexión tanto para los partidos políticos como para la ciudadanía, que confía en sus líderes para actuar con transparencia y responsabilidad.
La denuncia y las acciones emprendidas por los funcionarios de OSE no solo evidencian el cumplimiento de su deber, sino que también ponen de manifiesto la importancia de defender los recursos públicos y la justicia, incluso ante figuras de poder. La sociedad uruguaya merece representantes que estén a la altura de los valores que dicen defender.