El clientelismo político en la Comisión Administradora del Río Uruguay

Así como en el artículo sobre los casos de clientelismo en la CTM de Salto Grande, se concluye que el estatuto acordado bajo las dictaduras militares de Argentina y Uruguay, el Estatuto de la CARU, se firmó en Montevideo en noviembre de 1973, con la dictadura cívico militar uruguaya recién estrenada y la flamante firma, como ministro de Relaciones Internacionales, de Juan Carlos Blanco, de triste memoria.

Algunos de los artículos de los estatutos “blindan” de inmunidad a los funcionarios, acordes a las necesidades de los gobiernos dictatoriales que no necesitaban el visto bueno político.

Así lo establece en su artículo 52º: “La Comisión podrá constituir los órganos subsidiarios que estime necesarios. Funcionará en forma permanente y tendrá su correspondiente Secretaría”. Y lo vuelve a reafirmar en el artículo 54º: “La Comisión celebrará oportunamente, con ambas partes, los acuerdos conducentes a precisar los privilegios e inmunidades de los miembros y personal de la misma, reconocidos por la práctica internacional”.

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El organigrama del botín

La delegación uruguaya está integrada por su presidente, Mario Daniel Ayala Barrios; Miguel R. Feris Grassi, vicepresidente; Esc. María Eugenia Almirón Schulz, delegada; Ing. Agrim. Roberto Pérez Rodino, delegado; CN (R) Miguel Ángel de Ocampo Dimartino y Juan Carlos Martínez Rodríguez, al frente de las secretarías.

En total, unas 28 personas trabajan en la Comisión Administradora del Río Uruguay en la delegación uruguaya; la enorme mayoría son contratos eventuales y otros son contratos de asesoría.

En su esquema institucional cuenta con 5 comisiones (secretaría administrativa, secretaría técnica, Puente General Artigas, Puente Libertador General San Martín y el Comité Científico); las siguientes subcomisiones administrativas: Financiera y Administrativa, Presupuesto, Asuntos Jurídicos e Institucionales, Relaciones Externas y Difusión, Puentes, Asuntos Patrimoniales y Desarrollo de la Organización; y estas subcomisiones técnicas: Navegación, Obras y Erosión, Pesca y Otros Recursos Vivos y Calidad de Agua y Ambiente.

Ganancia de pescadores

La oportunidad de designar contratos eventuales y de asesoramiento fue una nueva chance para resolver los equilibrios políticos de puestos ofrecidos en la interna de la coalición multicolor.

De esta manera, el Partido Nacional colocó 15 funcionarios: Alianza Nacional (3), Lista 71 (4), Lista 404 (2), Lista 2020 (1); y se desconoce sector de 5 dentro de las huestes nacionalistas.

Por su parte, el Partido Colorado colocó 5 funcionarios vinculados al diputado sanducero Juan Carlos “Carlucho” Moreno Poggio, siendo 4 del sector Ciudadanos y uno más del que no se conoce públicamente el sector.

Cabildo Abierto colocó 4 funcionarios y el Partido Independiente 2.

El Frente Amplio no tiene presencia ni siquiera como representante de la oposición (recuérdese que la concepción viene de la época de la dictadura, aunque sí la oposición ha estado presente bajo otros gobiernos, incluidos los del Frente Amplio).

Estamos hablando de salarios que rondan entre los 1.800 y 10 mil dólares en el caso del presidente de la Delegación.

En la CARU se repite, como en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la situación de doble empleo público. Al momento se han detectado tres posibles casos de funcionarios con otro cargo público: Cancillería, Intendencia de Paysandú e Intendencia de Soriano.

Es el caso de un funcionario M.V. que trabaja en el Puente General Artigas y que fue sumariado en la Intendencia de Paysandú pero sigue perteneciendo a la misma.

El otro doble empleo es de C.S., que es chofer de la Delegación perteneciendo a Cancillería; y el último el de A.R.M., con contrato en la Intendencia de Soriano.

Otros contratos permiten costear las tareas políticas como, por ejemplo, el de R.V.L., que ejerce la secretaría del diputado colorado Carlucho Moreno y su otro secretario R.B.E del sector Ciudadanos sanduceros. Ingresó como eventual en 2022 y fue contratado en 2023.

Otros contratos como el de F.S., hija de un importante empresario sanducero y funcionaria del Banco Santander, no respetan el criterio de dar oportunidad laboral a quienes no poseen empleos bien remunerados. O contratos que parecen un premio, como al abogado J.M.U.C., que asesoró jurídicamente al presidente de la Delegación uruguaya en un asunto personal.

F.R., del sector de Alianza Nacional, tenía un contrato eventual y pasó a ser permanente como asesor de Mario Ayala, presidente de la CARU, con quién además comparte vínculos familiares.

Otro de los contratados es D.N., hermano de la diputada sanducera Nancy Núñez, del Partido Nacional.

Si bien no está regulada la incompatibilidad de cargos entre la función pública y la función en la CARU, es un tema para revisar y discutir su oportunidad.

Enigmas

El nacionalista Carlos Mata fue contratado en el 2020 con un sueldo de 5 mil dólares y era asesor legal de la CARU; en el 2023 “desapareció”, él y su contrato. Posee un cargo en Cancillería (Dir. Asuntos Limítrofes) y su sueldo va a otra u otras cuentas con otros nombres, seguramente para obviar que recibe dos salarios públicos. Previo a la interpelación fue nombrado como jefe de la Comisión de Hacienda ya que era supervisor o jefe de CTM y CARU.

Se denunció una posible irregularidad del llamado realizado en agosto del 2023 para “presupuestar” personal en la planilla permanente de la CARU. La idea que manejaban desde la CARU era poner en “planta permanente” a los contratados/eventuales.

En este sentido, pasaron muchos cargos que eran “eventuales” a la categoría de “contratados”, para que pudiera tener ventajas en el llamado (interno) realizado para 18 cargos (en distintas funciones). Al salir a la opinión pública el asunto de “Salto Grande” y generar repercusiones en la CARU (entre otros organismos), el llamado se encontró momentáneamente detenido.

Hay problemas en la flota vehicular. Cuando existiría necesidad de compra de maquinaria para cumplir con las funciones de la CARU, se compran 9 camionetas Volkswagen Tiguan, vehículos con chapa diplomática a los que se les da uso personal por parte de los delegados.

No hay una explicación comprensible de por qué, si para el sistema de peajes existe un nuevo software, no se usa (licitado en 2019 y adquirido en el 2020). Según comentarios de las fuentes, el mismo no se implementa por varias razones, resaltando el uso de los puestos de trabajo (25 por puente aprox.) para favorecer las contrataciones directas. Según nos informan, en caso de implementarse, los puestos de trabajo no se perderían, ya que existen necesidades de realizar otras tareas.